La jueza de flagrancia Andrea Patiño acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para la exalcaldesa de Durán, Alexandra A. P., y Erika M. M., por el presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, incitación a rebelión y discordia, con relación a las manifestaciones y paro de actividades en este cantón y en el país, desde el pasado 3 de octubre de 2019.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Multicompetente de Durán, el fiscal César Suárez Pilay presentó, como elementos de convicción, el parte de investigaciones elaborado por los agentes de la Policía Judicial, los informes de explotación y extracción de información de audio y video, junto a la cadena de custodia de dispositivos electrónicos incautados en la residencia de la exfuncionaria, y los informes de la inspección ocular técnica, así como las versiones de los agentes aprehensores.

Antecedentes
La madrugada del domingo 13 de octubre, Fiscalía ejecutó, junto a personal de la Policía Nacional, cuatro allanamientos en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, entre estos la vivienda de la exAlcaldesa y procedió a la incautación de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, que tendrían relación con el presunto hecho delictivo.

Además, se ejecutó la orden de detención girada por autoridad competente contra Alexandra A. P., por un presunto delito de asociación ilícita. En horas de la tarde del mismo día, también fue detenida la ciudadana Erika M. M., y trasladada ante la autoridad competente.

El pasado 10 de octubre de 2019 fue procesado el ciudadano Danny Gabriel M. N., exempleado municipal, por el delito de paralización de un servicio público, tras haber sido detenido en las manifestaciones que se realizaban por el cierre de la vía de acceso al Puente de la Unidad Nacional.

Este ciudadano, presuntamente habría mantenido conversaciones telefónicas y por mensajes de texto con otras personas, entre ellas las procesadas Alexandra A. P. y Erika M. M., en las que –aparentemente– le disponían planes de protestas callejeras, acciones a realizarse presuntamente con otras personas en este cantón.

La Fiscalía procesó a las dos ciudadanas con base en lo dispuesto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de asociación ilícita, sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (I)