Jueces en la mira por resoluciones dudosas
Alzira Benítez, jueza de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Cotopaxi, es una magistrada que está en la mira.
El pasado viernes aceptó la prelibertad para Jorge Zambrano, alias “Rasquiña”, líder de la banda “Los Choneros”, sentenciado por asesinato.
Su dictamen se conoció después de que la fiscal general Diana Salazar y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuestionaran a otros dos jueces por otorgar medidas sustitutivas a más de la mitad de 17 detenidos por la Fuerza de Tarea por los casos de corrupción en la emergencia sanitaria, entre ellos, el expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.
El nombre de Benítez sonó el 13 de abril de 2019, cuando desestimó la prisión preventiva contra Ricardo Patiño, canciller en el régimen de Rafael Correa, quien luego se fugó del país.
Ahora, la jueza sería la encargada de revisar el recurso de prelibertad del exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a 6 años de prisión.
Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Unidos por la Justicia, advirtió que en el sistema judicial todavía prevalecen jueces afines al correísmo.
Estos hechos no son nuevos y se reflejan en el “Informe Mesa de Verdad y Justicia”, que recopiló causas judiciales que favorecieron a autoridades de ese régimen.
Por ello, se identificaron 493 indicios de aludieron a violaciones al debido proceso.
La Mesa estableció 14 conclusiones. En una de ellas, se menciona que entre 2007 y 2017 “existió persecución política” y que el sistema judicial irrespetó los procesos.
Ese es el caso del juez Miguel Jurado Fabara, quien conoció las causas relacionadas con los hechos del 30-S.
Entre ellos, el de Fidel Araujo, del coronel Rolando Tapia, de la Central Radio Patrulla y de la incursión a las instalaciones de Ecuador TV.
También constan el juez Pablo Tinajero, quien tiene cuatro menciones en el informe. Él estuvo a cargo del denominado caso “Taski” que involucra a Ayerve, opositor del régimen de Correa. Además está el juez Patricio Secaira, quien también conoció el caso “Taski” y “Roura”.
Casos de corrupción
Sobre los casos de corrupción, el documento hace mención a la firma Técnica General de Construcciones.
El informe borrador de la Contraloría General determinó $ 4’241.000 de sobreprecio vinculados al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En ese juicio contencioso 17811-2013-14603 determinó que el juez ponente Jaime Enríquez, hoy miembro de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), lo exoneró del pago.
Lo que llama la atención no es que el sobreprecio fue vinculado a la ministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada a 8 años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, sino que además Técnica General de Construcciones aparece en los archivos del caso como aportantes de dinero a las campañas electorales de Alianza PAIS.
Otro caso detectado recuenta una trama de sobornos por parte de la compañía Caminosca que, supuestamente, habría dado $ 3,3 millones para Glas y para el legislador Esteban Albornoz.
Si bien el proceso no termina de dilucidarse y se estima un perjuicio de $ 150 millones, en esta causa aparece involucrado el juez Jaime Enríquez.
Persecución a los índigenas
Paúl Jácome, presidente de la Mesa concluyó en el documento, que en el correísmo “se criminalizaron las prácticas de justicia indígena”.
Señaló que las investigación detectó el caso de 23 autoridades indígenas de Cañar Alto, que fueron procesados por secuestro, daño al bien ajeno e incluso secuestro extorsivo.
El documento concluyó que en ese régimen los jueces sentenciaron a siete dirigentes. Uno de los magistrados fue José Sarmiento, presidente del Consejo de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar, quien no consideró los testimonios en los procesos realizados en contra de los indígenas.
Sumarios administrativos
En una entrevista radial, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), advirtió que el organismo -entre otras cosas- realiza la evaluación y selección de los servidores judiciales, pero bajo el respeto total a la independencia judicial.
El artículo 105 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que el CJ, como órgano disciplinario tiene atribuciones disciplinarias.
En esa línea, Maldonado, advirtió que en 2019 se destituyó a 80 operadores de justicia, entre ellos, 34 fueron jueces.
Además, 272 servidores entre administrativos y judiciales fueron sancionados. Para ello, se despacharon más de 560 expedientes.
Indicó que en el primer trimestre de 2020, antes de que se suspendieran los procesos administrativos por la pandemia, se destituyeron a 8 jueces, un agente fiscal y 2 defensores públicos. (I)
Óscar Ayerve, Aso. Víctimas 30-S
‘Justicia debe ser depurada’
Usted mencionó que aunque Rafael Correa dejó el poder, él aún controla el sistema de justicia ¿Por qué?
Durante 10 años que duró su régimen, Rafael Correa tuvo tiempo para crear una estructura que le permitió poner a los jueces aliados al correísmo.
A su criterio ¿cuál fue su principal aliado para cumplir ese objetivo?
Todo fue posible con el apoyo de Gustavo Jalkh, quien fue presidente de la Judicatura en ese régimen. A pretexto de un proceso de selección de jueces, se pusieron a los magistrados para favorecer al gobierno de aquella época.
¿Es necesario depurar el sistema de justicia?
El sistema jurisdiccional del país, puesto por Correa, sigue intacto. Ningún juez ha salido del sistema y ellos se mantienden obedientes. Es necesario depurarlo por el bien del país. (I)
