La Defensoría del Pueblo y el Consejo de la Judicatura (CJ) están a favor de las reformas al Código Integral Penal (COIP) sobre el aborto por ciertas causales.

La Asamblea continuó el 15 de enero con el primer debate de las reformas al COIP.  

Gina Benavides, defensora del Pueblo, y la vocal Zobeida Aragundi, del CJ,  presentaron el 15 de enero de 2019, las observaciones de estas entidades ante el pleno.

Benavides dijo que es necesario que se despenalice el aborto por violación e incesto, ya que los principales organismos de protección de derechos humanos, así como cinco comités internacionales de defensa de derechos, sugieren aprobarlo en esas causales.

A criterio de Benavides, el Estado tiene responsabilidades y  por ello debe responder sobre las recomendaciones internacionales. “Las leyes deben responder a las exigencias actuales”.

La funcionaria señaló que esta discusión se analiza hace muchos años y en los nuevos tiempos, deben plantearse los cambios necesarios.

La funcionaria recordó que el Estado tiene una petición ante el sistema internacional de derechos humanos, que fue ejecutada en 2006 por el caso de una adolescente de 16 años que fue violada por un inspector y se suicidó con diablillos.

“Estamos en un Estado laico, en donde no se debe legislar por prejuicios”, dijo.

De su lado, Aragundi afirmó que la violación es un problema sistémico y multicausal.

Afirmó que en el país se “viola a niños, adolescentes y mujeres todos los días”.

A su criterio, el Estado obliga a una mujer y a una niña a llevar a término un embarazo no deseado. “Esto es doble falla, en donde incluso se pone en riesgo su salud y su proyecto de vida”.

Aragundi contó el caso de una niña de 10 años, que fue violada por su padrastro.

La pequeña no entendía por qué le crecía la barriga y solo pedía que le sacaran del vientre aquello que le dolía. 

“La destrucción física y psicológica por una violación no puede ser impuesta por el Estado”, agregó la vocal del CJ (I)