El juez de Garantías Penales, Darwin Valencia, dictó prisión preventiva contra el exministro de Inclusión Económica y Social, José Iván E.M., y el representante de una clínica privada de Guayaquil, Diego Marcelo H.G.

La decisión del juez Valencia fue tomada al término de la audiencia de formulación de cargos realizada el viernes 27 de abril en la Unidad Judicial Penal Sur Valdivia, donde también dio paso al inicio de la instrucción fiscal que durará 90 días.

En la diligencia, que comenzó a las 10:50, Enry Bazurto, fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía de Guayas, formuló cargos por presunto peculado contra Inti Kory Q.B.; Óscar A.G.R., Julio Federico G.B., Allison Q.I., Antonio Álvaro R.D., Galo M.G., Homero Roberto A.R., Juan Pablo G.H., Wilson Ricardo Q.S., Marlene del Carmen R.Z., Luis Marcelo M.A., José Iván E.M. y Diego Marcelo H.G.

Contra los dos últimos mencionados, el fiscal pidió la prisión preventiva que fue acogida por el juez y para los otros 11 procesados solicitó las medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país y de presentarse una vez a la semana ante el juez competente.

El peculado, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es sancionado con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años.

No hubo cargos para Emma V.C., Raúl A.G. e Iván Rodrigo A.G., cuyos abogados abandonaron la sala.

El fiscal Bazurto explicó, ante el juez y los abogados de los imputados, que su decisión fue tomada tras un informe de la Contraloría General del Estado, donde se encontraron indicios de responsabilidad penal contra 15 funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el representante de la casa de salud privada.

Según Bazurto, el examen de la Contraloría abarcó el período 2012-2015, donde el seguro social y el sanatorio privado suscribieron tres contratos por $ 4’569.600 para prestaciones de servicios hospitalarios y no se tomó en consideración el tarifario del Ministerio de Salud Pública.

La Ab. Vanessa Zavala Fonseca, defensora del exministro, calificó de desproporcionada e ilegal la prisión preventiva contra su cliente, porque la Fiscalía no posee indicios de la participación de su cliente en peculado.

Zavala insistió en que su cliente, durante los siete días que estuvo a cargo de la Subdirección Nacional de Control del IESS, no autorizó ningún pago a las clínicas privadas por prestaciones médicas. (I)