A nivel nacional, la Unidad de Género de la Fiscalía recibió 1.780 casos de violaciones. Esta cifra es el compendio registrado en los primeros cuatro meses de 2018. De ellos, 106 se encuentran en instrucción fiscal y en cuatro hubo sentencias.   

Según la fiscal Mayra Soria, la mayoría de los agresores se encuentran en el entorno familiar de la víctima. El 80% de agresores son padres, tíos, primos, amigos. “La violencia sexual no mide límites, los agresores buscan a víctimas que tienen factores de vulnerabilidad, los casos no están enfocados en estratos sociales, pues el contexto de las víctimas es que están desprotegidas de algún modo”.  

Para la funcionaria, la cifra es un indicador de que las víctimas o sus familias no se quedan calladas y que se atreven a denunciar los casos. “Esto ha provocado que las estadísticas repunten”.

Consideró que no hay un incremento o disminución de este delito, pero sí existe mayor empoderamiento ante la justicia.

La fiscal Soria indicó que al mes reciben entre 40 a 50 casos de violencia de género lo cual es preocupante, puesto que solo en Pichincha, las 17 fiscalías atienden un número similar de denuncias.

En los últimos cuatro años, la Fiscalía registró 18.154 denuncias relacionadas con violación, en el mismo lapso se dictaron 923 sentencias condenatorias.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 171 señala que la pena por el delito de violación es de 19 a 26 años de privación de la libertad.

Margarita Carranco, activista de Derechos de las Mujeres, explica que el 5,08% de condenas por violación en cuatro años es el resultado  del interés del Estado en infraestructura para el sistema de justicia, más que en la especialización de los operadores de justicia.

“Los procesos de sensibilización son emergentes, no podemos tener jueces, fiscales y abogados machistas. El sistema de justicia debe entender que existen relaciones de poder que tienen que ser visibilizadas”, dijo Carranco.

El caso de Verónica incendió las redes sociales, durante la semana pasada, varios colectivos por los derechos de la mujer cuestionaron cómo jueces de lo penal dejaron libre a dos de los tres procesados por el presunto delito de violación.

Según Fiscalía, el 18 de febrero de 2017, Iván P.,  Byron Y. y  Erick M. invitaron a Verónica a un bar, ubicado en el centro norte de Quito. Ya en el lugar consumieron bebidas alcohólicas, horas después la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a una habitación, donde supuestamente fue violada.

En el parte policial se detalla que los involucrados presuntamente suministraron una sustancia a la bebida de la joven.

En la audiencia de juzgamiento, la fiscal de la Unidad de Género, Consuelo Tapia, indicó que los involucrados grabaron y tomaron fotos de la víctima mientras la violaban.

Tras un año del litigio, los jueces penales de Pichincha sobreseyeron a los imputados Ivan P. y  Byron Y., porque no encontraron elementos de convicción para convocarlos.

En la audiencia de juicio, que se efectuó el viernes pasado los jueces del Tribunal Penal declararon inocente al procesado Érick M.
El abogado de la víctima, Bolívar Puente, apelará el fallo del tribunal.

Para Mayra Tirira, abogada del colectivo Surkuna, la administración de justicia es patriarcal y no piensa en la víctima.

Señaló que el principal problema al tratar casos de violación son los elementos probatorios. “Los delitos sexuales ocurren en la clandestinidad, lo que significa que no tienen testigos directos que puedan evidenciar los hechos. Es prácticamente la palabra del agresor contra la de la víctima”.

Consideró que la administración de justicia no cuenta con suficiente equipo técnico para impulsar los procesos, lo que causa demora y las víctimas desisten de las demandas.

Tirira sostuvo que los tribunales no están sensibilizados con temas de género y con el manejo adecuado de las víctimas. “Los jueces penales no tienen una formación especializada”. (I)