La situación legal del expresidente de la República, Rafael C. y de 19 personas más procesadas por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016, se complica.

En el décimo tercer día de audiencia de juicio que se cumplió ayer, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al tribunal penal integrado por los jueces Iván León (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez, dicte sentencia contra 20 de los 21 procesados.

Para Jamil M. no emitió acusación porque las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia y dejó en libertad para que los jueces resuelvan. 

En una exposición de alrededor de tres horas, la Fiscal aseguró que ha cumplido con probar que en el caso Sobornos existió una organización delictiva que se formó desde las alta esferas del poder para pedir recursos a empresarios, a cambio de asegurarles contratos con el Estado.

Esos recursos estaban orientados a financiar la actividad política del gobierno de la Revolución Ciudadana y de su organización política Alianza PAIS.

Enfatizó en que en la parte alta de la organización estuvo ubicado siempre el expresidente Rafael C., de quien dijo tuvo todo el poder durante los 10 años que fue el presidente de la República. “Todo estaba organizado desde arriba”, manifestó.

En su alegato de cierre, o última intervención en el juicio, Salazar detalló la participación de cada uno de los 21 procesados.

La sentencia que pide
En la parte final de su exposición, por las pruebas encontradas y demostradas pidió al Tribunal imponga la máxima pena del delito de cohecho establecido en el Código Penal (seis años de cárcel), más un tercio (dos años más) para el expresidente Rafael C., en calidad de autor mediato.

La misma pena, pero como autores directos, para los 19 restantes: el exvicepresidente Jorge G.; los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D. y Walter S.; el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.; la exasesora presidencial Pamela M.; la exasistente presidencial Laura T.; la asambleísta Viviana B.; y el exlegislador Christian V.

De igual manera para los empresarios Alberto H., Bolívar S., Édgar S., Víctor F., Ramiro G., William Ph. C., Rafael Leonardo C., Teodoro C., Pedro V. y Mateo Ch.

No obstante, en los casos de Pamela M. y Laura T., por su cooperación eficaz que permitió el esclarecimiento del caso, la Fiscal solicitó a los jueces se aplique la reducción del 90 por ciento de la pena, por lo que de ser aceptado cumplirían una sentencia de ocho meses de cárcel.

Mientras que para el empresario Pedro V., Diana Salazar pidió un tercio de la sentencia por haber contribuido en el esclarecimiento del caso con su testimonio y pruebas de que se le exigió el pago de sobornos.

$ 1.130 millones de reparación
Pese a que la Fiscalía definió que la cantidad por el pago de sobornos, en efectivo y por medido del cruce de factura, alcanzaría los $ 7,6 millones, la Fiscal consideró que en la reparación integral para el Estado no solo debía incluirse esa cifra sino la cantidad de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción.

Por ello, propuso que se establezca como reparación integral la suma de $ 1.130’420.108,08.

Adicionalmente solicitó que se ofrezcan disculpas públicas y el extracto de la sentencia se publique en los portales de las ocho instituciones a las que pertenecían los procesados.

Para garantizar la restitución de los recursos, pidió que se mantenga la prohibición de enajenar de bienes y retención de fondos.

Y anunció que se iniciarán expedientes para investigar lavado de activos, enriquecimiento ilícito y peculado, que se derivarían de la investigación de sobornos.

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en una exposición de una hora, expuso su teoría del caso, similar a la de la Fiscalía y se sumó a la sentencia planteada por Salazar.

No obstante, indicó que como acusador particular y en defensa del Estado ecuatoriano, el monto de reparación integral solicitada por él es del triple de los sobornos recibidos ($ 7,6 millones), por lo que pidió $ 23’025.588.

Con lágrimas, Francisco Pesántez, tío y abogado de Jamil M., agradeció a la Fiscal por haberle liberado de culpa a su sobrino. “Esto demuestra que sí se hace justicia en el país”, dijo. (I)