Un total de 320 casos de femicidio se registran desde 2014 en el Ecuador.

El 10 de febrero de ese año, la Asamblea Nacional publicó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el Registro Oficial, que por primera vez tipifica este delito.

El artículo 141 de esa normativa define al femicidio como las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, cuyo resultado es la muerte de una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.

Este delito se sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Según la Fiscalía, hasta el pasado viernes 8 de febrero se registraron siete casos de femicidio en el país. El último se produjo el viernes, cuando fue asesinada Amely de Jesús Laje, de 48 años.

La mujer fue apuñalada por su esposo Miguel Adolfo Aguirre, de 60 años, en el sector de Pisulí, luego de una pelea. Tras cometer el delito, el hombre se apuñaló. Se perforó con el arma blanca el pulmón y permanece en el hospital Pablo Arturo Suárez, pero su estado es crítico.

El pasado 19 de enero también fue asesinada Diana Carolina, de 26 años en Ibarra.

Yordi Rafael L. le propinó más de cuatro puñaladas.

Esta semana, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea aprobará el informe del caso.

El asambleísta Hermuy Calle espera que en el mismo se evidencien las responsabilidades y omisiones, entre ellos de la Policía, en este asesinato.

Marlon Jácome, abogado de la familia de Diana, cree que hubo negligencias por parte de la policía. A su criterio, no se neutralizó al agresor de la joven, a pesar de que en dos ocasiones guardó su arma. Incluso el agresor dio dinero a una de las personas para que le comprara agua.

El proceso se encuentra en indagación  previa y concluye el 19 de febrero.

La Fiscalía tiene 316 casos   judicializados en fase procesal y estado procesal. De ellos, 91 causas están en investigación previa; 11, en instrucción fiscal; 17, en evaluatoria y preparatoria de juicio.

Mientras que 23 están en juicio; 17, en recurso de apelación y 4 en casación.

Del total de causas fiscales, 153 fueron resueltas (ver infografía).

El pasado 1 de febrero, el exsecretario de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño, creó la subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes.

Rocío Rosero está a cargo de esta entidad, que trabaja con equipos técnicos de promoción y protección de derechos para las víctimas.

El pasado 29 de enero, Rosero señaló a EL TELÉGRAFO  que trabaja junto con la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Ministerio de Finanzas para contar con $ 14 millones para la implementación de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. (I)