Datos oficiales confirman que de las 17 principales figuras de la Revolución Ciudadana, que son investigadas y otras procesadas por presuntos delitos y que están fuera del país, 11 han preferido la protección del gobierno de México.

Una de los más representativos de la RC, es el exministro Ricardo Patiño, quien dejó el Ecuador el 17 de abril. Viajó a Perú y de ahí a México, donde recibió asilo político en octubre de 2019.

El pasado 25 de noviembre se conoció que en agosto de 2019 México concedió refugio al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, quien inicialmente estuvo protegido en Bolivia.

En cuanto a la exlegisladora Sofía Espín, en octubre  de 2018 se refugió en Bolivia. Desde este 16 de noviembre está en México.
Ella estaba procesada por oferta para realizar tráfico de influencias, pero el caso se archivó la semana pasada. Uno de sus allegados que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que aún no se ha definido una fecha para su retorno al país.

Los restantes se refugiaron en la embajada de México en Quito el 14 de octubre pasado, luego de la movilización indígena. Se trata de la legisladora Gabriela Rivadeneira y su esposo, Luis Flores; la asambleísta Soledad Buendía y su esposo, el exvicepresidente del CPCCS, Edwin Jarrín; y el asambleísta Carlos Viteri y su esposa, la exvocal del CPCCS, Tania Pauker.

A ellos se suman el asambleísta alterno Luis Molina y el Procurador de la Prefectura de Pichincha, Leonidas Moreno. Excepto Rivadeneira, contra los otros siete no hay acciones legales.

El 14 de octubre el Gobierno mexicano confirmó que estas personas están bajo protección y resguardo.

El Canciller ecuatoriano, José Valencia, dijo estar sorprendido al saber que legisladores fueron acogidos cuando no tienen ningún requerimiento de la justicia.

El internacionalista Fernando Carranco asegura que México actúa bajo el principio internacional de concesión de asilo político, lo cual es normal. (I)