Versiones de los procesados, oficios institucionales, escritos, copias de facturas e información recabada de las computadoras intervenidas, son parte de los elementos de convicción que valoró la jueza nacional Daniella Camacho para llamar a juicio a 10 empresarios privados.

Dentro del caso de corrupción denominado Sobornos 2012-2016, se los acusa de haber entregado recursos, en efectivo o a través del cruce de facturas a cambio de asegurar la adjudicación de contratos con el Estado y los respectivos convenios de pago.

Ellos son: Alberto H. de la compañía Hidalgo & Hidalgo; Víctor F., Fopeca; Ramiro G. y Édgar R., Consermin S.A.; Pedro V., Equitesa S.A.; Bolívar S., Sanrib Corporation S.A. Además, William Ph. Grupo Azul; Rafael C., Metco Cía. Ltda.; Teodoro C., TGC S.A.; y Mateo Ch., SK Engineering & Constructions.

En el testimonio anticipado rendido a inicios de septiembre de 2019 por la exasistente presidencial y procesada en esta causa, Laura T., eran tres altos funcionarios del Gobierno anterior los encargados de gestionar los aportes o contribuciones de los empresarios.

Cada uno tenía una lista de empresas a las que se les habría solicitado los recursos. Pero no todas fueron procesadas, por lo que de las 17 empresas que mencionó Laura T., solamente nueve llegan a la fase de juicio.

La exasesora presidencial y también procesada en esta causa, Pamela M., en su testimonio anticipado rendido en septiembre pasado, dijo que el exvicepresidente Jorge G. era la persona que el presidente Rafael C., había delegado para la información de los registros de los aportes.

En estas condiciones recordó que Jorge G. le dijo a ella que “de la empresa Odebrecht me entregarían dinero las empresas Fopeca, Sanrib, Equitesa, SK, Azul e Hidalgo e Hidalgo”.

Además, “que para ello se contactaría conmigo el señor Manuel F., de Fopeca; Bolívar S., de Sanrib; Pedro V., de Equitesa; Mateo Ch., de SK; Alberto H., de Hidalgo & Hidalgo; y William Ph., de Azul”.

“Quiero manifestar que en un par de ocasiones el ingeniero Geraldo De Souza fue a dejar los dineros que habían indicado que entregaría. Lo hizo en compañía de quien dijo era su jefe, el señor José Santos”, relató.

Desde la Presidencia se dirigía

El procurador del Estado, Íñigo Salvador, en su calidad de acusador particular en este caso, dijo que la estructura delictiva fue diseñada, dirigida y utilizada desde la propia Presidencia de la República, usando sus instalaciones y recursos, con la intervención de funcionarios de rangos alto y medio.

Estos utilizaron cuatro dependencias del Estado para canalizar y administrar los sobornos: la Vicepresidencia de la República, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría Nacional del Agua Senagua. (I)