La situación de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, se complica, ya que el testimonio que dio ayer la testigo protegida Diana F., a la comisión multipartidista, fue contundente.

Posiblemente, eso lo presentía Bairon Valle, compañero de bancada de Espín y miembro del equipo investigador, quien trató de frenar esa versión, pero no lo consiguió.

Diana F. era una agente de la Policía de Inteligencia cuando Fernando Balda fue secuestrado en el 2012 y su testimonio implicó al expresidente Rafael Correa, como uno de los autores del delito. Por eso ella está detenida en el centro de rehabilitación de Chillogallo, donde también se la protege como testigo clave dentro de este juicio.

En su declaración a la Asamblea, Diana F. leyó un escrito en el cual anotó que el 24 de septiembre pasado, a las 08:30, fue llamada por la jefa de guías penitenciarios, quien la alertó de la visita de dos abogadas.

Ella caminó hasta la puerta y observó a dos mujeres a las que no conocía. Sostuvo que en ese momento se presentaron: primero lo hizo la abogada Yadira Cadena, parte del equipo de abogados de Correa, y luego Espín, quien le dijo que era asambleísta.

Según el ministro de Justicia, Paúl Granda, ese día las dos mujeres engañaron a los custodios del centro de detención para poder ingresar. Primero, supuestamente, dijeron a los policías que vigilan el cerco externo que iban al Departamento de Psicología, mientras que a los celadores del interior les manifestaron que eran abogadas de Diana F.

En ninguno de los registros apareció el nombre de la asambleísta Espín. La conversación de las dos mujeres con Diana F. duró 10 minutos.

La testigo protegida contó que la legisladora Espín y la abogada Cadena le pidieron que se retractara de la acusación contra el exmandatario a cambio de su ayuda legal y de un asilo en Bélgica e incluso dinero.

Diana F. recalcó que no aceptó esos ofrecimientos. Entonces lloró al recordar que desde el 2012 el expresidente Correa no hizo nada por ayudarla y ahora está detenida desde marzo.

Al testimonio de Diana F. acudieron también los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Pero la más afectada fue la propia Sofía Espín, quien dijo que Diana F. mintió. La legisladora aseguró que ella no tiene ni el poder político ni el dinero para ofrecerle prebendas a la detenida.

Espín aclaró que la indagación en su contra tiene vacíos legales. Uno es que no se respetó el debido proceso y que Fernando Callejas, de CREO, adelantó su criterio, aunque este punto ya fue rechazado por la comisión investigadora.

El otro es que no se puede comprobar que incumplió funciones, como lo señala el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tampoco hay base legal para destituirla, dijo la asambleísta. La comisión multipartidista que investiga a Sofía Espín tiene 10 días de plazo para presentar su informe al pleno de la Asamblea.

El presidente del equipo legislativo, Jimmy Candell, del Bloque de Integración Nacional (BIN), aseveró que ese período empezó a  correr desde el momento que se les notificó la conformación de la comisión. Por eso presentarán su trabajo final el próximo viernes y en ese documento habrá conclusiones.

Sin embargo, el informe no es vinculante y será el pleno de la Asamblea el que tome una decisión y vote a favor o en contra de ella. (I)