Los gritos desesperados de los jóvenes pidiendo ayuda mientras el fuego consumía una habitación de la vivienda donde estaban encerrados, resuenan en la mente de Andrea Vera.

Ella vive en la parte trasera de la casa ubicada en la manzana 345 de la cooperativa Proletarios con Tierra, del Guasmo Sur, donde funcionaba un centro de rehabilitación para adictos y que se incendió la noche del sábado 12 de octubre.

Vera fue testigo de cómo los pacientes clamaban por su vida, y eso la dejó sumida en un mar de nervios pues, dijo, conocía a varias de las 10 víctimas mortales que dejó el siniestro.

Desde la casa de la mujer se observan tres pequeñas ventanas con barrotes, a través de las cuales en ocasiones los jóvenes le arrojaban cartas para que ella las hiciera llegar a sus familiares.

Pero la noche del incendio, por ahí ella vio cómo salían las llamas y los muchachos sacaban sus manos suplicando que los salvaran.

“Ya estábamos durmiendo cuando escuchamos los gritos. Yo salí a dar aviso al barrio porque desde el frente de la casa no se veía nada. Los chicos gritaban y yo me sentía impotente”.

La emergencia fue reportada a las 23:20, informó el ECU 911 Samborondón. Acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Guayaquil (BCBG), Policía Nacional y Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Los miembros de la casaca roja rompieron la puerta y sofocaron las llamas, que contaminaron la habitación. En el lugar fueron hallados los cuerpos sin vida de 10 personas, cuatro de las cuales estaban sin identificar.

La Policía detuvo a dos ciudadanos, como responsables del lugar. La Fiscalía procesó por el delito de homicidio culposo, a Cristóbal Colón D. B., y a Nelson Francisco P. M., presuntamente encargados de las llaves de acceso a un inmueble en el que funcionaba la clínica.

Entre los elementos de convicción presentados en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la tarde del domingo último, constan la denuncia de un familiar de uno de los occisos, las versiones de los agentes aprehensores y de deudos, los partes policiales de detención y los informes de levantamiento de cadáveres por parte de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased). 

El juez de Garantías Penales Edgar Macías acogió el pedido del fiscal de Flagrancia, Joffre González Mora, y dictó el encarcelamiento preventivo de los dos sospechosos, “por cuanto los indicios del delito son consistentes en relación a los ahora procesados”.

Al sitio llegó personal del Municipio de Guayaquil para inspeccionar la edificación. Además, una brigada del Ministerio de Salud Pública (MSP) acudió para brindar ayuda sicológica y médica a vecinos y familiares de las víctimas. Andrea Vera tuvo que ser asistida debido a sus nervios tras la experiencia.

Las autoridades investigan si el centro de rehabilitación tenía los permisos de ley para funcionar. (I)