Tras 11 años y tres meses, y $ 1.531 millones gastados, el proyecto de construcción de la Refinería del Pacífico se encuentra inconcluso, paralizado y sin financiamiento.

El 7 de enero de 2008, Petroecuador y la petrolera venezolana PDVSA firmaron el memorando de entendimiento para crear la compañía de economía mixta Refinería del Pacífico RDP.

Como testigos de honor suscribieron los entonces presidentes de Ecuador y Venezuela, Rafael Correa y Hugo Chávez.

El objetivo era construir en la comunidad El Aromo, en la provincia de Manabí, el complejo petroquímico para procesar o refinar 300.000 barriles de petróleo por día y producir gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, jet fuel y productos petroquímicos para consumo interno y de exportación.

En esa época, el Gobierno Nacional estimó que el costo del complejo alcanzaría los $ 14.100 millones.

Según el acuerdo, a Petroecuador se le asignó el 51% de acciones y a PDVSA el 49%. El objetivo era encontrar un tercer inversionista.

Para el entonces ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, Jorge Glas, ese tercer socio, constructor y financista, sería la petrolera CNPC y el banco ICBC de China.

El tiempo ha transcurrido sin que hasta la fecha se haya  conseguido financiamiento.

Lo que se tiene al momento, de este ambicioso proyecto,  es solo un extenso terreno aplanado en El Aromo, obras tempranas y el acueducto La Esperanza.

Además un cuestionado manejo gerencial, fuertes indicios de corrupción y dos denuncias formalizadas.

Denuncias no prosperaron
Pese a que ya fueron detectadas irregularidades, durante el Gobierno anterior no prosperaron las denuncias ni las investigaciones.

Jorge Rodríguez, vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción, recordó que en febrero de 2016 presentaron una denuncia ante el fiscal general, Galo Chiriboga, por supuestas irregularidades en la adquisición del terreno de la Refinería del Pacífico.

En junio del mismo año, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió el archivo de la denuncia y el juez Marco Maldonado la calificó como “maliciosa y temeraria”.

En abril de 2017, la jueza Karen Matamoros declaró culpables por el delito de “calumnias” a los nueve miembros de la Comisión. El agraviado era el contralor Carlos Pólit, quien al conocer el fallo “renunció a la querella”.

A su vez, la Contraloría General del Estado, según su página web, registra la realización de 14 auditorías a la Refinería del Pacífico, entre enero de 2008 y diciembre de 2015.

Se trata de exámenes realizados a pequeñas obras complementarias y una sobre la adquisición de los terrenos, pero no hace mayores reparos ni observaciones.

Según un funcionario de la Contraloría que pidió no revelar su nombre, esto es comprensible, porque en esa época el contralor era el hoy prófugo Carlos Pólit.

Ante esta situación, el pasado 4 de enero, el Gobierno actual, a través del ministro de Energía, Carlos Pérez, acudió a la Fiscalía y luego a la Contraloría para presentar una denuncia formal.

Esta tiene como base la evaluación técnica y económica realizada por la empresa RPS Energy, firma del Reino Unido avalada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Halló sobreprecios y concluyó que no resolvía las necesidades de Ecuador. Según el informe, fue un error construir las obras tempranas sin asegurar el financiamiento.

Pérez pidió al organismo de control que analice toda la información y tome las acciones que juzgue pertinentes.

Un mes más tarde, el 11 de febrero, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio,  Julio César Trujillo, entregó en la Fiscalía General, una denuncia similar contenida en 2.099 fojas.

Marcela Estrella, secretaria técnica de Transparencia del Consejo Transitorio, cree que en este caso no se ha cometido un solo delito, sino un concurso de delitos.

Para ella se ha detectado tráfico de influencias, evasión tributaria, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado.

Trujillo calificó al caso Refinería del Pacífico, como “el más grande atraco a la economía del país consumado en el gobierno de Rafael Correa”.

Los denunciados
Junto con la denuncia, el CPCCST solicitó a la Fiscalía  la vinculación del expresidente Rafael Correa en la investigación por el abuso de recursos públicos y el favorecimiento para la realización de negocios con el Estado.

De la misma manera al exvicepresidente Jorge Glas, por la presunción de que, en su calidad de coordinador de los sectores estratégicos, habría conocido y estaría involucrado en la malversación de fondos públicos.

Además, pidió vincular a Carlos Pólit, entonces Contralor General del Estado, por no dar paso  y evitar los mecanismos de control posterior.

De la misma forma, solicitó investigar el grado de participación del exministro Wilson Pastor y Pabel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación.

También a exgerentes  de Petroecuador, Refinería del Pacífico, SK, Odebrecht, Caminosca, Worley Parsons, Verdú, entre otras empresas. (I)