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Audiencia preparatoria de juicio por el caso Singue se instala

En la diligencia de hoy, la fiscal general, Diana Salazar (centro) presentará y sustentará su dictamen en contra de los 15 procesados.
En la diligencia de hoy, la fiscal general, Diana Salazar (centro) presentará y sustentará su dictamen en contra de los 15 procesados.
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Para las 09:00 de este lunes 23 de septiembre de 2019, al octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) están citadas las partes procesales de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

Ante la convocatoria del juez nacional Iván Saquicela, esta diligencia debía cumplirse el pasado 12 de septiembre, pero por causas de salud de Harrison Salcedo, abogado del expresidente Jorge G., el magistrado la difirió para este lunes.

Según la fiscal general, Diana Salazar, luego de las investigaciones hay indicios de irregularidades en la negociación para la entrega del bloque petrolero Singue al consorcio DGC, lo cual habría causado un perjuicio de $ 28.4 millones al Estado.

Entre los presuntos responsables del delito en este caso se encuentran el exvicepresidente Jorge G.; el exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y. (Capaya), y el exministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson P.

También están los exfuncionarios públicos Lorena E., Julio C., Milton J., José B., Alfredo H., René D. y Aníbal C., y constan además Juan S., Humberto A., César G., Gustavo D. y Silvia P.

En la audiencia de formulación de cargos del 13 de marzo, el juez Saquicela ordenó prisión preventiva para Jorge G. y Carlos P. Y.; para el resto, otras medidas cautelares como la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad judicial.

Además se ordenó la retención de cuentas bancarias que posean y la prohibición de enajenar bienes.

Harrison Salcedo, abogado de Jorge G., indicó que no es necesaria la medida solicitada para su defendido, debido a que ya se encuentra detenido por otro caso, además insistió en la inocencia de su cliente.

Esta indagación se desprende de un informe con indicios de responsabilidad penal realizado por la Contraloría General del Estado.

Ahí se determinó también que la tarifa del barril de petróleo en este contrato se estableció en $ 33,50 sin tomar en cuenta el 100% de las reservas y que el precio debió ser de $ 32,45. (I) 

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