Los padres de Diana Carolina  R.R. piden justicia. La joven fue asesinada la noche del sábado 19 de enero en Ibarra. Justo el domingo 20 cumplía 26 años.

Más de 10 policías que se encontraron en el lugar no pudieron neutralizar a Yordi Rafael L., de 22 años y nacionalidad venezolana.

El hombre tomó como rehén a Diana. Según testigos, la sacó cerca de las 21:30 del negocio de comida rápida en donde ella trabajaba, en la calle Bolívar y Grijalva. 

De acuerdo con los relatos, al salir de inmediato la amenazó con un cuchillo de cocina y le sujetó del cuello.

Yordi Rafael L. trabajó hasta diciembre en ese local de comida y, según amigos de la pareja, le pedía a ella que renuncie. La noche del crimen, teniéndola como rehén, recorrieron más de 10 cuadras durante 90 minutos, hasta el fatal desenlace.

Yordi Rafael L. pedía que lo dejaran subir a un taxi para tomar un bus hacia Quito. Los policías lo acorralaron y el agresor mató a Diana.

Le propinó más de siete puñaladas en brazos y torso, dijeron los testigos. Dos de las heridas, según el informe médico legal, fueron letales ya que comprometieron el pulmón.

La joven falleció en el hospital San Vicente de Paúl. Al mediodía del domingo 20 de enero llegaron los padres de la víctima, quien era oriunda de Natabuela (Imbabura).

Germán Ramírez, padre de Diana, no conocía al agresor pero señaló que las hermanas de la joven le contaron de ataques anteriores.

Ramírez supo de la agresión a su hija por uno de los hermanos de Diana, que es taxista. Quiso ayudarla, “pero la Policía no me dejó acercarme a la zona y ahora está muerta”, dijo.

Diana era la segunda de cuatro hermanos. Una capilla ardiente fue instalada en la sala de la Sociedad de Artesanos, en Ibarra.

Ella deja en la orfandad a dos niños de 3 y 5 años. Tenía 12 semanas de embarazo, al parecer de su agresor.

Yordi Rafael L. fue golpeado por la multitud. En el Comando de la Subzona de Imbabura se realizó la audiencia de formulación de cargos.

El detenido estará en prisión preventiva por 30 días, tiempo que durará la instrucción fiscal. La audiencia de formulación de cargos se realizó de manera reservada por tratarse de un delito contra la mujer y la familia.

La fiscal (e) Ruth Palacios solicitará a la autoridad judicial una sanción implacable al presunto responsable, “y obtener el máximo de la pena considerando agravantes por el delito de femicidio”, dijo.

Las autoridades investigan el caso por el delito de femicidio, que, según el Código Orgánico Penal, tiene una pena de 22 a 26 años.

El ciudadano fue trasladado a la cárcel de Latacunga con resguardo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Compra de armas no letales

La ministra del Interior, María Paula Romo, se reunió con las autoridades provinciales en la Unidad de Policía Comunitaria de Atuntaqui.

En la red social Twitter, Romo anunció la salida de la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, así como del jefe de Policía. Los nombres de los reemplazos se conocerán en esta semana.

Personal del GIR, GOE y de la Unidad de Mantenimiento del Orden, permanecerá en el lugar para custodiar la seguridad ciudadana.

Romo anunció la compra de armamento no letal. A su criterio, casos como los de Diana “no pueden pasar de la palabra a la pistola, se necesita armamento no letal. Esperamos realizar la adquisición lo más pronto”.

La funcionaria recordó que Imbabura es la única provincia en donde hay un policía privado de la libertad “por utilizar la fuerza”.

Se refiere a David V, quien está procesado por el asesinato de Andrés Delgado, de 24 años, en Mascarilla, el 24 de agosto del año pasado.

La ministra del Interior dijo que Imbabura es un foco de ilegalidad y violencia relacionada a la minería ilegal.

Recordó que hace tres días se desarrolló un operativo con ocho allanamientos y se detuvo a 24 personas.

Sin embargo, según Romo,  la jueza que estaba a cargo de la causa liberó inmediatamente a los detenidos.

 “Resulta increíble esta decisión”, dijo, y por ello preparan una queja por esta acción de la Función Judicial.

El comandante de la Policía, Nelson Villegas, afirmó  que se realizará la investigación administrativa interna de los miembros policiales que intervinieron en el operativo del sábado en Ibarra.

Villegas anunció que los oficiales superiores que están a cargo de la subzona (Imbabura), serán trasladados a otro comando.

Brigadas de control de ilegales
El presidente Lenín Moreno anunció la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles

Moreno, quien se encuentra en Suiza, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno analiza la creación de un permiso especial de ingreso al Ecuador.

“Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, dijo el Jefe de Estado.

Daniel José Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador,  rechazó las acciones de individuos en contra de la vida.

Este criterio fue compartido por Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Ciudadanos Venezolanos en el Ecuador, quien repudió el accionar de su compatriota, “son hechos abominables, pero no se puede generalizar”. (I)