Pedro Alvarado, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), abandonó el aula de clases al igual que sus compañeros, porque las autoridades académicas recibieron una amenaza de bomba.

Personal administrativo, docentes y estudiantes de las facultades de la EPN fueron evacuados y se concentraron en los alrededores del establecimiento de educación superior, ubicado en el centro de Quito.

En menos de 15 minutos arribó a la Politécnica un escuadrón antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional. Los agentes especializados, con sus canes, revisaron aulas, laboratorios, oficinas, baños y demás instalaciones, para descartar la amenaza. Al final fue una falsa alarma.

En los primeros cuatro meses de este año la capital ha sido blanco de falsas amenazas de bomba. Según el GIR, 18 alertas de este tipo se registraron. Por esta situación pasaron instituciones gubernamentales como la Asamblea, Cancillería, Ministerio del Interior y centros de Salud; también planteles educativos, complejos judiciales y la terminal de buses Quitumbe.

Guayaquil es otra de las metrópolis escogidas por personas inescrupulosas que atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía. La última falsa alerta se suscitó en el colegio Guayaquil, con la que se contabilizaron 15.

44 amenazas
Nueve amenazas resultaron ciertas, siete de ellas en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, las dos restantes fueron en el Municipio de Cotacachi, Imbabura y Napo; 35 eran falsas, en total 44 alertas de bombas se registraron en el país de enero al 23 de abril de 2018.

Cuando se presenta una alerta de bomba, el ECU-911 la comunica a la central policial para que de inmediato el equipo antiexplosivos de la unidad élite se traslade al lugar que se registra la amenaza, explicó el capitán Christian Suárez, oficial operativo del GIR.

Dos técnicos y dos guías con sus respectivos canes especializados realizan la verificación, que incluye toma de rayos X, fotografías y visualización del paquete sospechoso, indicó.

Los especialistas intervienen y neutralizan el aparato con diferentes técnicas, entre ellas se pone una contra-carga, se ataca la fuente de poder, se abren los paquetes o se desactivan.

Una vez que terminan el proceso recogen las pruebas y todo tipo de indicios para determinar qué material se utilizó y se realiza un análisis completo posexplosión.

Mencionó que los explosivos pueden encontrarse en distintos contenedores, como cajas, radios, etc.   

Pero, en algunas situaciones se determina que fue una falsa alarma, notificada por una persona con el objetivo de interrumpir las labores o tareas. Esas motivaciones pueden ser económicas, religiosas y políticas o para beneficio propio, dijo.

Según Suárez, las amenazas en las instituciones educativas son para salir temprano o no dar exámenes. Pero en los edificios gubernamentales se generan para causar alerta y conmoción.

Aunque el oficial desconoce el valor que significa la movilización de un equipo antiexplosivo del GIR a una falsa alarma, dijo que solo el traje cuesta $ 90.000.

Pero, aseguró que el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con “pena privativa de libertad de 15 a 30 días a la  persona que de manera indebida use el número único de atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia y que implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia”.   

Las investigaciones de oficio
La Fiscalía inició de oficio la investigación de las falsas amenazas de bomba registradas en el país.

Fabián Salazar, fiscal provincial de Pichincha, delegó a un agente fiscal para que realice una indagación en el caso de amenazas.
Indicó que las alertas de bombas son investigadas porque es un acto terrorista.

Y los delitos en los cuales incurrirían los presuntos responsables de estos hechos serían alarma social y terrorismo.

Según el artículo 366 del COIP, “la persona que individualmente mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años”.

Para el experto en seguridad Ricardo Camacho, las falsas alertas de bombas responden al contexto que se vive en la frontera norte.

Señaló que se deben analizar las llamadas que realizan personas con el fin de fastidiar a la ciudadanía y aquellas que están relacionadas con ciudadanos que pertenecen a bandas delictivas.

Sugirió que el Estado cambie los protocolos de actuación con respecto a bombas. Esto afecta el desarrollo del Estado. (I)