Una alerta sobre un presunto artefacto explosivo movilizó el miércoles 2 de mayo a personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hasta la Unidad Educativa 17 de Julio de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura.

Ante la presunta amenaza, estudiantes y docentes fueron evacuados de las instalaciones del plantel y puestos a buen recaudo. Luego de un barrido realizado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), con ayuda de canes y medios tecnológicos, se descartó la presencia de una bomba y los ciudadanos retomaron sus actividades.

#Imbabura| #FFAA brindan seguridad a las instalaciones de la Unidad Educativa 17 de Julio, ante presunta amenaza de bomba en las instalaciones, el personal de estudiantes y docentes fueron evacuados a y puestos a buen recaudo.#EcuadorPaisDePaz #SoySoldadoEcuatoriano pic.twitter.com/lJ3wVULde5

— FFAA ECUADOR (@FFAAECUADOR) May 2, 2018

No obstante, la Policía informó que el responsable de la llamada telefónica para dar la alerta falsa fue detenido. La aprehensión se produjo en menos de una hora y el infractor fue identificado como E.V.M.G. y sometido a una audiencia de flagrancia.

Las autoridades llevan adelante la campaña #EstoNoEsUnJuego para concienciar sobre el buen uso del número de emergencia 911. La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel y el comandante de Policía de la Zona 1, Juan Jaramillo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que se abstengan de realizar este tipo de llamadas que provocan conmoción social. 

#Ibarra | "Felicitar la labor de @PoliciaEcuador por su inmediata actuación y tema operativo táctico con sus grupos especializados. Hacemos un llamado a la ciudadanía, no vamos a permitir ni dejar en la impunidad este tipo de hechos que causan zozobra en el país" @MarisolPenafiel pic.twitter.com/m4byLr9T8h

— Gobernación Imbabura (@goberimbabura) May 3, 2018

El miércoles 2 de mayo, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito; y en los colegios Delfos, Ecomundo y Francisco Campos Coello, ubicados en el norte de Guayaquil, también se registraron falsas alertas de bombas.

Los agentes de Inteligencia de la Policía que acudieron al colegio Francisco Campos Coello aislaron a dos estudiantes. No es la primera vez, puesto que el 25 de abril también se identificó a un estudiante de un colegio de Quito que hizo una llamada falsa.

Ese día, más temprano, el consejero de Gobierno, Juan Sebastián Roldán, se refirió a 51 llamadas de amenaza de bomba que resultaron fraudulentas. Advirtió que "quien haga una amenaza se va a ir a la cárcel", pues están en juego vidas. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en sus artículo 366, sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, el acto de provocar o mantener en estado de terror a la población o a un sector de ella.

De igual manera en su artículo 396 sanciona con 15 a 30 días de cárcel a aquellas personas que de manera indebida realicen uso del número de emergencia para dar un aviso falso y que implique el desplazamiento innecesario de recursos de las instituciones de emergencia.

La Policía Nacional advirtió que continuará con la investigación de todas las llamadas que alerten de manera innecesaria a los organismos de respuesta, pues cuenta con unidades especializadas para su rastreo y localización. (I)