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Los líderes de las organizaciones delictivas fueron condenados a cadena perpetua

El maxiproceso contra la mafia italiana desembocó en el asesinato de tres jueces

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El 27 de mayo de 2013 fue un día histórico en Palermo. Por primera vez se sentaron en el mismo banquillo de los acusados de un tribunal para su juzgamiento la cúpula de la Cosa Nostra de la década del 90, el sanguinario clan de los Corleoneses de Totó Riína, y altos funcionarios del Estado de aquella época.

Era un secreto a voces en la península italiana, que el sanguinario clan de los Corleoneses, con Totó Riína como líder, y los funcionarios estatales de aquella época habían establecido acuerdos fuera de la ley.

Esas gestiones ocultas tuvieron luz en el proceso penal que se inició en Palermo, que juntó a los funcionarios italianos con los líderes de la Cosa Nostra, organización criminal de corte familiar con rangos y que tiene sus orígenes hace aproximadamente 150 años en la isla de Sicilia.

Doce personas fueron acusadas de la ‘trattativa’, una negociación en medio de una terrible guerra contra el Estado emprendida por la mafia que comenzó en 1992 y duró hasta 1994.

‘Maxiproceso’ de 1987

El inicio de este nuevo caso tuvo su origen en 1983, cuando un grupo de magistrados italianos, presidido por el juez Rocco Chinnici, empezó una investigación sobre los crímenes de la mafia italiana.

En julio de ese año fue asesinado el juez Chinnici, pero la investigación continuó hasta que el 10 de febrero de 1986 se inició el ‘Maxiproceso’, en el que llamaron a juicio a 475 acusados, 119 de ellos fueron juzgados en ausencia. Los cargos atribuidos a los imputados incluían 120 asesinatos, narcotráfico, extorsión y asociación mafiosa.

El 16 de diciembre de 1987 finalizó la prueba del ‘Maxiproceso’ y formalizó la existencia de la asociación de tipo mafioso criminal en Italia. Al final, de los 475 acusados, 360 fueron condenas, incluyendo 19 cadenas perpetuas; 114 absoluciones, 2.665 años acumulados de prisión para los sentenciados.

Tras la sentencia histórica se presentaron recursos de apelación y casación con los que algunos obtuvieron la libertad. El juez Giovanni Falcone frenó esas liberaciones y volvió a encerrarlos en la cárcel.

Falcone pidió recursos adicionales para continuar la lucha contra la mafia, pero no tuvo respuesta. Por eso, el 30 de julio de 1988, el juez envió al Consejo Superior de la Judicatura una carta en la que expresa su disgusto por la laxitud de la policía y las autoridades políticas y solicitó el traslado a otra región.

El juez Falcone se convirtió en un héroe y un símbolo en Italia, a pesar de que algunas de las figuras políticas de la época trataron de desacreditarlo. También pasó a ser el enemigo número 1 de la Cosa Nostra que lo declaró su principal objetivo.

Asesinatos de jueces y políticos

Bajo una fuerte amenaza de ataque, y abandonado por el Gobierno, Falcone se vio obligado a vivir durante las 24 horas acompañado de una gran escolta. Durante el ‘Maxiproceso’ no menos de 70 hombres se encargaban de su seguridad.

Sin embargo, el juez Falcone, cazador de mafiosos, fue asesinado por la Cosa Nostra el 23 de mayo de 1992 en Capaci, cerca de Palermo, junto con su esposa Francesca Movillo y tres guardaespaldas en un atentado con una bomba cargada con 500 kilos de dinamita.

Su sucesor, el juez Paolo Borsellino, y 5 miembros de su escolta, murió el 19 de julio de 1992 cuando se dirigía al hogar de su madre. Un Fiat 126 estacionado frente a la vivienda, y cargado con aproximadamente 100 kg de trinitrotolueno, explotó. Solo hubo un sobreviviente. Las muertes de ambos jueces fueron el punto de partida de una lucha enérgica contra el crimen organizado.

Previamente a estos sucesos, en marzo de 1992 fue asesinado el democristiano Salvo Lima, político de referencia de la mafia en Sicilia y brazo derecho de Giulio Andreotti, presidente del Consejo de Ministros en Italia de varios gobiernos.

Reacción de mafiosos y acuerdo

La Cosa Nostra reaccionó así a la sentencia del histórico ‘Maxiproceso’ del juez Falcone, quien por primera vez logró condenar a decenas de mafiosos. La mafia sintió que sus cómplices políticos habían fallado, por no impedir las sentencias, y muchos se sintieron condenados.

Ante esta serie de atentados y crímenes se inició un diálogo entre funcionarios estatales y miembros de la mafia. Este acto fue llamado la ‘trattativa’, un diálogo oculto y un acuerdo ilegal, entre otras acciones criminales, para frenar la violencia que se extendió a Florencia y Roma.

La mafia pedía fin de acciones impulsadas desde las instituciones judiciales y exigían concesiones, que efectivamente lograron, como la mejora del duro régimen penitenciario, el cierre de las prisiones de alta seguridad y la revisión de la Ley de ‘Arrepentidos’.

Las negociaciones de la mafia incluían tratos con policías y funcionarios políticos y desde 1994 los sucesivos gobiernos de izquierda y derecha fueron aligerando las leyes contra las organizaciones criminales.

Revelación de acuerdo y juicio

Totó Riína, preso, descuidó su lengua y reveló a dos guardias el trato hecho con autoridades italianas. De ahí el proceso al que fueron llamados 176 testigos, entre exministros y exjefes de Estado, estuvo el expresidente de Italia, Giorgio Napolitano, a quien un asesor, Loris D’Ambrosio, refirió en 2012 como partícipe de “acuerdos indecibles”.

En uno de los aspectos polémicos del proceso, D’Ambrosio recibió numerosas llamadas de uno de los imputados, el exministro de Interior, Nicola Mancino, quien pedía que le dieran una mano frenando el accionar de los magistrados. D’Ambrosio, de 64 años, no soportó la presión y murió de un infarto.

El juicio siguió con extraños giros, como el caso de Giovanni Brusca, quien confesó haber accionado el control remoto de la bomba que mató a Falcone y, que desde entonces, se convirtió en informante y colaborador de la policía, lo cual lo libró de ser castigado, no fue a prisión.

Riína, jefe de los Corleones, fue considerado como el responsable de los 2 atentados y en el de Borsellino, también fue culpado directamente Bernardo Provenzano, detenido el 11 de abril de 2006. Finalmente, el veredicto estableció condenas de cadena perpetua a los responsables de los atentados. Salvatore Toto Riína, el capo de los capos, y otros 23 jefes mafiosos deben pasar lo que queda de sus vidas entre rejas. (I)

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