En la impunidad quedaron tres años de hostigamiento y amenazas contra Leidy Vélez, cabo segundo de la Policía Nacional, por parte de sus propios compañeros. Situación que no paró pese a que el caso llegó a la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Este organismo emitió una resolución confirmando el auto de sobreseimiento definitivo a favor de los policías agresores, es decir, los liberaron de toda culpa.

Una semana después del 24 de enero de 2011, cuando la Sala emitió la resolución, Leidy encontró en el garaje de su casa una muñeca de trapo, con una bala incrustada en su cabeza y manchada de rojo. En la pared exterior de su casa había un río de pintura que alcanzaba hasta la vereda. La puerta del garaje también estaba manchada. Una amenaza de muerte que impactó en su familia y vecinos.

Todo empezó cuando personal del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), allanaron el lugar de residencia de la cabo segundo de Policía, Leidy Vélez el 18 octubre de 2007. Querían capturar a su hermano, un “supuesto delincuente”, que según los policías se escondía en la casa de Veléz. Nunca lo encontraron allí.

“Llegaron a las 4 de la mañana a romperme la puerta. Me asusté muchísimo, mi hijo era bebé en ese entonces.  Revisaron la casa, rompieron mis cosas, buscaron hasta bajo el colchón de mi hijo. Pero mi hermano no estaba en mi casa”, cuenta Vélez. 

Entonces se llevaron preso a su esposo y luego de 32 horas de estar detenido ilegalmente, emitieron una orden por 24 horas. Pasó preso siete días, lo que le generó antecedentes en su record policial.

Ella denunció el hecho al mayor Diego Erazo, quien era jefe del GAO en esa época y a siete altos mandos de estos dos grupos policiales. La denuncia fue por abuso de autoridad, violación de domicilio, detención ilegal de su conviviente, insubordinación y falta contra la fe policial.  

A partir de allí Leidy y su familia recibieron amenazas de muerte. El hermano de Vélez, quien fue sobreseído de los cargos que se le imputaban, fue hallado muerto, dos años después, en Manta. La familia acusó a los ex integrantes de los grupos GAO de Manta y Pichincha como responsables del asesinato, pues en reiteradas ocasiones recibió amenazas de muerte.  

Los agresores de Vélez fueron liberados de toda culpa por contradicciones del sistema judicia. El proceso se inició en jurisdicción policial y una vez que entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial, en marzo del 2009, se dispuso que todos esos procesos pasen a la justicia ordinaria. A pesar de ello, una disposición transitoria estableció que estos continúen conforme a la legislación en la cual estaban tratándose, es decir, que el proceso de Vélez debía seguir de acuerdo a los principios del Código de Procedimiento Penal-Policial.

Sin embargo, el fiscal Pablo Coello  tramitó la causa en base al Código del Procedimiento Penal Común y  finalmente  los agresores quedaron libres de toda culpa.

A pesar de ello, Vélez no se ha dejado derrotar  y aunque su familia le pide que ya “deje” el caso, no puede hacerlo. “Al denunciarles de cierta forma los paré.  Si me matan, me matan; pero muero por decisión, buscando justicia”, afirma.