La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado ecuatoriano por el despido arbitrario, por parte del Congreso Nacional, de ocho jueces del desaparecido Tribunal Constitucional, lo que ocurrió el 25 de noviembre de 2004 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Los demandantes fueron Enrique Herrería Bonnet, Oswaldo Cevallos, Miguel Camba Campos, Manuel Jaramillo Córdova, Jaime Manuel Nogales, Luis Rojas, Mauro Terán y Simón Zabala Guzmán.

El caso tiene relación con el proceso que presentaron los 27 jueces de la Corte Suprema de Justicia cesados en diciembre por el Congreso para reemplazarlos con la “Pichicorte”.

En el caso de los jueces de la Corte Suprema, son 60.000 dólares para cada uno. Igual cifra recibirán los magistrados del Tribunal Constitucional. En ambos casos debe pagarse la indemnización en el plazo  máximo de un año, después de notificada la sentencia.

El monto que desembolsará el Estado ronda los 2,1 millones de dólares, el cual se  repartirá en diferentes cantidades entre los afectados, así como 7.000 dólares por los costos y gastos del proceso.

El Estado ecuatoriano también deberá publicar los puntos resolutivos de la sentencia en un diario de circulación nacional e íntegramente en la página de internet del Poder Judicial.

Según la demanda de la CIDH, este caso se enmarcó en medio de “un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador”.

Una mayoría legislativa conformada por el PSP, Prian, PRE y MPD cesó a los magistrados. La “Pichicorte” permitió el breve regreso de Abdalá Bucaram.