El Ministerio de Defensa ecuatoriano efectivizó el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por $ 3 millones, tras notificar formalmente a la empresa china CETC Internacional, el 29 de abril pasado, sobre la terminación unilateral del contrato para la adquisición de cuatro radares de vigilancia aérea.

El 30 de octubre de 2008, la ex Junta de Defensa Nacional autorizó la adquisición de sistemas radáricos con el carácter “de emergencia”, luego del bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Angostura (Sucumbíos).

Entonces, el 19 de diciembre de 2008, CETC Internacional fue adjudicada para la compra de sistemas YLC-2V y Gap Filler YLC 18 con tecnología para integrar voz y datos entre sí, con la flota de aeronaves militares y con el Centro de Comando y Control, incluidos los de la Dirección de Aviación Civil (DGAC). El contrato se firmó en 2009 por un total de $60 millones.

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de los radares no llegó a concretarse, pese a que en el contrato se estipuló que la compra de esta tecnología era “imperiosa” para Ecuador, puesto que permitiría dar una alerta temprana a la fuerza de reacción inmediata, para así repeler o rechazar cualquier tipo de amenaza externa o interna que pusiera en riesgo el interés nacional.

El Telégrafo conoció que el 3 de mayo pasado, el banco Pichincha, emisor de las garantías,  hizo efectivo el pago de la garantía de fiel cumplimiento, dinero que  ya está en las cuentas del Ministerio de Defensa. En cambio, ahora se tramita el cobro de la multa del 5% sobre el valor total del contrato, multa que alcanzaría la suma de  $ 9 millones.

Asimismo, tras la notificación de la terminación unilateral y anticipada del contrato, efectuada  el 29 de abril último, se espera que la empresa china cubra -máximo hasta el 14 de mayo próximo- con la devolución  de la garantía de anticipo: alrededor de  $ 36 millones.

Con todo ello, el Estado espera recuperar aproximadamente $ 48 millones, sin que se descarten eventuales acciones contenciosas por parte del Ministerio de Defensa por los daños y perjuicios ocasionados por la empresa china CETC Internacional. Se incumplió con el contrato suscrito en 2009, con un plazo de 18 meses para su cumplimiento, el cual  venció el 14 de enero de 2011, pero como se le otorgó una prórroga de 281 días, finalmente venció en octubre de 2012.

No se cobró antes las garantías porque, en un acto de buena fe, el Ministerio de Defensa, entidad que suscribió el contrato a nombre del Estado con la empresa china, agotó todas las gestiones vía contractual, diplomática y política, tras lo cual, finalmente, procedió  a la terminación unilateral del contrato.

Tal decisión se tomó -según las autoridades-, basada en la opinión  e informe de expertos   brasileños, quienes cooperaron neutralmente. Ellos determinaron que de parte de CETC Internacional hubo “incumplimientos técnicos del contrato”, los mismos que también fueron identificados  en un primer informe realizado por personal especializado  de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

“Contratamos unos radares chinos que han tenido fallas... Nos fallaron los radares y ya estamos terminando el contrato, vamos a ejecutar las garantías. Cuando se hace algo en tan poco tiempo, algo puede fallar”, manifestó al respecto el mandatario Rafael Correa en el Enlace Ciudadano del sábado pasado, que se realizó en la Plaza Cívica de Esmeraldas.

El Jefe de Estado, sin embargo,  lamentó que ciertos medios de comunicación privados hayan empezado una “campaña” mediática sobre la supuesta ausencia de vigilancia y control del espacio aéreo nacional, por lo que se preguntó: “¿Cuándo ha habido defensa aérea en el país?”. Contó que al inicio de su Gobierno, en enero de 2007, no había ni helicópteros operativos en las Fuerzas Armadas y señaló que recién en su gestión se ha adquirido una flotilla de aviones Súper Tucanos, de fabricación brasileña, supersónicos sudafricanos Cheetah y helicópteros indios Druv. “Después de la guerra del Cenepa, victoriosa para nuestras Fuerzas Armadas, se dejó en total abandono a esas Fuerzas Armadas que vencieron. Nosotros hemos invertido mucho más en defensa que  otros gobiernos”, destacó.

Ante el no funcionamiento de los cuatro  radares chinos y para superar el tema respecto a la vigilancia y control aéreo en los 720 kilómetros de frontera común con Colombia, en donde Ecuador tiene desplegados entre 7.500 y 8.000 soldados, el Gobierno prevé que para noviembre de 2014 el país cuente con un nuevo equipo de radares, que serían adquiridos a Francia, Italia o España. “En 18 meses esperamos tener radares nuevos y un sistema de defensa completo”, afirmó Correa.

Respecto a ese plazo que se ha fijado el Presidente, el ex ministro de Defensa, José Gallardo, opinó ante la prensa que el tiempo anunciado “si  se cumple es prudente”, pues destacó que lo importante es dar una solución al problema. “Creo que no es posible en un tiempo menor, pero esperemos que se realice la licitación internacional necesaria para no caer nuevamente en un error”, indicó.

La defensa aérea comprende un concepto integral

Por el momento, la vigilancia del espacio aéreo se realiza con los aviones Súper Tucano, según lo confirmó el pasado 17 de abril el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo Barreiro.

Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron que el control del espacio aéreo no solo comprende radares, sino que defensa aérea, por ejemplo, abarca un concepto integral en el que se emplean radares, aviones interceptores y medios antiaéreos; vehículos OSA-AKM de gran movilidad, equipados con radares de corto alcance, los cuales se encuentran a lo largo de la línea costera; aviones Súper Tucano para reconocimiento diurno y nocturno, equipados  con sistemas infrarrojos (FLIR), que ayudan a mantener, entre otras misiones, vigilancia de pistas no controladas y minería ilegal; y aviones Cheetah equipados con radares de mediano alcance para reacción ante alerta de tráfico no controlado.

En todo caso, los militares consideran que el espacio aéreo no está en la indefensión, pero -dicen- se requiere fortalecer la seguridad.

CONTRALORÍA GENERAL REALIZA UN EXAMEN ESPECIAL DESDE 2012

El 24 de abril de 2012, mediante oficio 8891 DPEI, el contralor general, Carlos, Pólit, confirmó que la Dirección de Auditoría 3 de ese organismo se encuentra ejecutando en el Ministerio de Defensa un examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los contratos de adquisición del sistema radárico.

El examen de la Contraloría incluye la compra de la flota de aviones Súper Tucano a la empresa Embraer del Brasil por más de $200 millones, que por problemas financieros el Ministerio de Defensa decidió reducir de 24 a 18 aeronaves, en 2010.

Pólit le dirigió una comunicación al asambleísta Galo Lara, quien denunció supuestas irregularidades en la adquisición de los radares a la empresa china CETC Internacional, en la cual le explicó que la auditoría especial  corresponde entre el 1 de enero de 2008 y el 10 de abril de 2012.

La adjudicación del contrato de los cuatro radares chinos se  hizo por un valor de $60 millones. Se trataba de los sistemas radáricos YLC-2V y Gap Filler YLC 18 con tecnología para integrar voz y datos entre sí, con la flota de aeronaves militares y el Centro de Comando y Control, y también con el resto de radares, incluidos los de la Dirección de Aviación Civil.

En el mismo contrato se incluyó, por $13 millones,  los centros de comando y de control y, por otros $10 millones, los sistemas de comunicación.

Según la cláusula octava del contrato, CETC debía entregar radares nuevos “debidamente instalados, integrados y comprobando su correcto funcionamiento entre sí, y con los radares civiles y militares... en el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de pago del anticipo”.

Otra cláusula fijó multas por atrasos equivalentes “al uno por mil del monto total del contrato por cada día de retardo, hasta un máximo del 5%”. Es decir, el tope de la multa era de hasta $3 millones, valor que se consideró como garantía de CETC, la cual ya fue cobrada el pasado 3 de mayo por el Ministerio de Defensa.

Según juristas consultados, ese cobro y la ejecución de la garantía de anticipo y el cobro de multas debe ser tomado en cuenta (supervisado) por Contraloría, para finalmente determinar si hay o no perjuicio al Estado y responsables.

Añadieron que de recuperar el Estado los cerca de $48 millones, quedarían sin piso las voces críticas que señalaban que, pese al incumplimiento, ni siquiera se han seguido los procesos legales y contractuales para cobrar las multas por los retrasos en la entrega de radares y, menos aún, se ha gestionado la recuperación de los anticipos que sumarían alrededor de $36 millones.

La cláusula decimonovena del contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa china CETC, justamente establece como una de las causales de terminación unilateral el incumplimiento del poveedor de cualquiera de las obligaciones contraídas en ese compromiso. Esto lo tomó en cuenta el Estado para empezar a cobrar las garantías, las cuales sí existían y, por ello, el Ecuador no perderá la inversión.

LA FISCALÍA ABRIÓ UNA INDAGACIÓN PREVIA PARA ACLARAR EL CASO

Dentro de la indagación previa 36-2012, que se abrió en abril de 2012 tras una denuncia del asambleísta Galo Lara (PSP), en contra de la empresa china CETC, el 4 de septiembre de 2012 la Fiscalía nombró 4 peritos especializados en aeronáutica para que elaboren y presenten un informe sobre el funcionamiento de los radares YLC 18, entre los que constaban los técnicos Domingo Damone y Julio Valencia, en coordinación con Diego Bolaños Reyes, fiscal de la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones.

En el oficio fiscal FGE-36-2012 consta que los peritos debían comprobar técnicamente si los radares funcionaban de manera normal e ininterrumpida; si mantenían un sistema interconectado con los aviones Tucano y otras naves militares; y evaluar el mecanismo de enfriamiento. Este informe, al igual que el realizado por técnicos brasileños, determinó el incumplimiento.

Dos fueron las denuncias en torno a los 4 radares chinos, a mayo de 2012. La primera: que estaban apagados porque solo podían trabajar al mismo tiempo, ya que tenían un sistema integrado. La segunda: que el radar YLC-18 no cuenta con un sistema interconectado con los aviones de combate y equipo de control aéreo.

Según la denuncia de Lara, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la tecnología de los aviones y del equipamiento general de las Fuerzas Armadas es diferente y  compatible con la de los países de occidente, mas no con la de  Oriente, de allí que los radares chinos jamás pudieron ser interconectados.

Tras acudir a realizar una inspección al lugar en donde estaban los radares en etapa de prueba, Lara dijo ante la Fiscalía (en abril de 2012): “En relación al radar YLC 18 M prestado, pude observar que se encontraba en funcionamiento; con respecto al YLC 18 comprado, pude verificar que el mismo fue prendido por el motivo de mi visita, para lo cual inclusive estaban presentes técnicos de nacionalidad china, quienes en compañía del Gral. César  Ramos y el Crnel. Cobos me supieron manifestar que este radar aún no estaba en funcionamiento por cuanto es un sistema integrado y el mismo funciona una vez que los 4 radares en sí entren en funcionamiento, motivo por el cual éste se encontraba apagado”.

Según consta en un oficio remitido por Lara al fiscal general, Galo Chiriboga, “a pesar de todo ello, y ya habiendo transcurrido 18 meses para la entrega de los radares y el sistema integrado -conforme a lo estipulado en el contrato para la compra de dichos radares- se pudo evidenciar que  han transcurrido casi 16 meses adicionales desde la terminación del contrato suscrito con CETC y el Ministerio de Defensa (tomando en cuenta que la forma de pago ha sido variable), habiendo desembolsado 36 millones de dólares como anticipo”.

Añadió que en tal virtud solicitó que “se aplique una multa de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por estos retrasos, así como por incumplimientos contractuales”.

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