El ministro  de Recursos No Renovables, Wilson Pástor,  declaró ayer a la agencia Andes que la consulta popular sobre minería realizada en las comunidades azuayas  es “totalmente ilegal”.
Para el funcionario, dirigentes políticos de oposición al Gobierno y activistas ecológicos han organizado este proceso al margen de las leyes vigentes en el Ecuador.
El secretario de Estado, cuya cartera es responsable, entre otras, de la minería en el país, señaló que “solamente el Estado ecuatoriano puede hacer consultas válidas a través de las normas vigentes, llamando al Consejo Nacional Electoral”.
El pasado 2 de octubre se realizó una consulta comunitaria en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, en la provincia  del Azuay. La pregunta planteaba: ¿Está usted de acuerdo que se dé explotación minera en los páramos y fuentes de agua de Quimsakocha?
“Los minerales son de todos los ecuatorianos y son propiedad del Estado”, aclaró Pástor. Al mismo tiempo, recordó,   los procesos consultivos son responsabilidad del Estado y esta obligación es indelegable. “Solo el Estado puede hacer consultas válidas”, sentenció el ministro.
El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, indicó a la Agencia Andes que los comuneros no pidieron el aval del organismo rector del sufragio para realizar la consulta. Por tanto, dijo que los resultados no tienen ninguna validez.
Por su parte, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, sostuvo que la consulta fue promovida por la Prefectura del Azuay, “por tanto no tendría ningún valor”. Paúl Carrasco es el prefecto y mantiene una línea de oposición al régimen pese a que antes formaba parte de las filas del movimiento oficialista PAIS.
“No ha sido una consulta previamente convocada, analizada  o puesta en marcha por el Consejo Electoral, que es el ente competente”, agregó.
A criterio de Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari),  la consulta comunitaria fue un ejercicio en defensa de los derechos colectivos. El proceso arrojó un triunfo contundente del No  con 958 votos, contra 47 del Sí, 18 blancos y 14 nulos.
El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, desconoció la legalidad de la consulta no porque la   impulsó una organización comunitaria, sino porque la Constitución dice que debe enmarcarse en las directrices de los reglamentos e instituciones pertinentes, en este caso el Consejo Nacional Electoral.
En declaraciones a diario El Tiempo, Granda manifestó que la consulta no es vinculante  y más que solución, será un obstáculo.
Para Pástor, la pregunta pide a la población que escoja entre el agua y la minería por lo que la calificó de falsa y dirigida.
“No se puede permitir que una organización privada se abrogue funciones que tiene exclusivamente el Estado central”, afirmó el funcionario. Y agregó que muchas parroquias desconocen sobre la consulta.