Durante nueve semanas  este Diario presentó las distintas posturas  por el Sí y por el NO de cada una de las interrogantes del plebiscito de hoy. Las reformas para el mejoramiento de la justicia, el enriquecimiento privado no justificado, la vinculación de los medios y la banca, un potencial Consejo de Comunicación, el cierre de los centros de juegos de azar, la muerte de animales en espectáculos públicos y la penalización por la no afiliación al IESS fueron analizados por actores sociales 

Preguntas 1- 2

SI

José Serrano 

Ministro de Justicia

“El eje de la interrogante uno es sancionar a  jueces corruptos”

La pregunta uno va a determinar como principio constitucional las sanciones que no pasan por la caducidad o el plazo de seis meses o un año, sino por los castigos a jueces, fiscales, defensores públicos y abogados defensores que en  los juzgados eventualmente dilatan el proceso para que el plazo se cumpla. El punto central es ese: Cómo tenemos un Consejo de la Judicatura o sistema judicial que pueda no solo controlar  cuando la caducidad se dé y sancionar al juez, sino también en el proceso previo, es decir cuando se dilata ya el trámite judicial para que esa caducidad se pueda aplicar. Eso es fundamental.

4.060 casos de caducidad de prisión preventiva desde el año 2007. Entonces esto demuestra cómo los jueces han sometido a los ecuatorianos a una farsa, a una burla, donde ellos simplemente han   lucrado de estas caducidades y, obviamente, han existido varios abogados defensores de imputados que han estado jugando con la propia situación de las familias y las víctimas.

Justamente la pregunta 1 establece que no solamente se sancione al juez sino también al fiscal, al perito, defensor público y hasta al abogado defensor del imputado como falta grave. El juez o el fiscal o el defensor público que dilate el proceso injustificadamente o, más bien, para lograr la caducidad de la prisión preventiva, podrá ser destituido.

En primer lugar la seguridad ciudadana está directamente vinculada con la lucha contra la impunidad. Son temas recurrentes y nosotros planteamos que la impunidad pasa porque los jueces no administran justicia; esto a su vez pasa por cómo los jueces están procesando los controles y evaluación que ellos mismos tienen. Ellos deben rendir cuentas de su gestión.

NO

León Roldós
Ex asambleísta constituyente

“La  pregunta uno  quita derechos constitucionales del ciudadano”

La pregunta uno no debería habérsela hecho porque puede llevar a varios equívocos. En primer lugar, estoy de acuerdo con que si hay retrasos por responsabilidad de la familia del sindicado o su defensa, no corra el tiempo de caducidad. Pero la pregunta está mal hecha porque debería interrumpirse por el tiempo que dura el incidente y la demora. Pero, como está la pregunta, se establece que si el sindicado o enjuiciado no provoca la demora, igual pierde el derecho a la caducidad, lo que me parece una barbaridad. Debería ser que el tiempo de caducidad se interrumpe solamente por el tiempo del incidente o la demora que cause la defensa del acusado.

El Gobierno quiso que la pregunta conste en la consulta cuando eso ya está en la ley. En la ley que vetó el Presidente ya están las sanciones para los jueces y  los fiscales que demoren  los trámites de las causas. El Presidente mismo vetó esta reforma legal.

La inseguridad no es la que origina esa pregunta. Esa pregunta se debe a la eventual reincidencia de los delincuentes, no específicamente a la inseguridad. Pero por eso estoy de acuerdo, insisto, con que se interrumpa la caducidad por el tiempo que un enjuiciado provoca un incidente; pero como está el texto de reforma constitucional planteado por el Ejecutivo se pierde totalmente la caducidad y eso me parece totalmente absurdo.

Yo considero que es adecuado el plazo de un año de prisión si hay el suficiente número de jueces y juzgados, que es otro de los problemas terribles que afronta la Función Judicial. En todo caso, lo importante es lo que le indiqué, que si hay un incidente, que se interrumpa el caso, pero no eliminar el derecho. 

Pregunta 3

SI

Rolando Panchana
Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional

“En la consulta se especifica el tema de los medios nacionales”

La pregunta pretende desarrollar aún más el principio que ya desarrollamos en Montecristi y que establece ahora sí, ya con claridad, que la restricción es para aquellos medios nacionales, no para aquellos medios locales.

La Ley de Comunicación o la Ley de Telecomunicaciones definirá qué es un medio de cobertura nacional. Idealmente, el que tenga cobertura en las 24 provincias del país, eso es un medio nacional. Serán muy pocos.

En la consulta se especifica el tema de los  medios nacionales. Así no está en la Constitución de la República, donde el artículo 312 estipula que las entidades o grupos financieros no podrán poseer o ser parte de medios de comunicación. Se prohíbe la participación, el control de capital, inversión en los medios de comunicación social a entidades o grupos financieros, a sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Ahí no dice si son medios de comunicación nacionales, locales o regionales. Es todo. Ahora, con la precisión de la pregunta, se entenderá claramente qué son los medios  nacionales.

La pregunta nace porque ha existido un evidente conflicto de intereses y porque se presentan, en determinados momentos, intereses francamente contrapuestos. ¿Hemos tenido o no historias absolutamente claras de eso? Por citar algo, aquí estamos en Diario El Telégrafo, ¿de quién era antes este periódico? De Fernando Aspiazu Seminario, que era dueño del Banco del Progreso. Y en función del capital que logró tener siendo accionista del Banco del Progreso adquirió El Telégrafo. ¿O es que la gente ya no recuerda eso? ¿Qué pasó cuando ocurrió la crisis bancaria?

¿No se utilizaron los medios de propiedad de los banqueros para paliar una mala imagen del banco que estaba quebrando?

NO

Otto Sonnenholzner
Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), núcleo del Guayas.

“Seremos más dependientes de los auspiciantes y autoridades”

Creo que si el objetivo es combatir el conflicto de interés, eso no se cumple con la pregunta.  Afectar o eliminar derechos constitucionales de los comunicadores para supuestamente desaparecer un conflicto de intereses está de más. De aprobarse esa pregunta, se afecta el derecho al trabajo, a la libre asociación, de emprendimiento de los comunicadores... por ende, creo que el camino no debió haber sido una consulta popular sino una Asamblea Constituyente para debatir más ampliamente el tema.

Si lo que se busca es que los medios sean más independientes, lo que se está consiguiendo es lo contrario, porque los están haciendo más dependientes de poderes económicos y políticos al quitarles la posibilidad de sostener su empresa con actividades propias en el ámbito privado fuera de la comunicación.

La mayoría de nosotros tenemos otras actividades para poder sostener los medios de comunicación. Quitarnos esas otras actividades nos va a obligar a ser más dependientes de nuestros auspiciantes o de las autoridades locales y nacionales con sus pautas publicitarias, es decir, en el rato que usted depende solo de la publicidad, pierde independencia.

Se suponía que ellos (la familia Isaías) usaron sus medios para defenderse en el problema financiero que afrontaron; pero eso ya está resuelto. Ya los grupos financieros no pueden ser dueños de medios de comunicación.

Escucho que repiten eso, lo cual ya está prohibido. Con ese argumento se hizo el artículo 312 de la Constitución  que ahora es el que quieren reformar. Allí se prohíbe que los grupos financieros tengan relación con los medios de comunicación. Yo no sé por qué seguimos hablando de eso y queremos vincularlo con la pregunta cuando no tiene nada que ver.

PREGUNTAS 4 Y 5

SI

Gustavo Jalkh
Secretario personal del Presidente de la República

“Son fundamentales para la transformación de la justicia”

Las preguntas 4 y 5 son fundamentales para la transformación de la justicia con rapidez y con coordinación interinstitucional. La pregunta 5 nos lleva hacia una nueva conformación del Consejo de la Judicatura (CJ) que va a permitir generar una política de Estado para la modernización de la justicia, para su transformación profunda y para que se genere una política general destinada a su mejoramiento.

Si bien otras preguntas abordan ajustes normativos en la Constitución, estas dos están haciendo un rediseño institucional fundamental para que se apliquen adecuadamente las normas, es decir, no es un problema solamente de ajustes normativos sino que estas normas se puedan aplicar particularmente en  la justicia en áreas fundamentales como el tema disciplinario, la evaluación del desempeño y en el mejoramiento de la calidad del servicio. Una nueva conformación del CJ va a permitir justamente que haya una mejor coordinación interinstitucional. Tener un modelo de 9, como el que se diseñó y que ya lleva dos años y medio,  no ha funcionado; entonces, ¿para qué persistir en algo inadecuado?; por eso es el ajuste rápido que se le plantea al pueblo ecuatoriano para que tengamos un CJ integrado con un representante salido de una terna enviada por la Función Judicial, quien va a presidir el Consejo, lo cual es muy bueno porque va a evitar lo que ha pasado antes: que los miembros del CJ se pasen peleando por quién es presidente.

No hay ninguna intromisión de poderes. Hay que tomar en cuenta que la designación de jueces no la hace a dedo el CJ, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, es un cuerpo colegiado que pondrá en marcha procesos de selección de jueces por méritos, con veeduría ciudadana, con escrutinio público.

NO

César Montúfar
Asambleísta de oposición

“No habrá independencia en el sistema judicial en el Ecuador”

Sostengo que voy a votar no en esas dos preguntas, básicamente por tres razones. La primera es por el grave problema que tiene efectivamente la justicia, de ineficiencia, corrupción e inoperancia, que en gran medida han sido causados por la interferencia constante del poder político. Esto no es un asunto reciente, llegó a su punto máximo con la intervención de Febres Cordero, luego de los distintos partidos políticos, Gutiérrez intentó hacer lo mismo con la Pichicorte.

El control político sobre la justicia ha sido y es una de las causas principales de corrupción e inoperancia. Esas preguntas, en ambos casos, plantean corregir los problemas de la justicia con la misma fórmula.

Que sea el presidente el que directa o indirectamente, de una u otra forma, reestructure el Consejo de la Judicatura (CJ) y a través de éste se lleve a cabo la designación de jueces y la reestructuración general del sistema judicial.

Las dos preguntas no son el camino que debemos seguir para conseguir el objetivo de transformar y mejorar el sistema de justicia.

Hay un agravante adicional y es que es ilusorio que se piense  que  en 18 meses se va a lograr que tres personas iluminadas  reconstruyan la justicia y la encaminen hacia un proceso de reforma. Una institución requiere de procesos, que en el caso de la justicia deben ser garantizados por su autonomía. En que el CJ es el órgano de gobierno de control de la Función Judicial.

En ese sentido, en ese sistema  no puede haber representantes de otras funciones del Estado ecuatoriano; se crea una situación en la que el Ejecutivo tiene interferencia, casi directa, en la Función Judicial. En ese CJ van a estar representadas personas que pueden ser llevadas a procesos judiciales. No habrá ninguna independencia.

 

Pregunta 6

SI

Edwin Jarrín
Secretario Nacional de Transparencia

“Una herramienta  para construir una patria libre de corrupción”

Para los ecuatorianos honestos, que somos la gran mayoría de los que vivimos en este país, no existe ningún reparo en  que el enriquecimiento privado injustificado sea considerado un delito autónomo, sin importar de  dónde provenga. Es decir, tú puedes tener enriquecimiento injustificado proveniente de entidades del narcotráfico, de lavado de activos, de trata de personas, de coyoterismo, de chulco o de evasión de impuestos. Pero el que sea considerado un delito autónomo, por sí, ya te da un parámetro para poder sancionar a las personas que lo cometen.

Esto no es una herramienta de persecución, insisto, sino que permitirá construir una sociedad transparente, libre de corrupción. Ese es el propósito y esencia de esta pregunta. Avanzar hacia los objetivos que como Revolución Ciudadana nos hemos propuesto, lo que incluye trabajar profundamente en una revolución ética. Será una herramienta fundamental para construir una patria libre de corrupción, para construir una gestión pública transparente. Creo que esta será la mejor herramienta con la que podremos contar. Tenemos el caso de una persona que está sentenciada por narcotráfico y cuya fortuna, el año pasado, según un juez, no presentaba indicios de ser malhabida;   por eso, todos los bienes tenían que serle devueltos. Ese es el nivel donde se enreda una justicia corrupta.

A nosotros, como Secretaría de Transparencia nos serviría como herramienta para el caso que nos compete, específicamente en el Ejecutivo, poder ligar esas fortunas que se van construyendo de manera paralela entre lo público y privado. Más allá de luchar contra la corrupción, el objetivo se enmarca en construir una sociedad transparente, honesta.

NO

Joyce de Ginatta
Empresaria guayaquileña

“Esta pregunta va a espantar la inversión extranjera en el país”

Me parece totalmente absurda, una idea tirada de los cabellos que espanta la inversión privada, porque una familia no tiene los recibos de pago de una casa o una propiedad que ha comprado hace 15 años, pero ahora le dicen que va a tener que presentar los papeles de algo que ocurrió hace años; entonces, imagínese usted, una persona dueña de una carretilla o que vende verduras, que poco a poco ha reunido su platita y que luego alquiló y más tarde compró un local, a quienes yo llamo los Marios o las Marías, que en una alcancía han ido ahorrando centavo por centavo, cómo van a comprobar que han comprado eso si ni siquiera tienen contabilidad.

Esa pregunta puede estar supeditada al chantaje. Aquí tengo una persona que es mi enemigo, entonces voy a agarrarlo por aquí, y como son todas preguntas que van apostando a la discrecionalidad del funcionario de turno, la corrupción estará a la orden del día. Desde el Gobierno se asegura que el objetivo es transparentar la sociedad y que las personas que tengan fortunas bienhabidas no tienen de qué preocuparse... Acuérdese usted que desde hace años existe la ley que obliga a todo funcionario público a declarar todo lo que tiene. ¿Eso ha servido de algo?

Hay que ver a  la persona o al burócrata de turno que tiene la discrecionalidad en sus manos, cómo lo piensa; porque le digo, sinceramente, que el país durante muchas décadas ha promocionado la informalidad en nuestras ciudades. Ha promocionado una economía paralela; a los negocios formales les han dado palo y a los informales los han apoyado durante muchos años; entonces, ahora las personas no sé cómo van a quedar. Dependerá del ministro o burócrata de turno, o a quién se quiera chantajear.

 

PREGUNTA 7

SI

Aminta Buenaño
Asambleísta de Alianza PAIS

“Hay que prohibir juegos de azar, pero excluir a hoteles 5 estrellas”

Estoy de acuerdo con que se prohíban los juegos de azar. En nuestro país hay muchas máquinas tragamonedas, salas de juego cercanas a las escuelas, colegios, incluso en barrios marginales. En estas máquinas nunca pierde el negocio, no es por azar sino que coordinadamente se le quita el dinero a la persona que entra a estos juegos. Al principio se empieza ganando, pero las salas de juego nunca pierden. Yo creo que este tipo de casinos, salas de juego, máquinas tragamonedas causan daño especialmente a los niños y adolescentes, porque los hacen adictos.

Este tipo de juego hace que el niño adopte esto como un vicio y les causa  una enfermedad conocida, la ludopatía. Se ve transitar por esos lugares a muchos jóvenes.

Además, debemos  decír Sí a esta pregunta,   primero porque estos juegos son utilizados para lavar activos, es una forma fácil de blanquear dinero. Segundo, no implica nada bueno  porque no es  desarrollo o un deporte en que usted juega y obtiene la salud de su cuerpo.

Las personas que defienden esto están defendiendo su negocio. Creo que en un país que tiene problema de infiltración del narcotráfico, como el resto de América Latina, es mejor prohibirlos.

Aquellos que defienden este tipo de negocio siempre han tenido problemas con el SRI, con el Estado, porque no se les puede hacer un control. Y nunca falta un juez que les esté dando amparos. Un juez corrupto.

Si vemos  el aspecto educativo,  estos juegos no son nada positivos porque no desarrollan nada, lo único que hacen es timarnos, quitarnos nuestro dinero, dejar sin sueldo a una familia, provocar adicciones. Yo creo que en ese sentido a esta pregunta habría que decirle Sí, pero en la ley se deberán incluir excepciones, como  los hoteles cinco estrellas, donde hay control del Servicio de Rentas Internas (SRI). Sería una forma de hacer  turismo. Una vez que gane el Sí, habría que incluir qué tipo de excepciones se da a esta normativa.

El Estado tendrá que apoyar a las personas que trabajan en estos lugares a fin de proporcionarles nuevos espacios o vías para que puedan trabajar en otra actividad.

Hay que normar las excepciones y la Asamblea tendrá esta labor y allí, en el debate, se escucharán todas las posturas, las de los dueños de estos negocios y también las de los trabajadores, en general.

NO

María Augusta Díaz
Presidenta de la Asociación de Dueños y Administradores de Salas de Juegos

“No somos ilegales, trabajamos bajo el amparo jurídico y la ley”

La postura de los empresarios de salas de juego y de los trabajadores y de todas las personas que estamos dentro del medio es totalmente a favor de un rotundo No. Hemos venido, desde hace mucho tiempo, tres, cuatro años, casi desde  cuando el Gobierno del presidente Correa entró al poder, tratando de comunicarnos con él para dejar esto solucionado.

Es una cuestión que no se soluciona prohibiendo, porque todo lo prohibido es lo más apetecido.  Por eso  digo que esto, en lugar de tener un efecto reparador, beneficioso para la seguridad, va a tener un efecto totalmente contrario.

Hay un problema en cuanto a regulación. El votar No impulsaría a las autoridades para que regulen el asunto, porque definitivamente hay ciertas legislaciones para casinos, pero falta mucha regulación. Ecuador es uno de los pocos países de América Latina que no tiene regulación del juego. Todos los países, casi en su totalidad, están regulados por la ley.

No se ha estandarizado la norma. El mercado de juego de azar en Ecuador lo representan las salas de juego y los casinos, aunque también están los hipódromos y los bingos. Ocurre que se regula a uno, pero no a otro. Hay ciertas regulaciones para los casinos y salas de juego, pero en ciertas cosas. Tenemos que pagar los impuestos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) está detrás de nosotros. Hay que pagar un impuesto al juego a las municipalidades. Todas las obligaciones laborales con nuestros trabajadores tenemos que cumplirlas. También con el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Sayce, el uno por mil, la patente. Yo le muestro la cantidad de impuestos que nosotros pagamos.

La ley establece que los casinos sólo pueden funcionar dentro de los hoteles 5 estrellas y los que están por fuera son ilegales... pero ser ilegal sugiere que no se cumpla con ningún requisito. Nosotros no somos ilegales porque estamos trabajando bajo el amparo jurídico porque la ley nos lo permitió. Cuando la ley restringió los casinos a los hoteles cinco estrellas, quedó el vacío de que no puede ser que sólo ahí operen máquinas tragamonedas. Entonces, lo que se hizo fue plantear acciones judiciales que fueron debidamente ganadas en su tiempo. Eso permitió el funcionamiento. También rechazamos que se nos acuse de lavado de dinero y si dicen eso que lo demuestren. Votar No en la consulta significa impulsar a las autoridades para que hagan un control total. 

 

PREGUNTA 8

Leonardo Selmi
Activista-pacifista argentino, defensor de la vida de los animales

SI

“Las corridas de toros no  forman parte de la cultura”

La cultura debe ser analizada desde un punto de vista crítico, porque ha sido repetida en forma irreflexiva durante tanto tiempo. Creo que en términos mayoritarios, si regresamos a lo que es la cultura original de Latinoamérica, por supuesto que no, porque estas (corridas de toros) no forman parte en absoluto de su cultura. Los festivales taurinos y corridas de toros forman parte de las celebraciones de aniversario de fundación o fiestas tradicionales en varias ciudades del país, como Quito, Ambato y Riobamba,  que están convencidas de que mantienen vivas las raíces españolas.

Los turistas, en general, rechazamos las corridas de toros. He conocido muchos antitaurinos que fueron taurinos hasta los 26 años, caso de Álvaro Munera, ex torero colombiano y que ahora es el líder abolicionista en Colombia;  no conozco ningún antitaurino que se  haya convertido en taurino, pero sí cientos de casos al revés; he visto muchos turistas que salen llorando de la plaza y si hay algún tipo de componente turístico dentro de la corrida de toros, con más razón deberíamos abolirlas, ya que es una mala imagen de nuestro país.

Por eso, creo que la 8 es la mejor pregunta que se puede hacer. Como organización pro-animales, desde España y un conjunto de organizaciones, emitimos una carta al Presidente (Rafael Correa), al Defensor del Pueblo, para que se garantice un reacomodo del sector, que no quede gente en la calle, que no se pierda ni un solo puesto de trabajo, y hemos sugerido una serie de medidas para la reconversión del sector; las ganaderías pueden transformarse en santuarios, en donde  sí creo que puede haber mucho turismo interesante; otras ganaderías pueden dedicarse a otro tipo de actividad; las plazas de toros tendrían mucha más actividad que la que tenían antes, un buen ejemplo es la de Catalunia (España), que está funcionando con diversas actividades, económicamente mejor que nunca desde que dejaron de hacer corridas de toros; otra de Barcelona está convertida en un centro comercial y de negocios.

Entonces, son alternativas fantásticas. No me opongo a los taurinos, tampoco a los toreros, sino a una actividad en concreto, que es la matanza de un animal en espectáculos públicos.

NO

Marco Ponce
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito

“Se perdería gran flujo  turístico sin el espectáculo taurino”

Digo No a esta pregunta porque considero que la cultura de nuestro pueblo es mestiza, parte de indígena andino y gran parte española;   nuestra religión y nuestro idioma se dan en España, así que  las corridas de toros son una parte importantísima de nuestra cultura ecuatoriana.

Se ha hablado insistentemente por parte de las organizaciones que se definen abiertamente como antitaurinas, que nosotros no deberíamos festejar la fundación española de la ciudad de Quito; según ellos, deberíamos festejar el cumpleaños de los Duchicela o algo por el estilo, lo cual me parece una ridiculez; es una tesis que viene de una forma de aculturización que yo considero bastante grave y nociva para nuestro país.

Si se eliminan las corridas de toros se perdería un enorme flujo turístico; segundo, se perderían las fuentes de trabajo, de manutención de aproximadamente 160 mil familias que viven alrededor de los toros, porque la Feria Jesús del Gran Poder no solamente es el toreo en la plaza de toros, la Feria Jesús del Gran Poder es la crianza de ganado bravo en los páramos, su manejo,  actividades de venta, paralelas y relativas a la Feria de Quito, que definitivamente son parte importante del sostén de muchísimas familias capitalinas, muy humildes. Además, por otra parte, la supresión de la Feria de Quito probablemente terminaría con las fiestas de la capital, porque resulta que en gran parte son mantenidas con los impuestos que paga la Feria Jesús del Gran Poder, aproximadamente entre 600 y 700 mil dólares, que permiten a familias quiteñas que no gustan del espectáculo taurino tener otros espectáculos que son provistos por el Municipio; un ejemplo, y está muy fresco, es el famoso Festival de Quitumbe.

Se está hablando de la tortura del toro, pero es otro hecho de ignorancia. La suerte de varas es tan grave para el animal de lidia como puede ser para usted una transfusión de sangre; las banderillas son tan lesivas para un animal de lidia como podría ser para el hombre la inyección de un antigripal; esto es un compendio de conceptos nacidos de la más absoluta ignorancia y por eso le digo que al parecer, el señor Presidente de la República ha sido engañado malamente por estos activistas.

PREGUNTA 9

SI

Mauro Andino
Asambleísta de Alianza PAIS

“La  información no debe ser una mercancía de los empresarios”

Considero que la pregunta es apropiada porque al interior de la Asamblea se generó un conflicto por la creación de un Consejo de Comunicación en el cual iban a participar dos delegados del Ejecutivo, de un total de siete miembros. Como ese fue el caballo de batalla de los asambleístas de oposición, qué mejor que hoy sea el pueblo ecuatoriano, a través de una consulta, el que se pronuncie, y de esa manera avale lo que nosotros hemos venido impulsando en lo que respecta a la Ley de Comunicación.

Fundamentalmente, precautelando el interés de los niños y adolescentes, evitando contenidos de carácter violento, sexista, intolerante. Es decir, estará sujeto al ordenamiento constitucional y a los tratados y convenios internacionales. No más de aquello.

La libertad de información, el acceso a ella, tiene sus límites en la misma Constitución y en la Carta de San José de Costa Rica. Hay responsabilidad ulterior de aquellos que vulneren derechos de uno o más ciudadanos. Tienen que responder ante la justicia ordinaria sin perjuicio de las sanciones de carácter administrativo ante las autoridades que manejan o distribuyen las concesiones de las determinadas frecuencias.

Existe una Ley de Radio y Televisión, pero hoy consideramos que es necesaria una Ley de Comunicación para que sea compatible con lo que se establece en nuestra propia Constitución, en donde hay que regular, por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación, impulsar su democratización.

Tenemos que dejar sin efecto aquellas frecuencias que de manera arbitraria e ilegal se han concedido, de acuerdo con la auditoría que hizo la Contraloría. Igual que esas frecuencias se reviertan al Estado porque requerimos garantizar la información para todos los ciudadanos del país. Esto no es propiedad de los empresarios de la comunicación, porque queremos evitar que la información se convierta en una mercancía  utilizada por los empresarios que tergiversan la realidad de los hechos, manipulan la información o hacen juicios anticipados con señalamientos a priori, lo cual desnaturaliza la comunicación.  De ninguna manera, ni la Asamblea, a través de Alianza PAIS, ni el Ejecutivo pretenden controlar  los medios. Lo que queremos es que exista  libertad de información para todos.

NO

Mónica Chuji
Ex Secretaria de Comunicación

“La creación de un Consejo ya está en la Ley de Comunicación”

Nosotros defendemos que la Asamblea tramite la Ley de Comunicación, la cual debe poner en práctica lo que ya consta en la Constitución. Pero de cara a la consulta popular, la pregunta que expresa la creación de un organismo regulador, me parece que va en contra de lo que establece la misma Constitución. La Carta Magna no da lugar a esta pregunta, entonces me parece que hay una discrecionalidad para establecer un espacio donde hay representación del Ejecutivo para controlar. Yo creo que esa pregunta contradice muchísimo lo que establece el marco jurídico internacional y el marco que deben tener en cuenta los periodistas. Mi criterio es que esta pregunta está en contradicción con la Constitución. En el caso del sector indígena y el mío en particular, votaremos no.

Nosotros no estamos de acuerdo con esa pregunta ni con el resto.

La creación de un Consejo ya está en la Ley de Comunicación. Muchos comunicadores proponían que ese Consejo pueda tener una representación plural y obviamente del Ejecutivo, pero de ninguna manera una mayoría. Debe ser una entidad bastante equilibrada. Pero que sea la ley de Comunicación la que defina en qué va a consistir este Consejo Regulador. Si en este momento, en la consulta, se preguntara si se está de acuerdo con un Consejo Regulador, por supuesto que daría mucho qué decir, porque no precisa cuáles van a ser sus  competencias y facultades, de modo que va a quedar a discrecionalidad del Ejecutivo. Eso me parece gravísimo porque va a atentar contra  las  libertades individuales. Y obviamente va a afectar más a los medios que no son gubernamentales, comunitarios y privados en general.

La Ley de Comunicación debe estar en función de las garantías y principios constitucionales. Allí se establecen los límites y responsabilidades de los medios y periodistas. La Ley de Comunicación tiene que garantizarnos a los ciudadanos seguridad para que pueda haber investigación; a los periodistas y a los medios, la pluralidad y la democracia en todos los aspectos. Por eso es tan importante la Ley de Comunicación. La pregunta del Consejo Regulador va a ser un cheque en blanco para el Ejecutivo. No sabemos qué alcance va o puede tener.  De modo que ahora estamos yendo a las urnas para aprobar unas preguntas que ponen en riesgo las libertades.

 

PREGUNTA 10

SI

Omar Serrano
Representante de los afiliados ante el directorio del Biess

“La seguridad social es un derecho irrenunciable”

Estoy a favor de la pregunta porque pienso que su debate va a generar muchísima conciencia sobre el derecho de la seguridad social.   Segundo, porque la pregunta va a llevar a que la gente conozca que con el Seguro Social tienen salud, crédito hipotecario para su casa o terreno, crédito quirografario, jubilación, que son temas fundamentales en la vida de un ser humano. El solo hecho de que la gente conozca eso, que la seguridad social es un derecho irrenunciable, esa cultura  que vamos a generar en nuestra ciudadanía ya hace totalmente válida la pregunta. Si gana el Sí los empresarios se van a dar cuenta de que este es un tema importante para todo el mundo y  creo que van a actuar en consecuencia con la importancia del derecho a la seguridad social. Obviamente es difícil estimar cuántos empleados ingresarán a la seguridad social, pero  creo que si ganáramos unos 200.000 ó 300.000 afiliados sería un éxito, porque eso haría más fuerte económicamente al Seguro Social.

Nuestro sistema de seguridad social es de reparto solidario. Eso significa que para que el sistema esté financieramente saludable, debemos  tener bastantes afiliados activos, jóvenes para sostener a los jubilados.

Entonces, mientras más afiliados jóvenes tenemos, mejores pensiones podemos pagar a los jubilados.

La no afiliación no está tipificada como delito flagrante. Sí hay herramientas para castigar cuando el empleador retiene el dinero de la afiliación del empleado y no lo deposita en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Eso consta como delito actualmente; pero no afiliar no está penalizado. Por ello, es necesario que conste específicamente como un delito penal. No será una herramienta de persecución; si uno acepta ese argumento, entonces no podríamos tipificar como delito la evasión tributaria, ni el narcotráfico, ni la piratería, porque entonces cualquiera podría decir que lo están persiguiendo políticamente. Las leyes y las sanciones están para que las personas las respeten. El que nada debe, nada teme. La persona que tiene a sus empleados afiliados al IESS no va a tener de qué preocuparse. El que va a tener que preocuparse es el que está incumpliendo la ley.

NO

Eduardo Peña
Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil

“Penalizar la no afiliación como un delito es  una exageración”

En la ley actual está especificada la obligatoriedad de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Pienso que es una pregunta que tiene un fondo demagógico; primero, para conseguir un respaldo de los trabajadores para que digan: ¡Sí, esos patronos que no afilian al IESS! ... y pienso que la mayoría de los patronos, digamos empresas medianas y grandes, tienen a todos sus empleados afiliados. Y los tienen desde hace mucho tiempo. Yo creo que la evasión de afiliación es muy escasa en las compañías medianas y grandes. Pero en las compañías pequeñas, en las micro y pequeñas industrias, donde usted tiene, por ejemplo, tres o cuatro costureras, que trabajan seis horas diarias y que le ayudan, y que es una Mipymes, una empresa muy pequeña, que eventualmente  no tiene el tiempo para hacer los pagos, que no le interesan, en términos de afiliación, ni a empleadas ni  operarias, ahí es cuando las personas van a empezar a preocuparse.

Lo que puede pasar es que el empleador diga bueno, voy a afiliar, pero si tengo cuatro empleados, voy a quedarme con dos, afilio a esas dos y agradezco a las otras dos porque con éstas al final tendré que hacer  el mismo trabajo que hacía antes. Ese es el peligro.

Querer penalizar la no afiliación como un delito es  una exageración innecesaria. Ya hay procedimientos establecidos para  sancionar a las empresas que no tengan a todos sus empleados afiliados. El IESS tiene sanciones. El otro problema es que hay mucha moratoria en los pagos de las aportaciones, tanto de las patronales como personales; pero eso se debe al pobre desempeño económico del país en general, no específicamente de los sectores en sí.

Cuando no hay suficiente liquidez en las empresas, se tiene que pagar el agua, la luz, el teléfono, porque con eso se opera; pero al IESS sí se le puede deber dos o tres meses. Hay algunas compañías en manos del Estado que están atrasadas.

Las  empresas muy pequeñas no afilian porque no tienen capacidad económica para hacerlo. Además, el IESS está tan atomizado que es muy difícil que pueda llegar tan al fondo: estar buscando en empresas de tres o cuatro personas a ver quiénes están afiliados.