Los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) presentaron ayer sus pruebas de descargo dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, sobre la base de 21 acusaciones formuladas por el asambleísta Mauro Andino.

Durante las intervenciones  de los vocales Víctor Hugo Castillo y Jorge Vaca se confirmó que el pleno tomó decisiones en conjunto.

La responsabilidad también recayó en la Comisión de Recursos Humanos, la  cual inicialmente estaba integrada por Ulpiano Salazar, Marco Tulio Cordero y Oswaldo Domínguez, quienes son parte de la minoría.

Jorge Vaca rechazó las acusaciones hacia los vocales, asegurando que son improcedentes e ilegales, y afirmó que el CJ ha trabajado en la rehabilitación y construcción de 24 edificios que están al servicio de la ciudadanía. Uno de ellos está en  Cuenca, que cuenta con una infraestructura bien equipada.

Además, reveló que “todo el mundo ha querido meter la mano en el Consejo de la Judicatura” y pidió que se nombre a los nuevos miembros de la institución, de conformidad a la Constitución de Montecristi.

El asambleísta César Rodríguez dijo que las declaraciones solo conllevan a que los miembros del CJ sean juzgados en un juicio político en el pleno de la Asamblea y no hay nada más que hacer.

“Lo que solo se está desnudando es una corrupción institucionalizada en las bases del máximo organismo”, enfatizó, no sin antes aclarar que el Consejo debe asumir su responsabilidad.
Añadió que hasta el momento se han encontrado elementos suficientes para la aplicación del juicio político.La Comisión de Fiscalización, dentro del proceso, también recibió varias pruebas testimoniales solicitadas por los vocales de la Judicatura y por el asambleísta Andino.

La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, indicó que el informe estará listo el 30 de marzo, una vez  que sea analizada toda la información.