Como nunca antes la Función Legislativa se encuentra en un proceso de creación de leyes, que abarca prácticamente todos los estamentos del Estado. La asambleísta por la provincia del Guayas Viviana Bonilla habla con El Telégrafo sobre varios de los temas que se están tratando en el organismo del que ella es parte.

¿Qué posibilidades hay de que se reabran casos de corrupción del pasado que quedaron impunes?

En este tipo de casos el problema se torna político. Es verdad que en EE.UU. se reabren casos de treinta años y más, pero muchas veces están relacionados con la libertad de las personas. En nuestro país, en el caso de la terminal terrestre, sabemos que hubo perjuicio al Estado, pero nunca nadie fue sentenciado. El caso y las acciones civiles están prescritas. La única forma de que se pueda hacer algo es si la ley cambia y se vuelve  retroactiva, pero eso es imposible.

El problema es la impunidad. El Telégrafo puso en evidencia eso: vigas y losetas que no sirvieron, pero que se cobró por ello. La sentencia a la Fujita quedó en nada ¿Puede el Estado ecuatoriano emprender acciones legales por eso?

Las acciones legales las puede iniciar. Ese derecho no se le puede negar a nadie. Que el juez competente  dé paso a la solicitud es otro tema. Cualquiera que se sienta perjudicado puede tomar las acciones que considere; pero insisto, es el juez quien decide.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Para evitar estos problemas se incluyó la  temática en la consulta popular del pasado 7 de mayo. Los medios de comunicación deben dedicarse unicamente a hacer comunicación y la banca solo a ese negocio, para que no hayan empresas vinculadas y se perjudique al pueblo ecuatoriano.

Sobre el Consejo de la Judicatura transitorio, ¿cómo avanza la selección del delegado de la Asamblea?

Alianza País (AP) formó una subcomisión de tres compañeros que van a recolectar carpetas de los postulantes, luego el bloque decidirá por mayoría quién es la persona  idónea para el puesto. Nuestro delegado no será ni  asambleísta ni funcionario de la Asamblea. Tampoco puede estar afiliado a un partido político y obviamente debe tener una carrera profesional y gozar de  probidad notoria.

¿AP toma estas decisiones aisladamente?

El candidato de la Asamblea no es solamente de AP sino que tiene que ser consensuado con la oposición. Una vez que decidamos quién es nuestro candidato, entraremos en conversaciones para que la oposición también presente sus nombres o impugne las candidaturas.

¿Pueden, por su cuenta, los ciudadanos presentar carpetas ante la Asamblea?

No. Hemos establecido que sean asambleístas quienes las entreguen, lo cual no quita que si -de pronto- algún ciudadano quiere presentar su carpeta lo haga, pero a un asambleísta.

¿Tienen ya algún aspirante?

Hasta el momento tenemos cinco carpetas presentadas; hay plazo durante toda esta semana para seguir presentando las carpetas. De los nombres que han salido a la luz está el del doctor Germánico Maya.

¿Qué puede hacer la Asamblea para acelerar la designación del delegado de la Función de Transparencia y Control Social?

Aquí la Asamblea no tiene nada que ver, son instituciones como Contraloría, Superitendencia de Bancos, etc. las que deben tomar la decisión.

Sobre el proceso seguido en contra del jefe de la escolta legislativa implicado en el 30-S, ¿cómo avanza ese caso?

Él aduce que sufre de claustrofobia, que tiene problemas; nosotros queremos que ese hecho vergonzoso  no quede en la impunidad. Tenemos el precedente del  coronel Carrión, con quien no posó nada. La impunidad es terrible en el sistema de justicia. Las personas implicadas en este hecho deben ser sentenciadas, los ecuatorianos merecemos eso. Lamentablemente cierta prensa antes de que salgan las sentencias ya había calificado de inocentes a los implicados en el 30-S, eso influyó en la decisión de los jueces.

¿Hay la posibilidad de que suceda lo mismo con Rolando Tapia?

No lo descarto, si sucedió con el coronel Carrión, cualquier cosa puede pasar.

Sobre la Ley de Comunicación, ¿qué va a pasar en la Asamblea con el debate?

Bueno, ya llegamos al primer consenso y el proceso continúa. El Presidente por su parte está en todo su derecho de vetar la ley, nosotros no podemos responder por ese veto ni asegurar que no va a darse.

¿No le parece que eso es echar abajo la búsqueda de consensos?

Lo que pasa es que para ciertos sectores del país o de la oposición, llegar a  acuerdos  es hacer lo que ellos dicen o   quieren. Nosotros queremos una ley consensuada.

La oposición no quiere que vaya un representante del Ejecutivo al Consejo de Regulación, pero no podemos negar la presencia del Ejecutivo, porque el espectro radioeléctrico es del Estado y debe ser regulado por este. Igualmente, la comunicación es una política pública y entre las atribuciones del Presidente está regular las políticas públicas.

¿Hay la posibilidad de que se aplique el desacato si siguen las dilatorias al debate?

Quiero que la ciudadanía tenga claro que el único punto en el que no se llegó a un acuerdo fue la conformación del Consejo de Regulación. El 85% del proyecto anterior estaba consensuado.

Pero ahora hay un mandato del pueblo, que se expresó a través de la consulta.

Claro que sí, por eso no solo se puede aplicar el desacato sino que también el incumplimiento, que se puede aplicar a quien incumpla el mandato popular.