Ocho expedientes con los casos  de las víctimas del 30-S  son analizados y atendidos  por  una unidad de apoyo conformada por el  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con la Presidencia de la  República y el  Ministerio del Interior.

Los afectados heridos y familiares de los fallecidos durante el intento de golpe de Estado, el 30 de septiembre del 2010,  son atendidos  económicamente por varias comisiones. Sin embargo, ellos exigen  que   sancionen a los responsables.

Los procesos atendidos son los de: Juan Pablo Bolaños, David Morocho, Edison Pacheco, 2 expedientes del policía Froyland Jiménez, Edwin Panchi, niño Israel Pomboza y el policía Edwin Calderón Landeta.

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda informó que se han entregado bonos de 5.000 a 9.200 dólares, así como  viviendas  por un monto de 73  mil dólares.

Casos atendidos

En el caso de  Bolaños, transeúnte fallecido en esa jornada, los familiares recibieron una casa en Quitumbe (Quito) por 30 mil dólares, que  incluye los 5 mil dólares del bono de la vivienda.

En tanto,  los familiares del policía David Morocho (que murió por un impacto  de bala en el abdomen) obtendrán  un bono de 9.500 dólares para cubrir en parte el valor de una villa en Calderón (Quito).

En el expediente del electricista  Pacheco, quien falleció a los 17 años por el impacto de una bala, se reporta que sus familiares aún no entregan la documentación requerida por la Unidad Técnica del Miduvi para la vivienda o un bono.

A la familia del policía Landeta se destinaron dos tipos de ayuda: un bono de 5 mil dólares para la construcción de una vivienda  para Lidia Landeta (madre) y 9.200 dólares  para Alexandra Cadena (esposa).

En el expediente del soldado Panchi, la familia espera una ayuda especial por parte de la Presidencia, caso contrario se acogerán a las propuestas de bono o vivienda del Miduvi hasta finales de junio.

La familia del niño Pomboza espera su recuperación física total (fue herido de bala en una pierna)  para decidir  entre un bono o la vivienda.

El caso más complicado para la asistencia fue el del policía Jiménez, quien tenía dos familias. La primera, en Loja, donde  su esposa Mireya Torres recibió una vivienda  de 42 m2, en un lote de 252 m2.  En tanto que su conviviente en Riobamba, Mabel Ubidia, no aceptó el bono de 9.200 dólares; al igual que la madre del policía, Flor Granda, que rechazó  1.500 dólares para mejorar su casa.