El presidente Rafael Correa anunció que el incremento a 50 dólares del Bono de Desarrollo Humano regirá desde enero y será financiado con las utilidades del sistema bancario que suman más de 300 millones de dólares.

Durante el enlace ciudadano, el Mandatario explicó que el aumento requiere un desembolso de 323 millones de dólares. Para ello se realizará una “redistribución de la riqueza”, en referencia a los bancos.

El gobernante aclaró que si “a un banquero no le gusta” la medida, el Estado comprará el banco y lo nacionalizará. Y encargó para esta tarea a la ministra coordinadora de la Economía, Janeth Sánchez.

La medida ya había sido anunciada por Correa durante la sesión popular por los 192 años de Independencia de Guayaquil, efectuada el martes pasado.

Sin embargo, fue recién ayer que señaló desde cuándo entrará en vigencia y ahondó en más detalles sobre su financiamiento.

Pero, ¿cuál es el origen de este subsidio que ahora se convierte en tema de discusión de la campaña electoral? Corría el año 1998 y Jamil Mahuad gobernaba el país que atravesaba la peor crisis económica de su historia. Frente al cierre de los bancos, al aumento del desempleo y la alta inflación, el régimen ideó un plan para asistir a los más necesitados.

En cadena nacional el presidente anunciaba la creación del “Bono solidario”, que se lo conoció como el “bono de la pobreza”. El subsidio era de 100.000 sucres, es decir cuatro dólares al cambio de ahora.

Mahuad pidió apoyo a la jerarquía católica para que en las iglesias los pobres se registraran y a los bancos para realizar el pago en las ventanillas.

Desde ese momento a la actualidad han pasado 14 años y cinco gobiernos. Ahora el subsidio se llama “Bono de Desarrollo Humano” y está valorado en 35 dólares. De hecho, ahora es uno de los ejes de la asistencia social del Estado ecuatoriano a los más necesitados.

En el 98 era común ver en los medios las imágenes de cientos de mujeres haciendo fila en los primeros días del mes para cobrar el dinero. Los críticos entonces aseguraron que la medida era dar “caridad” a los pobres.

Pese a ello, el bono se ha mantenido y su entrega se ha perfeccionado. Con la dolarización el bono pasó a 15 dólares para las madres y 7 para los discapacitados y personas de la tercera edad.

Ahora el pago se hace hasta en cajeros automáticos, en el momento que el beneficiario quiera. Pero ya no es una entrega cualquiera, ya que en la actualidad hay una corresponsabilidad.

Todas las madres que cobran los 35 dólares tienen que llevar a sus hijos a la escuela y a controles médicos. Si no presentan la documentación que así lo certifica, pierden el beneficio.

La inscripción tampoco está en manos de la Iglesia Católica sino del Programa de Protección Social (PPS), que forma parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

La pensión ha sido unificada. Ya no hay diferencia entre los 1’899.531 beneficiarios. Madres, discapacitados, ancianos e incluso, varones reciben lo mismo.

Además, hay otro tipo de servicios. El bono viene acompañado con un seguro exequial, es decir, que si el beneficiario muere, la familia obtendrá recursos para los gastos de sepultura. Igualmente hay una indemnización de 500 dólares.

En estos casos, el PPS hace un trabajo para analizar si el bono puede pasar a alguien de la familia del fallecido.
También está el “Crédito de desarrollo humano”, que consiste en un préstamo para que el beneficiario monte una microempresa.