La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés),  organización que sigue las directrices del Departamento de Estado de EE.UU., en la actualidad brinda asistencia monetaria y  logística a 108 proyectos a lo largo del territorio nacional. Los ejes en los que se desarrollan estos planes son  de fomento de la democracia, desarrollo alternativo, crecimiento económico, ambiente, trata de personas e inserción laboral para ciudadanos con capacidades especiales.

Para la implementación de estos planes, la agencia norteamericana tiene  una serie de “socios” nacionales que son los encargados de ejecutar los cronogramas de trabajo. Entre los aliados que reconoce directamente la organización extranjera en su portal electrónico están el Grupo FARO (Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades) y la Corporación de Participación Ciudadana.

$ 19,8 millones invertidos en proyectos  políticos en el país

Ambos socios ejecutores desarrollan, desde finales de 2010 hasta el 2013, el programa denominado “Fortalecimiento de la Democracia a través de la Sociedad Civil”. Entre los objetivos planteados  en este plan, según lo publicado por la propia Usaid, está el “promover la conciencia y discusión de asuntos de actualidad relacionados con la democracia y tendencias políticas”.

También, el proyecto de sociedad civil  incluye “el apoyo a los medios (de comunicación) para su fortalecimiento, además de capacitación a periodistas, editores y directores”.

Este programa de tres años de duración tiene un presupuesto de 7,8 millones de dólares que son aportados en su totalidad por la Usaid.

Otro de los planes con una fuerte inversión norteamericana es el de “Fortalecimiento de la Justicia”, que arrancó en 2010 con miras a extenderse  hasta 2013 y que es ejecutado por la organización estadounidense East-West Management Institute.

Según lo anunciado por los coordinadores del programa, se busca  apoyar a grupos de la sociedad civil que vigilen los procesos democráticos y se  “monitorea” el equipo de trabajo y el desempeño de nuevas instituciones de justicia, así como la aplicación de leyes para implementar reformas en el área de justicia penal. Este plan tiene una inversión final de 6 millones de dólares.

El trabajo de la Usaid también llega hasta los niveles de gobiernos intermedios. El proyecto  de “Fortalecimiento Municipal” (Promuni)  capacita a los funcionarios de 30 gobiernos municipales   en la formalización de la participación ciudadana y para alcanzar una gestión eficaz en los cabildos.  De las 30 municipalidades que forman parte del programa, 20 se encuentran en la frontera norte de Ecuador, con Colombia, zona en la que la Usaid enfoca gran parte  de sus planes. El socio ejecutor de este programa -que tiene una inversión de $ 6,5 millones-  es la firma RTI International.

Críticas por injerencia

El presidente de la República, Rafael Correa, durante su último enlace ciudadano criticó que la Usaid financie a organismos como Fundamedios “que se encarga de defender los intereses de los medios de comunicación” en el Ecuador. Correa advirtió  que la nueva táctica de la extrema derecha es tener fundaciones que se encarguen de dar fondos para  la desestabilización de gobiernos progresistas.

Ante estas declaraciones, el director de Fundamedios, César Ricaurte, manifestó, a través de un comunicado, que la entidad no tiene vínculos financieros con la Usaid, pero, párrafos más abajo, aceptó que sí forman parte del programa denominado “Fortalecimiento de la Democracia a través de la Sociedad Civil”, el cual tiene un monto de inversión de $ 7,8 millones.

Este dato fue corroborado por Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, quien manifestó que la organización “pertenece a un colectivo que  trabaja en un proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil y que tiene financiamiento de la Usaid, que es una agencia estatal, no una ONG”.

Días atrás la investigadora y escritora norteamericana Eva Golinger denunció que varias organizaciones del país reciben fondos de la Usaid, una entidad que, según ella, tiene claras vinculaciones con la Central de Inteligencia Norteamericana (CIA, por sus siglas en inglés).

La Usaid ha sido acusada por varios sectores progresistas del área Andina de provocar acciones desestabilizadoras en la región. De la misma manera, la organización norteamericana fue vinculada al proceso de esterilización forzosa de indígenas peruanos entre 1995 y 2000 en el gobierno de Alberto Fujimori. 

Según el Ministerio de Salud de Perú, en ese periodo se esterilizó a 331.600 mujeres y 25.590 hombres. Los detractores de la medida aseguraron que la Usaid  financió el programa con 36 millones de dólares.

Este medio intentó comunicarse con los funcionarios de la Corporación Ciudadana para conocer su posición ante las críticas que ha recibido la institución por sus vínculos con la agencia encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar de los EE.UU. Inclusive el cuestionario de preguntas fue enviado a sus oficinas en Quito, pero aún no se obtiene respuesta.