El presidente Dwight Eisenhower, que dio un discurso en 1961 advirtiendo que el complejo industrial-militar se convertiría en una amenaza para la democracia de su país, se sorprendería de que su predicción se quedó muy corta, si pudiera observar hoy día en lo que ha derivado esa tendencia armamentista y militarista del sistema político, económico y social estadounidense. 

De acuerdo a múltiples investigaciones, se puede concluir que la política internacional de la Casa Blanca está más que mediatizada por todo un sistema en donde ese complejo industrial militar ha impregnado con sus intereses el sentido de las relaciones internas y externas de los poderosos grupos de poder estadounidenses.

El problema ahora no se circunscribe solo al tema de la producción de armamentos, sino a todo un complejo sistema de externalización de la inteligencia y privatización de la guerra, llevando al extremo el fenómeno privatizador neoliberal y desarrollando una estrategia más sofisticada para sostener la hegemonía de los EE.UU., bajo una modalidad de guerra secreta como práctica permanente.

Esta guerra clandestina tiene varias características, entre las más importantes tenemos:
a. Empleo sistemático de la externalización de inteligencia en su triple acepción e implicación: inteligencia, operaciones psicológicas, fuerzas especiales privatizadas, es decir, total generalización de las operaciones encubiertas.

b. En el terreno ideológico-cultural, el impulso de permanentes campañas comunicacionales con el objetivo de generar corrientes de opinión; es decir, manipular la opinión pública, haciendo trizas a la verdadera libertad de expresión y el derecho a la información.

c. Profusa utilización de ONG  y empresas que llevan a cabo múltiples tareas que van desde obtención de información de carácter estratégico hasta intervención directa en la vida política y social de las sociedades. La idea es contar con instrumentos que no “despierten sospechas” y sean parte de la “sociedad civil organizada”.

Es estudiando esta “nueva realidad” que se puede comprender los nuevos modelos político-militares de intervención que se están empleando actualmente, como fue el caso de Libia. Los intereses corporativos que han privatizado al

Estado estadounidense son los que se benefician de las actuales guerras de “baja intensidad” y de la infinita guerra contra el terrorismo y narcotráfico, que antes era la guerra contra el “cuco” del comunismo.

La tendencia privatizadora en la actual coyuntura histórica permite comprender cómo en el terreno de la seguridad y la defensa, el Pentágono traspasa sus funciones de rutina a las compañías militares privadas. Este fenómeno es conocido con diversas denominaciones: externalización, tercerización, subcontratación u “outsourcing intellygence”.

En este marco existen actualmente en EE.UU. varias centenas de empresas privadas que trabajan en “secreto” para la comunidad de inteligencia de los EE.UU. De acuerdo a periodistas de investigación estadounidenses, en Washington y sus alrededores existen 33 complejos de edificios para labores de inteligencia de alto secreto, juntos ocupan el equivalente a casi tres pentágonos o 22 capitolios.

En el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el número de contratistas es igual al número de empleados federales. El DHS depende de 318 empresas de servicios esenciales, incluyendo 19 empresas de dotación de personal que ayudan al DHS a seleccionar a los “célebres” contratistas.  Cada una de las 16 agencias de inteligencia oficiales de los EE.UU. depende de una red de empresas privadas.

¿Pero en este embrollo en dónde entra la Usaid? Precisamente la Usaid hace “negocios” con muchas empresas privadas relacionadas con la seguridad nacional de los EE.UU., como por ejemplo: General Dynamic, Booz Allen Hamilton , L-3 Communications, CSC, Northrop Grumman, SAIC, entre otros.

Colocando el nombre de estas empresas y la palabra Usaid  en los buscadores de Internet, usted, estimado lector, pondrá encontrar las múltiples actividades en que se ven envueltas esas empresas relacionadas con la Usaid, y se sorprenderá de lo que puede encontrar.

Esta fue una de las razones por las cuales la República de Bolivia  y también varios alcaldes de los municipios del departamento de Pando, dentro de la Amazonía, decidieron expulsar de sus jurisdicciones en el año 2008 a varias ONG y empresas que operaban en sus zonas con el financiamiento de la Usaid, al constatarse sus actividades desestabilizadoras.

El “outsourcing intellygence” (las empresas privadas que trabajan para la comunidad de inteligencia, en donde la Usaid es una pieza clave del eslabón) desarrolla operaciones secretas que evaden controles y escrutinios públicos, empleando paramilitares, mercenarios, o en el lenguaje de esas empresas de seguridad privadas, los contratistas. Los beneficios para las agencias federales incluyen “negación plausible” con respecto a todas las actividades clandestinas que ejecutan, pues privatizan de esas actividades lo permite, convirtiendo a la modalidad en la forma ideal de injerir en la soberanía de los Estados que le son incómodos a los intereses de  EE.UU.