El proyecto “Costas y Bosques Sostenibles”, que abarca tres provincias del Ecuador y se realiza con fondos estadounidenses por 13,3 millones de dólares, es motivo de análisis. Su ejecución está a cargo de la empresa Chemonics International Inc, la cual fue expulsada de Bolivia, según dijeron autoridades de ese país, por impulsar adoctrinamiento político e ideológico para desestabilizar al  gobierno.

El proyecto en Ecuador tendría grandes intereses económicos y de investigación, encaminados al control de importantes recursos naturales, minerales y energéticos, considerando el grado de dependencia que tienen con los EE.UU. Su objetivo sería conocer qué recursos naturales posee Ecuador y América Latina a fin de echar abajo las condiciones de negociación que plantea actualmente la región, lo que constituye una oportunidad histórica para asumir soberanamente la gestión económica y científica de dichos recursos.

Este nuevo proyecto sale a la luz luego  de que una investigación de  El Telégrafo reveló  que con 4,3 millones de dólares, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), estaría influenciando política e ideológica para desestabilizar al Gobierno de Rafael Correa, así como para echar al traste el Decreto 982 que regula a las ONG.

Ello con el argumento de  “fortalecer a la ciudadanía y la democracia” en el Ecuador, a través de los proyectos: “Fortalecimiento de la Democracia”, por 2,5 millones de dólares; y “Ciudadanía Activa”,  por 1,8 millones.

El proyecto “Costas y Bosques Sostenibles” es uno de los cuatro  que vuelven a encender las alarmas en el país por la supuesta injerencia política e intereses  que buscaría la Usaid, organismo que pese al pedido de información  no ha respondido (ver subnota con las preguntas enviadas por El Telégrafo, vía correo electrónico, el 3 de julio pasado).

Chemonics International Inc. y lo que abarca “Costas y Bosques Sostenibles”

A pesar de la escasa información oficial presentada por la Usaid a la  Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci), este Diario conoció que el socio implementador del proyecto “Costas y Bosques Sostenibles” es Chemonics Internacional Inc., empresa estadounidense con fines de lucro fundada en 1975 con influencia en 150 países.

Ofrece  servicios administrativos, asistencia técnica, investigación, capacitación, administración de subvenciones y comunicaciones, servicios financieros, desarrollo del sector privado, salud, gestión del medio ambiente, cuestiones de género, prevención y recuperación de la crisis, democracia y gobernanza, y agricultura. Además, es una empresa de consultoría especializada en desarrollo internacional que colabora con gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil y comunidades.

En el portal web de Servicios de Producción y Negocios, la “todóloga” Chemonics dice: “Somos consultores en Egipto y asesoramos a bancos para la adjudicación de pequeños créditos a microempresas y a los mercados desatendidos. Somos agrónomos en Afganistán y ayudamos a desarrollar la economía agrícola. Somos abogados en Rusia, donde trabajamos para crear un sistema judicial más independiente y transparente. Somos silvicultores en el  Ecuador, en donde ayudamos a conservar y a gestionar los recursos naturales. También somos profesionales de la salud en Filipinas, donde introducimos opciones de tratamiento contra la tuberculosis...”.

El proyecto “Costas y Bosques”, que inició en el país en junio de 2009, tiene financiamiento de  Usaid por 13,3 millones de dólares, de los cuales  8  han sido desembolsados en los  tres primeros años  de los  cinco  que tomará  su ejecución; aunque el 10 de enero de 2012 la Usaid pidió  una prórroga de dos años,  que aún está en análisis.

Como socios del proyecto constan las ONG: Fundación Altrópico, Ecolex, Rainforest Alliance; y  organizaciones de base como: Federación de Centros Chachi del Ecuador (Fecche), Parque Nacional Machalilla y el Consejo de Seguridad Ciudadana de Puerto López.

La estrategia de intervención -según documentos a los que accedió  El Telégrafo- se basa en implementar una serie de iniciativas para conservar hábitats críticos con alta biodiversidad en la Costa ecuatoriana, en beneficio de poblaciones asentadas en los alrededores, a través de alianzas con organizaciones locales, regionales e internacionales, garantizando la sostenibilidad de estos procesos...  

De primeros análisis efectuados por entes gubernamentales, se evidencia en el proyecto  una “fuerte intervención” entre la población de las zonas donde se ejecuta -en los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales-, para conseguir influencia técnica y jurídica para la formulación de leyes medioambientales. Además, “ejerce intervención directa en áreas protegidas del país”, a sabiendas de que “a nivel regional y mundial constituyen zonas estratégicas... por su megadiversidad”.

Las líneas del proyecto no muestran los mecanismos de evaluación por parte del Gobierno ecuatoriano, lo que “disminuye la soberanía en nuestro territorio y nos priva de una mirada crítica a la intervención de Usaid”, señalan los documentos.

También llama la atención que las  ejecutoras del proyecto sean grandes ONG de los EE.UU. como Rainforest Alliance y la misma empresa Chemonics Internacional. Esta última, incluso, actúa sin tener representación jurídica en el Ecuador, como lo confirmó Gabriela Rosero, titular de la Seteci (ver entrevista).

Chemonics fue una de las ONG expulsadas de Bolivia bajo la acusación de financiar intentos desestabilizadores contra el gobierno de Evo Morales. Ejecutó un proyecto denominado “Programas de Fortalecimiento de la Democracia”, financiado por los Estados Unidos a través de la Usaid, por un monto de 2678.648 dólares, entre octubre de 2006 y septiembre de 2008.

Coincidencialmente, en el Ecuador también existe un proyecto con igual nombre, monto y financiamiento  de la Usaid, como lo reveló El Telégrafo (“Fortalecimiento de la Democracia” que  en el país lo ejecuta  la Corporación Participación Ciudadana, entidad  ligada a Fundamedios). Ambas entidades,  en los últimos años, han mantenido una línea de oposición política e ideológica al Gobierno de Rafael Correa, aunque sus voceros lo niegan y dicen  que su posición es “política e ideológicamente independiente, que defienden el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa y expresión”.

En Bolivia, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que se habían empleado recursos del proyecto “Fortalecimiento de la Democracia” para contratar asesores con fines desestabilizadores. Entre ellos, a Juan Urenda, asesor de la junta Cívica de Santa Cruz y coautor del Estatuto separatista que promovió en 2008.  Según consta en la  web  www.cambio.bo/noticia, el 4 de abril de 2011, dos grupos sociales de Bolivia también alertaron   que la Usaid realizaba adoctrinamiento político a través de capacitaciones.

Las reacciones frente a la estrategia “suave” de EE.UU.

En Bolivia, el jefe de bancada del MAS, Edwin Tupa, a través de un manifiesto partidario  pidió hace algún tiempo  al Ejecutivo “analizar la expulsión de la Usaid” o regular su labor mediante un proyecto de ley, con el fin de contrarrestar las supuestas intenciones desestabilizadoras de EE.UU..

En el Enlace Ciudadano del 23 de junio pasado, el presidente Correa dijo que analiza la posible salida de Usaid. “Abrir los ojos  ciudadanos del Ecuador y de la ALBA. A través del financiamiento a la democracia que hace la Usaid se estaría buscando desestabilizar a gobiernos progresistas. Por eso estamos pensando en expulsarla de nuestros países”.  

Adoptará esa decisión no solo tomando en cuenta los hechos e investigaciones sobre la injerencia de Usaid, sino porque el 19 de junio pasado EE.UU. reiteró su disposición para financiar a grupos opositores en algunos países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Usaid, reconoció que Washington prioriza el apoyo a las fuerzas opositoras que “están luchando por los derechos humanos y la democracia” en esas naciones, según lo recogieron  Prensa Latina y otros medios internacionales.

Feierstein confirmó que la Casa Blanca mantiene una estrecha relación y entrega fondos a sectores antigubernamentales radicados en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, sin precisar cifras.

Con respecto a la injerencia de la Usaid en Bolivia y otros países, el periodista francés Thierry Meyssan, al ser entrevistado en Telesur -hace poco- se refirió a la nueva estrategia de los EE.UU. para impulsar golpes no violentos,  “golpes suaves”.

“Desde hace 30 años EE.UU. ha buscado nuevos medios para realizar golpes de Estado. Después de los grandes escándalos que hubo sobre crímenes de la CIA, EE.UU. encontró nuevos medios y recursos, entre ellos, métodos no violentos... y por otro lado acciones clandestinas clásicas. Lo original del asunto es que el proceso se basa en la división del pueblo, en hacer oponer a la gente unas a otras, y el trabajo sucio va a ser hecho por gente de buena fe, pero que no se da cuenta de que son manipulados y utilizados contra su propio interés”, explicó.

Para Mónica Bruckmann (socióloga, doctora en ciencias políticas, investigadora de la Red Unesco y de la  ONU sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable),  en América del Sur el control del agua dulce representaría uno de los principales objetivos, así como del potencial para generar  energía hidroeléctrica y el control sobre uno  de los sistemas ecológicos con mayor  concentración de biodiversidad del mundo, lo que significaría también el control de un campo de punta en la investigación, ligada al avance de la biogenética.

Elsa Bruzzone (politóloga argentina, historiadora y especialista en geopolítica, estrategia y defensa, autora del libro “Las guerras del agua”), va más allá al señalar que es preocupante no solo la presencia de agencias de EE.UU. sino del Banco Mundial y agencias gubernamentales de países centrales, desarrollando proyectos de estudio (bioprospección) en la región: verdaderos ADN para conocer, por ejemplo, el real potencial de la Amazonía.