Concebido como año electoral, 2012 no es ajeno a las preocupaciones del gobierno de Barack Obama. Quizá, por eso, a través de organizaciones no gubernamentales como Fundamedios y Grupo Faro, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  (USAID)  financia dos proyectos con la sociedad civil  que buscaría fortalecer la democracia en el Ecuador, con una inversión de  4,3 millones de dólares. 

Con esos recursos, la  USAID también buscaría   liderar una campaña conjunta con las  Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del país en contra del Decreto 982, para evitar  que el Estado regule las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El objetivo sería “concientizar” a la sociedad ecuatoriana de que lo mejor sería que las ONG se guíen por su propio  código de ética, en donde no haga falta ningún tipo de regulación estatal.    

Aquella intención  se estaría fraguando a través del convenio “Fortalecimiento a la Sociedad Civil en el Ecuador” o también denominado “Ciudadanía Activa”,  ejecutado por  Grupo Faro y Fundamedios, ONG opuestas al Gobierno,  que llevan adelante una  campaña en  contra del Proyecto de Ley de Comunicación y del Decreto 982. En el convenio también participan Fundación Esquel y el Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio (FEPP).

El proyecto “Fortalecimiento de la Democracia”, en cambio,  lo ejecutará  Corporación Participación Ciudadana, organización a liada de Fundamedios, cuyas acciones han evidenciado una oposición al régimen.

El objetivo: “Fortalecimiento a la Sociedad Civil en el Ecuador”

El proyecto “Ciudadanía Activa”, firmado el 29 de diciembre de 2010, se planificó  para un plazo de 29 meses, periodo en el cual la  USAID desembolsaría  2’580.000 dólares, como consta en el convenio -redactado en inglés- al que tuvo acceso El Telégrafo (ver facsímiles) y que está  dirigido al director de Grupo Faro, Orazio Bellettini Cedeño, por parte de John R. Taber, Oficial de Acuerdo Regional de la USAID.

Sin embargo, la  USAID dice ahora que  el convenio es por 1,8 millones de dólares, mientras que Faro indicó que es por  1,3 millones.

Entre las actividades previstas en el proyecto -financiado  con dinero del Gobierno de EE.UU.-  figuran, por ejemplo, aumentar las capacidades de incidencia y vigilancia de las OSC, con especial atención al Consejo de Participación  y a las instituciones relacionadas con el control y regulación de la comunicación, a través de talleres, foros, capacitaciones en estrategias de presión y vigilancia (lobby).

Otra de las acciones es “mejorar la capacidad de incidencia en políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, para propiciar un marco legal más favorable a las actividades de las OSC”. Para esto se contaría con la asesoría local de Fundamedios y del Centro Internacional de Organizaciones sin fines de lucro  (conocido  como International Center for Not-for-Profit-Law). 

En coordinación con Fundamedios prevé la realización de talleres, capacitaciones, mesas redondas con periodistas, reporteros, articulistas y representantes de medios de comunicación, a nivel nacional y regional sobre la libertad de expresión y de prensa. Esas actividades deben culminar con la producción de reportajes y artículos relacionados en los medios participantes.

La idea también es generar sistemas de información -de acceso público- sobre   procesos legislativos, políticas públicas, generar publicaciones periódicas de temática,   y herramientas de información y comunicación alternativa. Además,  diseñar una estrategia de comunicación (incluyendo un espacio permanente en radio, foros, redes sociales y blogs) con el fin de incentivar el debate público sobre democracia, libertad de asociación y de prensa, rendición de cuentas, participación, control social y transparencia. 

Para concretarlo, se prevé establecer grupos ciudadanos y observatorios para “monitorear” instituciones claves del Estado, incluyendo la Función de Transparencia y Control Social y  a las encargadas de regular la comunicación, aunque no menciona cuáles son esos entes.    

Según el convenio, firmado directamente entre USAID y Grupo Faro, y que tiene como subcontratadas a Fundamedios, Esquel y el FEPP, el objetivo sería también desarrollar un “manual para la participación ciudadana, control social e incidencia en la política pública”, dirigido a las OSC y al público.

Entre las acciones previstas están talleres de  apoyo a políticas públicas, participación ciudadana y control social en varias ciudades   para las OSC que trabajen en fortalecimiento de la democracia y  las  ONG que manejan proyectos de este tipo,   financiados por la USAID.  
Este proyecto, que concluirá el 30 de junio de 2013 -luego de las elecciones generales en el país-, está en plena ejecución. Según consta en la web  http://sectorsocial.org: “El 19 de marzo de 2012 en la Universidad Casa Grande, en Guayaquil, se dio inicio al programa Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es parte del proyecto Ciudadanía Activa, ejecutado por Faro, Fundamedios, Fundación Esquel, el FEPP y la Red ONG de Guayaquil (AROG), con auspicio de USAID”.

Se argumenta que “este programa tiene como objetivos fortalecer la capacidad de organizaciones de la sociedad civil del Ecuador para incidir efectivamente en instituciones, procesos democráticos y en la sujeción a los principios democráticos; y además fortalecer la capacidad de las organizaciones para desarrollar iniciativas de sostenibilidad...”.
También se resalta que “en el programa participan directivos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de diversos sectores del Ecuador, quienes revisarán y discutirán  temas relacionados con sostenibilidad de las organizaciones y su rol en el desarrollo, marco legal y estratégico, planificación organizacional y de proyectos, gestión financiera y contable, evaluación y sistematización de proyectos sociales... e incidencia política”.      

Reacciones encontradas

Los antecedentes revelan que el  proyecto “Ciudadanía Activa” sería parte de un plan   estratégico, financiado por los EE.UU. para incidir en la política ecuatoriana. Sin embargo, el 8 de julio de 2011 diario El Universo  salió al paso para desmentirlo:   “La USAID descarta que pretenda desestabilizar el gobierno de Correa o intervenir con algún tipo de ideología política a través de los proyectos que financia sobre fortalecimiento de la sociedad civil”, reza una de sus publicaciones disponible en el sitio web: http://www.eluniverso.com/2011/07/08/1/1356/ proyectos-usaid. 

El rotativo guayaquileño que en los últimos años  ha asumido el rol de opositor al Gobierno y que por uno de sus artículos “injuriosos” fue enjuiciado por Correa,  sentenciado   y después perdonado por el ofendido, recordó:  “En uno de los enlaces sabatinos el Mandatario la criticó (a USAID) por financiar a organizaciones nacionales como Fundamedios y Participación Ciudadana. La primera explicó que los fondos son indirectos, porque participa en un proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil que lo coordina  Grupo Faro”.    

En el caso del trabajo sobre fortalecimiento de la sociedad civil, Laura McKechnie, coordinadora de la oficina de USAID en el Ecuador defendió los financiamientos de los EE.UU. manifestándole a El Universo que el apoyo a las organizaciones sociales es importante para garantizar una democracia fuerte  y que, para implementar los proyectos, incluso  trabajan con la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) y la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).

Aparentemente, el  proyecto no escondería nada y sería de conocimiento de las autoridades. Sin embargo, según un informe al que tuvo acceso El Telégrafo, se establece que el proyecto de “Fortalecimiento a la Sociedad Civil en el Ecuador” o  “Ciudadanía Activa”  se ubica en un contexto político delicado en las relaciones Estado-OSC  enmarcado en el anuncio, por parte de la Secretaría de Pueblos, de   mejorar las reglas de juego para regular las actividades de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que operan en el país. 
Además, se ubica un año antes de  un proceso electoral, cuando la oposición política estaría reorganizándose de cara a los comicios, justamente a través de nuevos movimientos ciudadanos, grupos políticos y agrupaciones.  

Hechos que han incrementado las dudas y las denuncias

La ex embajadora de los EU.UU. en el Ecuador, Heather Hodges,    a través de los   cables diplomáticos  que realizó cuando estaba en el país y que fueron revelados a la ciudadanía, el mes pasado, por diario El Telégrafo, indicó a su gobierno: “Hemos comenzado (en el Ecuador) la construcción de esta red, discutimos los problemas fundamentales con los contactos de la Embajada y aliados posibles (…)”

“Algunos de nuestros contactos han tomado el asunto en sus propias manos (…) se han unido y están difundiendo un nuevo programa  dedicado a cambiar las actitudes. Otro grupo ha propuesto la creación de un grupo de expertos (…) para cambiar el discurso público sobre numerosos temas... Para ayudar a cambiar las actitudes ecuatorianas (…) tenemos que demostrar que el Gobierno de EE.UU. está interesado en el desarrollo social, económico y político del Ecuador...”, señaló.  

En su época de embajadora, recomendó a su gobierno poner en práctica acciones como “identificar los sectores, regiones e instituciones relevantes a los intereses de la política de los EE.UU. Traer expertos estadounidenses y comunicadores para ampliar el debate sobre cuestiones prioritarias como democracia, reforma a la educación,  a las pensiones, a sistemas de salud,  de los sectores del petróleo, eléctrico y telecomunicaciones”.      

En la página web de la revista “Siempre” (http://www.revistasiempre.com) consta: “Eva Golinger, investigadora y periodista estadounidense asegura que muchas organizaciones ecuatorianas, algunas vinculadas al movimiento indígena, reciben fondos financieros del Departamento de Estado a través de la USAID  y la  National Endowment for Democracy (NED) para desestabilizar al Gobierno de Correa”.  

Añade que “cuando se trata de desestabilizar gobiernos, EE.UU. con la USAID, NED, CIA y DEA no escatiman planificaciones y proyectos públicos o clandestinos que les permita cumplir sus objetivos geoestratégicos de dominación...”.

Correa  denunció en mayo de 2010, en el Enlace Ciudadano desde Machachi (Pichincha), que más de 50.000 ONG operan en Ecuador,  muchas de ellas sin control y sin pagar impuestos al fisco. Manifestó que “en la época neoliberal nadie hacía empresas para no pagar impuestos, sino que hacían fundaciones y, en la actualidad, muchas de ellas se dedican a actividades políticas  cuando la ley lo prohíbe”.

El 21 de junio de 2011, Correa volvió a alertar:  “Hay organizaciones no gubernamentales  que son una verdadera incógnita, incluso aquí hay financiamientos para actividades políticas ilegítimas”, y fustigó especialmente a las que se dedican a la supuesta formación de líderes.

Según lo recogió en esa fecha el Ciudadano.com (http://www.elciudadano.gob.ec), el presidente se preguntó: “¿De dónde mandan plata a las ONG? De la extrema derecha a Estados Unidos para formar líderes y todos sabemos lo que se busca”.  Dijo  que a estos temas se les debe prestar  “gran atención” y afirmó que seguramente cierto sector de la prensa “va a desbaratar” la verdadera intencionalidad de la propuesta.

El   5 de junio pasado,  en la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en la ciudad boliviana de Cochabamba, el presidente ecuatoriano revivió el tema de la influencia de las ONG al decir: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está totalmente influenciada por países hegemónicos, por el oenegeísmo (Organizaciones No Gubernamentales) y por intereses del gran capital”.

Cuestionó a la CIDH, pues la señaló como defensora de la “libertad de extorsión del periodismo” y pidió urgentes reformas que acabaran con “su espíritu de ONG” que sirve a corporaciones. Además, resaltó que “el peligro para la democracia y la verdadera libertad de expresión es el mal periodismo y los negocios que utilizan principios sublimes”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Una treintena de ONG americanas rechazaron ese mismo día el planteamiento para introducir reformas en la CIDH.  “Que los países de la OEA entiendan que no se pueden alcanzar liderazgos globales sin un genuino compromiso con la realización de los DD.HH.”, señaló un  comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) enviado a la AFP y recogido de inmediato  por la prensa privada internacional y local. 

El miércoles pasado, la secretaria de Estado Adjunta de  EE.UU.  para Latinoamérica, Roberta Jacobson, también salió al paso para criticar a Correa y  se comprometió a defender a la CIDH  ante las “presiones” para modificar sus estatutos. Ese mismo día, coincidencialmente, el diario estadounidense Los Angeles Times publicó en su editorial que la tesis de Correa  sobre la CIDH es “una tontería”  y que “las intenciones del presidente ecuatoriano, secundado por otros países americanos, se explican en la resistencia que tienen algunos gobiernos de la región a ser censurados por organismos independientes  cuando incumplen con los derechos humanos”.

El perfil de la USAID y sus argumentos

United States Agency for International Development (USAID), que en español significa  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, es la entidad que  financia en el Ecuador, a través de organizaciones no gubernamentales, dos proyectos que han generado sospechas y que suman alrededor de 4,3 millones de dólares para  un  período de ejecución de 2010-2013.

La  agencia estadounidense se encarga de distribuir la mayor parte de   ayuda del exterior de carácter no militar. Pese a recibir directrices estratégicas del Departamento de Estado de EE.UU. (que forma parte del poder ejecutivo de ese país),  se dice un organismo independiente.

Entre las competencias del Departamento de Estado está asesorar al Mandatario norteamericano en política internacional y proteger a sus ciudadanos, empresas e instituciones en el exterior.

Según consta en la web  http://es.wikipedia.org/wiki/USAID, “La Agencia ha sido objeto de duras críticas, acusándosele frecuentemente, al igual que en el caso de la Fundación Nacional para la Democracia, de trabajar en colaboración con la CIA o de realizar actividades propias de la misma en diversos escenarios, como desestabilización de gobiernos no alineados con las políticas de los Estados Unidos, usando distintos medios”.

Representantes de la USAID en el  Ecuador respondieron, vía correo electrónico, los alcances del convenio. En lo relacionado exclusivamente al financiamiento de proyectos con la sociedad civil,  indicaron que están destinando  2,5 millones de dólares para el proyecto “Fortalecimiento de la Democracia”  y 1,8 millones de dólares al proyecto “Ciudadanía Activa”.

Justificaron sus aportes e injerencia internacional  diciendo que  “en Ecuador, al igual que en todos los países del hemisferio y del mundo, las organizaciones de la sociedad civil son pilares esenciales para la construcción de una democracia fuerte y saludable, ya que son canales fundamentales de comunicación e interacción entre la ciudadanía y los Gobiernos”.

Indicaron que en todas sus áreas de trabajo (ambiente, crecimiento económico, democracia y desarrollo alternativo), “trabajamos con el sector público y la sociedad civil”, y que en el área específica de democracia han apoyado a la sociedad civil con  programas de fortalecimiento de gobiernos locales, elecciones transparentes, combate a la trata de personas y reforma de la justicia...”.

“En cuanto a proyectos enfocados exclusivamente a la sociedad civil, en la actualidad brindamos apoyo para la ejecución de dos proyectos: (a) Fortalecimiento de la Democracia, de la Corporación Participación Ciudadana; (b) Proyecto Ciudadanía Activa, de Grupo Faro.  Cabe señalar que esas organizaciones cuentan también con el apoyo de otros cooperantes, además de USAID”, manifestó.

Según ellos, a través del proyecto “Ciudadanía Activa”, Grupo Faro apoya, entre otras actividades, los esfuerzos de la sociedad civil con el fin de mejorar su entorno legal y regulatorio; y promover mecanismos de transparencia en organizaciones que conforman este sector. Adicionalmente, a través de un fondo competitivo, este proyecto financia pequeñas donaciones a organizaciones locales para desarrollar proyectos en áreas afines a la democracia. También fortalece las capacidades técnicas y organizacionales de varias organizaciones locales”.

Reconocen que para la ejecución de este proyecto, firmado en diciembre de 2010, Faro ha promovido una alianza con  Fundación Esquel, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y Fundamedios.

En cambio, a través del proyecto Fortalecimiento de la Democracia, la Corporación Participación Ciudadana apoya el desarrollo de veedurías ciudadanas que monitorean la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LOTAIP), así como mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana en los gobiernos locales, incluyendo la “silla vacía” que permite a los ciudadanos participar en las reuniones de los gobiernos locales.

Admiten apoyar la realización de foros y debates abiertos a la ciudadanía, pero para “propiciar la discusión de asuntos relacionados con la democracia, como por ejemplo el rol y desafíos de las nuevas instituciones creadas a raíz de la Constitución de 2008, así como el rol de la sociedad civil en la democracia.  Por medio de actividades educativas en colegios, el proyecto enseña conceptos de participación democrática en consejos estudiantiles”.

Frente a la pregunta  ¿tiene fundamentos o no creer que se trata de un proyecto de la USAID para adoctrinar a sectores opositores al Gobierno del presidente Correa?, contestaron: “De ninguna manera.  Los programas de cooperación que financia el gobierno de los Estados Unidos en el Ecuador, a través de la USAID, buscan apoyar los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano y de la sociedad civil... Ninguno de los proyectos de la USAID tiene una línea partidista; todos los proyectos están diseñados técnicamente y abiertos a la participación de las diversas organizaciones, tendencias  y grupos ciudadanos del país”.

Destacaron que “USAID coordina e informa sobre el diseño e implementación de todos sus proyectos con el Gobierno ecuatoriano, a través de la  SETECI, Senplades y los ministerios del área en las cuales se trabaja”.