Hoy culmina el plazo para que las comunas, comunidades, organizaciones, pueblos y nacionalidades que se inscribieron en el proceso de consulta prelegislativa para la Ley de Recursos Hídricos entreguen los resultados a las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Chimborazo, en este proceso se inscribieron 381 organizaciones, que realizaron el análisis de la norma hasta la semana pasada.  

Uno de esos estudios lo efectuaron las comunidades asentadas en la microcuenca del río Chambo. Entre los temas abordados estuvieron las tradiciones, lugares rituales y sagrados que hay en Chimborazo, por lo que los habitantes proponen un mecanismo de protección a estos sitios. Esa tarea, propusieron, que esté en manos de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia.

El otro gran tema discutido fue la protección de las fuentes de agua. Las comunidades de Atillo y Ozogoche aclaron que no se trata de imponer sus  normas, sino de negociar respetuosamente con el Estado central la autonomía de dichas comunidades.

Hugo Vinueza, quien es parte del Comité de Gestión de la subcuenca del Chambo, explicó que “esta reunión nos ha servido para socializar el tema, hemos capacitado a las personas para que estén informadas de qué es la gestión y tomar una decisión con conocimiento de causa; conocer los problemas que puedan existir y de esta manera opinar y dar una solución. Es decir, establecer una participación que sea efectiva; no solo solicitar cosas, sino más bien intercambiar ideas”.

En Tungurahua hablan de autonomía

En Tungurahua 160 organizaciones se inscribieron en la consulta prelegislativa. El 20 de marzo pasado fue la última reunión de socialización sobre el proyecto de Ley de Aguas.

Fredman Guerrero, organizador del encuentro, señaló que en la “Asamblea del Agua” se establecieron estrategias de fortalecimiento en su organización para proteger las microcuencas. “Los representantes del agua y de los páramos requerirán que en la nueva Ley de Recursos Hídricos sean ellos quienes fijen las tasas y tarifas del líquido vital y no la Secretaría Nacional del Agua (Senagua)”, aseguró el líder social.

Luego de los diálogos de socialización, los representantes de cada organización  recogieron opiniones de la ciudadanía en relación a las competencias de cada entidad.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) está a la expectativa de los resultados de la consulta prelegislativa. “Los alcances que ha tenido esta consulta los queremos ver realizados en la Asamblea Nacional; caso contrario resultaría como un justificativo de los pueblos y se pasaría la ley como estaba y no hubiéramos ganado nada”, comentó Jorge Herrera, vicepresidente de la agrupación.

Con la entrega de los resultados, arrancará la fase de análisis de las propuestas  y el cierre de la consulta prelegislativa. Entonces la comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional compilará los resultados en un plazo de cinco días. La asambleísta de Alianza PAIS, Irina Cabezas, es quien preside este suborganismo.

Cuando concluya ese trabajo, en forma inmediata el órgano legislativo convocará, a los representantes de las organizaciones titulares de derechos colectivos para ser consultados (cada entidad podrá enviar hasta tres delegados), a las respectivas audiencias públicas provinciales que se realizarán en un plazo no mayor de 30 días.