El 22 de enero de 2002 cientos de estudiantes azuayos se congregaron en  el estadio Alejandro Serrano Aguilar para festejar la inauguración de las Jornadas Deportivas Provinciales. Pero el convulsionado ambiente nacional -marcado por la inestabilidad del gobierno de sucesión de Gustavo Noboa ante el derrocamiento de Jamil Mahuad- trastocó la agenda.

Un puñado de colegiales, en compañía de universitarios, decidió  abandonar la concentración para unirse a otra de carácter más político. En las inmediaciones de la Universidad Central de Cuenca poco a poco se    congregaron decenas de personas que se preparaban para realizar una manifestación en contra de la privatización de los servicios públicos y de las entidades educativas en el país.

Como consecuencia de las protestas, un grupo de  estudiantes retuvo a dos autobuses urbanos   que provocó la llegada de los piquetes de Policía a la escena. La medida de represión fue inmediata por parte de los uniformados que, en su mayoría, optaron por dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Entre los protestantes de aquella jornada estaba   Damián Peña Bonilla, estudiante de cuarto curso del colegio César Dávila, junto con otros compañeros de aulas. Ante la arremetida de los gendarmes, Peña y sus amigos se refugiaron  en las instalaciones del instituto superior cuencano.

Uno de los acompañantes de Peña relató a la Comisión de la Verdad, entidad creada para investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos entre 1984 y 2008, los sucesos posteriores a su llegada a la universidad:

“Pudimos observar a un policía en el segundo poste al lado de los Seguros Salud, quien apoyaba la parte derecha del cuerpo al poste y apuntaba con un arma con el brazo izquierdo(…) se escucharon dos disparos(…) el estudiante Damián Peña se agachó, pero se quedó con los brazos en el cerramiento. En ese momento todos pensamos que solo se estaba cubriendo, pero luego se cayó de lado y en ese momento nos dimos cuenta que lo habían herido(…) tenía una herida de bala que le sangraba en la frente”.

Aún con vida Peña fue trasladado de urgencia a  la clínica Santa Inés. Horas después se corroboró que el estudiante había muerto por el  impactado de un proyectil de arma de fuego a la altura de la ceja izquierda.

En las investigaciones posteriores  se entregaron a la Fiscalía del Azuay las armas de los uniformados que participaron del operativo en la Universidad de Cuenca. Sin embargo, se presentaron 24 armas a pesar de que ese día estuvieron 38 elementos de la Policía Nacional. 

Actuación judicial

Sonia Bonilla Brazales, madre de Damián Peña Bonilla, presentó la denuncia en la Fiscalía el 13 de enero de 2002, pero el caso ha  demorado injustificadamente   más de 6 años y, según manifiesta, hubo múltiples violaciones al debido proceso.

El 22 de enero de 2002 acudió a rendir su versión libre y voluntaria a la Fiscalía en la cual manifestó: “he escuchado comentarios de algunas personas que afirman que el autor del hecho podría ser el capitán Omar León Guerrero, el teniente Dorian Calderón, el teniente Castro y entre ellos puede estar el asesino de mi hijo, llamándome la atención la presencia del capitán Omar León el día de la autopsia, el día de la velación y el día del entierro”.

En la investigación realizada por la Fiscalía no se ha logrado determinar indicios de responsabilidad que conlleven a la siguiente etapa del proceso, ya que hasta la presente fecha no se ha emitido dictamen fiscal.

Sonia Bonilla interpuso una demanda por inadecuada administración de justicia y por violación al derecho a la jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de la ciudad de Cuenca en contra de la Procuraduría General del Estado en las personas de sus representantes. Es así que demandó a Óscar Medardo Guillén que ejerció el cargo de agente fiscal segundo de lo Penal del Azuay. El 21 de enero de 2008, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo resolvió declarar sin lugar la demanda.