Rodrigo Quezada,  alcalde del cantón Santa Isabel, de la  provincia del Azuay, firmó un convenio “de buena fe” con el empresario Jorge Eljuri Antón, por un caudal de 15 litros de agua  por segundo, de la concesión que   Eljuri tenía  33 litros y que le fue retirada por el Estado, debido al mal uso del recurso.

La firma se realizó sin tomar en cuenta el artículo 318 de la Constitución, en el que se determina que el agua no puede dotarse a las poblaciones  desde el sector privado.

Este acuerdo  se dio tras la aprobación de la  Constitución de Montecristi (2008), en  mayo de 2010.

Antes de la reforma constitucional, Eljuri entregaba agua a 600 familias a través de su sistema personal de tuberías que transportaba el agua de las vertientes de su concesión hasta las propiedades.  

“En el camino de la tubería, a unos daba para consumo humano, a otros para riego. Obviamente cobraba (...) una base de  dos y tres dólares, de lo que dice la gente, aunque no sé el detalle ni planilla de cobro”,  manifestó Quezada.

Después de que el empresario suspendió  la dotación de agua “firmamos el convenio. Antes de suscribir pedimos a la Senagua, en 2008 y 2009, que nos ratifique el convenio (que firmaríamos) o que nos den la concesión. Ni una, ni otra cosa”, aseguró el alcalde.  

July Ortiz, concejal de Santa Isabel, precisó que el convenio fue firmado solo por el alcalde Quezada, sin someter la decisión al Concejo.

“Todo lo relacionado a convenios necesitan de la aprobación del Concejo y no puso en consideración, no sometió a votación,  tampoco avisó cuando lo firmaron”, aseguró Ortiz,   al precisar que el burgomaestre les pidió ratificar lo actuado.

“Él (Quezada), a nombre de la Municipalidad, pide que se  revierta la decisión de Senagua y se devuelva la concesión a Eljuri (...) no informa, nos enteramos  lo que pasaba, respecto a  la reversión, por lo que salió en los medios”, acotó Ortiz.

En tanto, Quezada defiende lo actuado: “es un convenio de buena fe, lógicamente no está dentro de derecho a partir de la nueva Constitución. Pero ante la falta de  dotación de agua para las 600 familias y no tener la atención del Gobierno ni de Senagua, buscamos un acuerdo de buena fe, hasta cuando  Senagua le dé la concesión al Municipio”. 
Aseguró que la dotación de agua, con la tubería de Eljuri y bajo el acuerdo, alcanzó a 2.000 familias.

Senagua entrega concesión a Municipio de Santa Isabel

La resolución emitida por  Senagua,  que retira  la concesión de derecho de agua del empresario Eljuri, por mal uso del recurso, dice que el Municipio de Santa Isabel debe encargarse de  la concesión, de manera provisional, para que dé agua a las comunidades.

Juan Pablo Martines, subsecretario de Senagua, dijo que el Municipio puede actuar, “sin perjuicio de  que se siga el trámite normal, a través de autorización” y cuando salga la concesión a su favor, el Municipio podrá disponer de forma  definitiva del agua.   

Pero la tubería, al momento,  sigue  dañada. Según Senagua, una noche antes del 26 de abril, cuando se emitió la resolución,  personas que no han sido identificadas rompieron el sistema. Quezada aseguró que Eljuri daba mantenimiento.   “Nosotros conocíamos de eso. Él invirtió -en 2010- 100 mil dólares en reparación. Como Municipio lo ayudamos, con el ingeniero de agua potable, al seguimiento”, indicó.

Quezada solicitó que el agua se entregue a su Alcaldía, pero ya lista para ser distribuida  en las tuberías, y no en las vertientes  que están a 14 kilómetros del cantón. Además, acotó que si  las autoridades buscan el paso de la infraestructura de Eljuri al Municipio, con la reversión de su concesión, se debería cancelar las inversiones  del empresario, de 24 millones de dólares.

La resolución de Senagua determina que no   devolverá montos de inversión, porque las obras no tuvieron permisos.