En la parroquia Abdón Calderón, territorio que se disputan Guayas y Azuay, los habitantes se encuentran tensos.

La tarde del jueves hubo un enfrentamiento que dejó como saldo dos personas heridas. Ambas fueron trasladadas a una casa de salud en Cuenca, donde se recuperan de sus lesiones.

Los pobladores temen que esta escena se repita a pesar del entendimiento de sus prefectos para que sean los habitantes quienes decidan a qué provincia quieren pertenecer a través de una consulta popular.

El incidente provocó un cruce de tuits entre simpatizantes de Marcelo Cabrera, prefecto del Azuay, y quienes respaldan a Jimmy Jairala, prefecto del Guayas.

La autoridad guayasense se encuentra fuera del país. La viceprefecta, Mónica Becerra, quien es acusada por los azuayos, no se pronunció a pesar del pedido de una entrevista por parte de este diario.

A varios kilómetros de esta comunidad, en Muisne, cantón esmeraldeño, también hay nerviosismo. Una pugna entre los ediles y el Alcalde provocó que este último fuera destituido del cargo en una sesión inusual realizada en una parroquia rural.

Ayer, la isla fue militarizada con el fin de evitar un choque entre allegados de un bando y otro. Una asamblea popular dio su apoyo al burgomaestre, Eduardo Proaño.

El respaldo también provino de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Su titular, Daniel Avecilla, rechazó el intento de desestabilización.

Alerta en parroquia

José Bueno, residente de Abdón Calderón, dijo que los pobladores están en alerta por lo que pueda pasar en las próximas horas.

Sostuvo que hay rumores de una nueva llegada de personas procedentes del Guayas. “Todos estamos listos para defender nuestro territorio”, dijo, tras señalar que técnicos del Consejo Provincial del Azuay aún se encuentran en la zona definiendo planes de trabajo con los moradores.

Mientras tanto a Cuenca llegó Víctor Bueno en compañía de su madre María Yunga, de 65 años. Su arribo tuvo como fin tratarlo en el hospital Vicente Corral Moscoso, de una herida en su brazo derecho, infligida supuestamente por un manifestante guayasense.   

Bueno presentó una denuncia en la Fiscalía del Azuay por intento de asesinato contra tres personas, según indicó el concejal Iván Granda, quien acompañó a los pobladores de Abdón Calderón.         

A decir de los habitantes, los problemas se registraron en la tarde del jueves, cuando llegaron varias personas provenientes de Guayas y trataron de destruir el monumento que está en el parque central.

Bueno, quien además es presidente del Comité Sur de Molleturo, aseveró “que arribaron personas enviadas por la Alcaldía de Balao”.

Acusó a la viceprefecta del Guayas, Mónica Becerra, de quien dijo fue la persona que “dirigió el operativo en contra de la población”.

Añadió que alrededor de cien personas “arremetieron contra la gente que protegía el monumento”. “Uno de ellos sacó un cuchillo e hirió a mi madre, mientras otro habitante fue golpeado con una piedra en la cabeza. Por fortuna no ha sido afectado su cerebro”, expresó el dirigente de la comunidad.

Acusación a funcionaria

El prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, ratificó la voluntad de continuar en el proceso de acuerdos para solucionar las indefiniciones de límites entre Guayas y Azuay.

Demandó igual acción de parte de las autoridades de la provincia costeña. “Precisamente ayer la señora Viceprefecta del Guayas, conjuntamente con el Alcalde de Balao, aprovechando que el prefecto titular, Jimmy Jairala, está en el exterior, ingresaron a la población provocando incidentes que ponen en riesgo la integridad de las familias que se resisten a la intervención de las autoridades guayasenses”, dijo en un comunicado la autoridad azuaya.

“Reiteramos a la ciudadanía que haremos todos los esfuerzos posibles porque las indefiniciones limítrofes tengan un resultado que beneficie a la población, por lo que llamamos a todas y todos los azuayos, cuencanos y cuencanas, a contribuir en este propósito que es de interés provincial”, indicó el escrito.

Los habitantes de este sector pidieron a las autoridades la presencia de la Policía para garantizar el orden y evitar que se den más agresiones. “Solo tenemos dos agentes del orden. Nada pueden hacer ellos en estos problemas”, manifestó Bueno.

Los habitantes de la parroquia piden que las autoridades competentes declaren en estado de emergencia a este lugar por la violencia que se ha generado en las últimas horas.

Crisis en cantón esmeraldeño

El Municipio del cantón esmeraldeño enfrenta una crisis financiera por deudas. De los $ 480.000 que recibe al mes de asignación estatal, se pagan fideicomisos y un juicio de coactivas.

El departamento Financiero revela que se cancelaron $ 510.000 de fideicomiso al IESS; $ 322.000 por un laudo arbitral presentado por el contratista Kléber Sosa, de obras ejecutadas en administraciones anteriores, y alrededor de $ 500.000 de un juicio de coactiva de CNEL EP.

A los 300 empleados de la entidad se les paga los salarios y otros haberes con lo que queda disponible.

Ciudadanos como Mario Sánchez, quien conduce una lancha, exigen soluciones definitivas a los requerimientos del cantón. Considera que los impasses en el Ayuntamiento inciden en la llegada de turistas a la isla. En tanto la comerciante María Loor sostiene que los precios de varios productos se han elevado.