“La contrastación de fuentes les corresponde a los periodistas. La Secretaría (Comunicación) no tiene competencia para fiscalizar la calidad de la universidad”, respondió ayer el rector de la universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora, al cuestionamiento de los periodistas sobre los insumos empleados en la elaboración del “Informe sobre Derechos Humanos 2011”.          

El documento, de 22 artículos, emplea como parte de sus fuentes notas de prensa escrita y virtual, boletines e informes institucionales. Ayala defendió el trabajo realizado por el Programa Andino de Derechos Humanos, coordinado por la magíster Gina Benavides.

Sostuvo que el informe lejos de ser “aséptico”, es crítico y contribuye a la reflexión sobre la construcción de un Estado de derechos. Reconoció que por limitaciones al acceso a información pública, se realizó un trabajo conjunto entre la sociedad civil y la academia, según el cual, en el país aún se atentaría contra los derechos humanos.     

En una cadena nacional, el Gobierno instó a la universidad a que revele sus fuentes. La razón es que al hablar de criminalización de la protesta social y de la opinión se registran estadísticas basadas en boletines de prensa como es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), del 28 de octubre de 2011. 

El boletín recoge declaraciones del titular de la Conaie, Humberto Cholango, sobre la supuesta existencia de 204 casos de criminalización de la protesta social, situación que habría sido expuesta -en su momento- ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Sin el informe, ante la “falta de independencia judicial, continuó la utilización de la justicia penal como un mecanismo de criminalización de la protesta social y de la opinión”, de las 204 personas, en su mayoría indígenas, que fueron enjuiciadas por sabotaje y terrorismo. Así mismo, el documento -en la página 17- advierte de la existencia de 10 casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales y 20 procesamientos a periodistas.

Esta aseveración, fue corregida por Benavides, quien dijo que una cosa son los casos y otra el número de personas  afectadas. La catedrática manifestó que son 210 las personas afectadas, de las cuales 85 enfrentan procesos por sabotaje y terrorismo. Sin embargo, el jueves pasado, el mismo Cholango confesó que 129 son las personas a quienes se les vulneró sus derechos y que de ese grupo apenas seis son por sabotaje y terrorismo, pero ninguno     ha sido sancionado.

En relación a la dirigencia sindical, los catedráticos insistieron en que la información la dieron a conocer las organizaciones de trabajadores, la Internacional de Servicios Públicos y el Centro de Derechos Económicos y Sociales.  

En torno al testimonio del ex sindicalista petrolero, Diego Cano, Benavides dijo que esta persona como cualquier otra tiene derecho a la libre expresión. La coordinadora del Programa también aceptó que se empleó el informe de Fundamedios para hablar de la judicialización de periodistas.  

En cuanto al desalojo ocurrido el 18 de octubre de 2011 en la comunidad de Río Grande, en Chone, provincia de Manabí, el informe señala que una mujer embarazada fue presuntamente agredida por la Policía y habría perdido a su hijo. La versión, recogida por Gabriela Bernal, fue corroborada por Boris Zambrano, quien se identificó como representante de la comunidad, pero no se presentó ningún certificado médico o documento de respaldo. En este contexto, Ayala dijo estar dispuesto a asistir al enlace sabatino, para aclarar el trabajo académico.