El tribunal arbitral que maneja la contrademanda del estado ecuatoriano contra la estadounidense Burlington Resources Inc visitará el país andino para verificar la contaminación que dejó la petrolera.

Esta decisión fue anunciada en París, el pasado sábado 7 de junio, cuando terminó la audiencia. El tribunal arbitral está conformado por Gabriele Kaufman-Kholer (Presidenta), Brigitte Stern y Stephen L. Drymer.

Ecuador acusa a la compañía de contaminación ambiental y falta de mantenimiento de la infraestructura en los bloques 7 y 21 que, en consorcio con Perenco, operó hasta julio de 2009. Por eso el objetivo de los jueces será verificar in situ los hechos que han motivado las reclamaciones del Estado, informó ayer la Procuraduría.

El procurador general del Estado, Diego García Carrión, dijo que “la iniciativa del tribunal responde a la seriedad de los argumentos que ha presentado la defensa del estado ecuatoriano, lo que ha generado que tome una decisión sin precedentes en el arbitraje de inversiones”. El funcionario manifestó “la predisposición para organizar la referida visita en la fecha que determine el Tribunal”.

Aún está pendiente que el tribunal resuelva el pedido de Ecuador de reconsiderar el laudo del 14 de diciembre de 2012, para que se suspenda la etapa de daños que actualmente está transcurriendo. Dentro de dicha etapa, la defensa presentó su memorial de contestación el pasado 23 de mayo.

Estas diligencias procesales se realizan en el marco del arbitraje del CIADI iniciado por Burlington en contra del Estado ecuatoriano. La compañía norteamericana acusa al país de una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y Estados Unidos. También argumenta el rompimiento de los contratos de participación de los bloques 7 y 21 que operaba en consorcio con la compañía Perenco.

Actualmente la Asamblea Nacional tramita las denuncias de varios TBI. La Comisión de Relaciones Internacionales ya tiene listo el informe para la revocatoria de tratados similares con Bolivia y Perú.

Los TBI tienen en sus cláusulas la posibilidad de demandar al estado ecuatoriano ante tribunales arbitrales extranjeros. Las petroleras Chevron y Oxy entablaron querellas contra el país y obtuvieron, en una primera instancia, fallos favorables.

Por su parte, el Gobierno conformó una comisión auditora de TBI para establecer la validez de estos tratados, porque no reconocen tribunales nacionales.