La Chevron se mueve con cautela en Ecuador y para ello tendría a tres agentes secretos “dialogando” e intimidando a ex jueces, funcionarios y técnicos que conocen del juicio y las investigaciones por la contaminación ambiental en la Amazonía y la afectación en la salud y la economía de unos 30 mil habitantes, cometidas por la petrolera entre 1964 y 1992.

El objetivo de los agentes sería  obtener testimonios a su favor. Un ejemplo de ello sería  Alberto Guerra, ex juez ecuatoriano y presidente de la Corte Superior de Sucumbíos (en funciones de mayo a diciembre de 2003). Él supuestamente habría recibido 316 mil dólares a cambio de afirmar que la sentencia contra Chevron, que ordena  cancelar una indemnización por $ 19.000 millones para remediación ambiental, fue redactada clandestinamente fuera de la Corte, por los propios abogados de los demandantes.

De hecho, el portavoz de Chevron, Kent Robertson, durante una entrevista ante la prensa internacional, admitió la semana pasada que la compañía entregó dinero a Guerra y le prometió pagos adicionales. La compañía, además, sacó de Ecuador a Guerra y a 4 miembros de su familia. Asumió el pago de su estadía y vivienda en EE.UU “para garantizar su seguridad”. Así lo reconoció Robertson.

En los registros migratorios constan la llegada a Ecuador de los estadounidenses Andrés Rivero, Gideon Sam Anson y Yohir Akerman Posso, todos, al parecer, al servicio de  Chevron a través de la empresa estadounidense Kroll Ontrack, que ofrece servicios de investigación.

Kroll, uno de los proveedores de productos de gestión y recuperación de datos más avanzados y con más experiencia en el mercado estadounidense y mundial, desde 2012 enviaría hasta tres veces al mes a Rivero, Sam Anson y Akerman, para hacer “contactos”.

En la mira de estos agentes, de acuerdo con fuentes consultadas por este diario, estaría el también ex juez y presidente de la Corte de Sucumbíos Nicolás Zambrano, quien condenó a Chevron a pagar la millonaria indemnización.

Rivero, abogado de Chevron de origen estadounidense nacido el 21 de marzo de 1960 y quien tiene su oficina en Miami, habría efectuado llamadas intimidatorias a Zambrano bajo el pretexto de  conversar y ofrecerle beneficios.

En la  web http://www.texacotoxico.org/chevron consta que en un conjunto de grabaciones y documentos que están en poder de los demandantes y que será exhibido de manera paulatina, se señala que Rivero, a través de  una llamada telefónica realizada a Zambrano, lo intimidó diciendo: “Usted necesita hablar conmigo (…) estoy en Manta, puedo estar en su casa, sé que usted está acompañado en su casa”.  

Según Pablo Fajardo, abogado de los afectados, estas palabras de Rivero claramente dan a entender que Zambrano fue sometido a un exhaustivo seguimiento y espionaje de parte de Chevron y evidencia que  Rivero estaba cerca de su domicilio cuando hizo la llamada, puesto que, además, le aseguró “puedo estar en su casa en cinco minutos”.

Rivero hizo conocer a Zambrano que “las autoridades (de Chevron) quieren hablar con usted, a usted le conviene, yo estoy aquí, estoy dispuesto a hablar, pero es ahora porque la semana que viene cambia completamente el escenario”.

Los afectados sostienen que las conversaciones son claras y no dejan dudas sobre la corrupción de Chevron. Pero lo más extraño, según Humberto Piaguaje, coordinador de los demandantes, es que tienen grandes inconsistencias, “un día dicen que nuestros abogados hicieron la sentencia, otros que fueron algunos técnicos y aliados, ahora dicen que fue otro juez y no Zambrano”.

Mientras, de Sam Anson se sabe que fue director regional de Kroll quien renunció en 2011 y de inmediato fue contratado por Chevron  como agente secreto para que se dedique a contactar testigos. Las entradas y salidas de Ecuador de este estadounidense, nacido el 18 de junio de 1969, de estado civil casado y de instrucción superior, constan con el  pasaporte No. 42550836.

Yohir Akerman Posso, quien tiene nacionalidad colombo-estadounidense, nació el 13 de marzo de 1980 y para sus viajes utiliza el pasaporte colombiano PE-065826 o el pasaporte americano A265960800940. De profesión periodista y abogado, sería el encargado de contactarse con reporteros ecuatorianos y de la región para “cuadrar” notas y reportajes a favor de Chevron y “ensuciar” la sentencia ecuatoriana.   

Su trabajo consistiría en hacer resaltar lo que digan testigos pagados como Guerra y de otros como Diego Borja Sánchez, ecuatoriano que ha servido a Chevron como testigo. Él produjo un video para implicar a un juez del caso en supuestos actos de corrupción. Es requerido por la justicia ecuatoriana, pero está bajo la protección de la petrolera.

Los contactos de Akerman con periodistas independientes también habrían servido para que la prensa ecuatoriana, colombiana y regional, diera la espectacularidad a lo dicho por el ingeniero ecuatoriano Fernando Reyes, quien para los perjudicados firmó declaraciones falsas para afectar el juicio. Reyes laboró en el control y fiscalización de la producción petrolera en los campos operados por la ex Texaco y en las labores inadecuadas de remediación realizadas por la compañía. Se investiga su participación en el informe que permitió liberar a la petrolera de responsabilidades.

La periodista estadounidense Mary Cuddehe, quien rechazó los $ 20 mil que le ofreció Chevron para que investigase y publicase reportajes a favor de la petrolera, escribió: “Esta experiencia me permitió ver que es muy común que periodistas sean reclutados por organizaciones multinacionales para realizar este tipo de trabajos de espionaje contratados por Chevron y Kroll”. (ver subnota)