El pasado viernes se determinó que el delito por el que 13 personas están detenidas de 43 que son investigadas al haber desviado recursos del Ministerio del Ambiente a cuentas particulares, es apropiación ilegal de fondos públicos.

Esto luego de que en mayo pasado se descubriera el desvío de fondos, lo que desencadenó una investigación en la que se detectó la substracción de por lo menos siete millones 600 mil 798 dólares de esa cartera de Estado, que era desviado a través de depósitos bancarios.

Las autoridades indicaron que se encontró responsabilidad en cinco funcionarios de Ambiente que tenían varios años de carrera.

El pasado 10 de septiembre una persona, presuntamente dueña de una de las cuentas receptoras, se entregó a las autoridades para colaborar voluntariamente con las indagaciones.

Tras conocerse el atraco, el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, informó que el hecho se produjo, al parecer, tras la filtración de las claves de usuario en el sistema informático que permiten manipular los recursos asignados.

Rivera llamó a las instituciones del Estado a reforzar los controles para evitar violaciones de los mecanismos y a fortalecer la seguridad del sistema de pagos en el sector público, con herramientas informáticas.