“Revisemos el 100% de las firmas. ¿A qué le temen? ¿cuál es el delito?”, preguntó ayer Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los representantes de las 81 organizaciones políticas que asistieron al llamado de la entidad.

El objetivo era alcanzar acuerdos con los partidos y movimientos  frente al problema de firmas falsas en la inscripción electoral.

El encuentro se prolongó por más de seis horas y estuvieron representantes del Prian, Partido Social Cristiano, MPD, Ruptura, CREO, Avanza, Concertación, Pachakutik, entre otros.

Las organizaciones llegaron con un planteamiento específico que fue sintetizado por César Monge, dirigente de CREO, y Fabricio Correa, de Equipo: pedir que no se revise de nuevo a las entidades y que más bien, hasta el 17 de agosto, se inscriba a las tiendas políticas que aún no reciben su partida de nacimiento para participar en los comicios de  2013.

Monge optó por retirarse porque, a su criterio, no se llegaría a ninguna conclusión. Él había solicitado que el proceso legal lo siga la Fiscalía y que no se afecte a los movimientos y partidos.

Paredes explicó que el Consejo Consultivo solo buscó aportar con recomendaciones, antes que resoluciones. María Paula Romo, dirigente de Ruptura, pidió que se les explicara cuáles serán las consecuencias de la nueva revisión.

“Qué nos asegura que este nuevo conteo exprés será mejor que el que hicieron meses atrás”, cuestionó. Ella reprochó que ese encuentro debió organizarse 15 días antes, cuando se realizó la primera verificación de firmas.

Paredes afirmó que el proceso de verificación del 100% de las rúbricas podría arrancar el lunes próximo, por lo que  pidió a los representantes de las organizaciones que inscriban a sus peritos o auditores externos.

Tras una serie de argumentos, el Consejo Consultivo elaboró un pliego de recomendaciones, entre las cuales están: ratificar la vigencia de las organizaciones inscritas y por inscribirse mientras concluye la verificación, apoyar la verificación del total de firmas presentadas por las organizaciones y entregar ese informe a la Fiscalía, que cada organización nombre auditores y que en el proceso participen observadores y grafólogos, y que se utilice un nuevo sistema de verificación que sea avalado por el Registro Civil, la Dirección de Extranjería y el INEC.