En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, el superintendente encargado de la Economía Popular y Solidaria, Kléver Mejía, informó sobre las acciones realizadas respecto a la intervención de la Cooperativa Transportes Ecuador. Precisó que luego de realizar un análisis de los programas de regularización, se encontró 47 observaciones que fueron plasmadas como hallazgos definitivos.

El funcionario dijo que la Superintendencia dio un plazo de 180 días, conforme lo determina la Ley de Economía Popular y Solidaria, para que la cooperativa presente los documentos respectivos de descargo. En este plazo, que inició el 8 de agosto de 2014 y culminó el 4 de febrero de 2015, la institución cumplió apenas el 22% de requisitos, incumpliendo el 78%, es decir, contestó en 28 oficios apenas 21 observaciones de las 47.

Kléver Mejía indicó que la Comisión de Desarrollo Económico trasladó a la Superintendencia la preocupación de los dirigentes de la cooperativa que se fundamenta en cuatro puntos: la falta de motivación de la resolución que emite la Superintendencia; que no se respetó el debido proceso; falta de competencia; y la falta de legalidad de la denuncia de dos exsocios.

Por tanto, precisó que la Constitución y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria determina que la Superintendencia está facultada y tiene la responsabilidad de velar por el buen manejo de las instituciones, no solo financieras sino de economía popular y solidaria, razón por la cual constituyó mecanismos para supervisar las acciones en materia de regularización, de acuerdo a la realidad del sector, por lo que se desarrollaron diálogos permanentes.

Se determinó un plan de supervisión anual basada en riesgos, hacer una visita de campo con los principios de auditoría, planificación, análisis de la información, entrevistas personales, todo orientado a velar el cumplimiento de la Ley. En tal virtud se levantó una matriz de observaciones. No se alteró el debido proceso, agregó.

De su lado, Xavier Niquinga, representante de la Cooperativa Transporte Ecuador, señaló que de los hallazgos que hace mención el Superintendente, lamentablemente no se da una explicación del por qué se interviene a esta empresa y lo que llama la atención que dentro de las observaciones se establece el incumplimiento al pago de dos socios que fueron excluidos y que en su momento la anterior dirección de la cooperativas aceptó dicha exclusión.

Si bien el Superintendente detalló el proceso que se siguió a la cooperativa, conoce que está víspera la interventora de esta cooperativa, lamentablemente, realizó el pago de valores a los socios, pese a que la resolución no se encuentra en firme y está impugnada en los tribunales de justicia, aspecto que preocupa porque se entienden que la liquidación es para mitigar los riesgos, pero al entregar estos dineros ya no cuenta con el fondo necesario para garantizarlos.

Los comisionados al finalizar la reunión señalaron que estarán atentos al desarrollo del proceso de intervención a la Cooperativa Transporte Ecuador, tomando en cuenta que el cierre de esta empresa puede generar perjuicios a la ciudadanía y clientes, pues la Asamblea Nacional continuará con los procesos de fiscalización que le competen de conformidad con lo que determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (I)

Fuente: Asamblea Nacional