Un caso de supuesto homicidio ocurrido en Imbabura, en julio de este año, ha dado inicio a un debate sobre los límites de la justicia indígena.

Un poblador de la comunidad La Calera fue sancionado según las costumbres ancestrales por la asamblea de esa población de Cotacachi. Ayer, los miembros de la comunidad lo sometieron a lo que denominan un “baño dulce” en una cascada y a un ritual de purificación que consistió en pasar hojas de ortiga por su cuerpo (no golpearlo con ellas).

Además, establecieron que debe participar en el mantenimiento de una vía rural por cinco años, recoger la basura de la población, asistir a clases un año y medio, además de no perderse ninguna de las actividades religiosas de su pueblo.  

Previamente había permanecido recluido cinco meses en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, acusado de ser el autor de la muerte de José Humberto Guanga durante las celebraciones del Inti Raymi 2012. Pero los miembros del Cabildo de La Calera lograron trasladar el caso hasta la jurisdicción indígena.

Antes del procedimiento de ayer, el imputado, viudo y con ocho hijos, declaró que su estancia en la cárcel había sido una experiencia muy dura. “Había mucha gente mala, pasé momentos muy tristes durante mi encierro”. El acusado añadió que no había escapado porque estaba seguro de que, tras el estudio del caso, la asamblea comunal le daría un trato justo y que aceptaría la pena que le fuera impuesta.

La justicia ordinaria incluso envió la documentación del proceso iniciado por el presunto asesinato, a fin de que sea estudiado por la gente de La Calera.

Dos  constitucionalistas  fueron consultados ayer por El Telégrafo sobre el tema y ambos coincidieron en que  la justicia indígena tiene límites en su actuación, sobre todo cuando se trata de delitos graves. “Frente a un asesinato, como en el presente caso, la justicia ordinaria es la que tiene que actuar”, afirmó  Jacinto Velázquez.

El experto añadió: “Cuidado con las confusiones. Se entiende que la justicia indígena es para delitos de corte menor, pero no para un delito tan grave como es el caso de homicidio calificado. Es necesario que exista una ley que regule con toda precisión la justicia indígena, para que el principio constitucional no se distorsione como parece haber sucedido en este caso”, añadió el especialista.

Por su parte, Gustavo Medina, amplio conocedor en temas jurídicos, recordó que en la actual estructura constitucional del Estado ecuatoriano está reconocida la justicia indígena, con todas sus costumbres y formas de actuar y juzgar.

Pero afirmó que “un asesinato se sale de las formas comunes de juzgamiento de las comunidades. En casos como este tiene que actuar la Fiscalía y los jueces para esclarecer los hechos”, manifestó.