En el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se encuentran desde 2009 hasta la actualidad 9.064 pedidos de información oficial por parte de los asambleístas. Esas solicitudes son las que han entrado al sistema de documentación de la Asamblea. 

Andrés Segovia, secretario del Legislativo, reconoció que no tienen todavía un número definido de los pedidos de información que realizan los legisladores de manera independiente. La respuesta de esas solicitudes las  reciben los asambleístas personalmente.

Segovia informó que de las 9.064 solicitudes de información emitidas, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha insistido en 805, pese a que no existe facultad legal para hacerlo. “De 9.000 solicitudes solamente el 9%, de ellas han tenido un inconveniente. Se han revisado 91% de ellas”, dijo  Fernando Cordero presidente de la Asamblea.                   

En el caso de los pedidos de juicios políticos, el CAL ha despachado a la Comisión de Fiscalización 33 procesos. De ellos, 19 fueron archivados, 10 no se admitieron a trámite por el CAL por incumplir los requisitos de la ley, y uno llegó al pleno, que fue el del Consejo de la Judicatura, que no fue censurado. Lo contrario ocurrió con Gloria Sabando, ex superintendenta de Bancos. Por último, dos no tienen resolución en la Comisión de Fiscalización. 

La fiscalización en la Asamblea Nacional se realiza de dos formas. En la primera el asambleísta hace una petición a un ministro, quien tiene un plazo máximo de 15 días para responder. Si el funcionario cumple, el presidente de la Asamblea pone a consideración del CAL el informe, el cual puede ser enviado a una comisión mediante votación de los miembros de la entidad, quienes deciden si el pedido se archiva o se envía a una comisión legislativa.    

Y en la segunda, el legislador necesita adjuntar la petición con 32 firmas de respaldo de sus compañeros para solicitar un  juicio político a un funcionario de Estado. Los apoyos y las pruebas de cargo y de descargo son enviados al CAL, el cual los revisa y envía el pedido a la Comisión de Fiscalización. Esta mesa legislativa analiza el pedido, realiza comparecencias de los implicados y finalmente -también por votación- archiva o sugiere al pleno el proceso político.

Respuesta de Cordero

Cordero respondió en la noche del miércoles la carta del Primer Mandatario, Rafael Correa, en la que se queja de excesos en la fiscalización y ordena a sus ministros solo responder pedidos de información emitidos por el titular del Legislativo.

En su misiva, Cordero sustenta la capacidad de los asambleístas para pedir información que pueda desembocar en  procesos fiscalizadores a ministros y funcionarios.   

Cordero insiste en que es la Asamblea  la única institución con capacidad de fiscalizar. “El Presidente tiene razón, en el sentido de que hay algunos asambleístas que tienen como deporte pedir información que nadie sabe para qué sirve y tampoco se sabe qué hacen con ella. En mi carta al Primer Mandatario le hago ver que hay todo un andamiaje jurídico y constitucional que la Asamblea respeta totalmente”, dijo. 

El titular aclaró que el acto de fiscalizar es profundamente serio y complejo y no solamente queda a potestad del  Presidente de la Asamblea, sino del CAL y que no es un acto que puede hacer un legislador a título personal. “La fiscalización es un acto de toda la Asamblea”, dijo.

En la carta se puntualiza que la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite a los asambleístas solicitar de manera individual información, según los artículos 75 y 110. Además, la resolución se ampara en los artículos 120 numeral 9 y 225 de la Constitución.

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