uis Freddy Lala Pomavilla, superviviente de la masacre de Tamaulipas ocurrida en 2010, en la que murieron 72 personas, denunció hoy falta de apoyo del Estado ecuatoriano, extremo desmentido por la Fiscalía y la Secretaría Nacional del Migrante (Senami).

Desde un sitio no identificado, Lala Pomavilla denunció, vía skype, al canal de televisión Teleamazonas un supuesto incumplimiento del Estado en los ofrecimientos de atención en salud, vivienda y alimentación.

"Cuando llegué a Quito, llegaron unos doctores que prometieron y juraron que van a dar casas de dos pisos, terrenos, animales, negocios, todo, comida para tres años, que nunca van a dejar y ahora salen negando que no van a dar nada, ahora dejan botado a mi familia (sic)", dijo Lala Pomavilla.

El ecuatoriano ha señalado a miembros de Los Zetas, uno de los grupos más violentos del crimen organizado en México, como autores de la matanza de Tamaulipas, y desde entonces está en un programa de protección de testigos, junto con su familia.

Aseveró que sus padres "tienen miedo" y la familia vive "sufriendo" y por ello pidió ayuda a sus compatriotas, para lo cual abrió una cuenta bancaria para recibir colaboraciones.

Por su parte, la titular de la Senami, Lorena Escudero, alertó que haber aparecido en la televisión hoy pone "en una situación de muchísimo riesgo al muchacho".

"No podemos retroceder el tiempo, la situación de la familia, por supuesto que no es la ideal y no van a estar felices nunca porque ellos no pueden regresar a su casa, por lo menos hasta que agarren a la banda", dijo a Efe Escudero, quien aseguró que ha hecho "todo" lo posible por atender al testigo de la masacre y su familia.

Afirmó que Lala Pomavilla reveló "la punta del iceberg", no solo de un caso, sino de muchos episodios "donde está el crimen profesional implicado".

De su lado, Cristian Lombeida, jefe de protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, dijo a Efe que hasta el pasado fin de semana se mantenía bajo protección a los trece miembros de la familia de Lala, pero tras incidentes con el padre del superviviente cuando estaba embriagado, ésta se ha limitado a Lala Pomavilla, su esposa e hija.

Calculó que hasta el momento el Estado ha invertido alrededor de 70.000 dólares en la familia en temas de salud, vivienda, educación y alimentación.

Lala Pomavilla, en cambio, considera insuficiente lo que ha recibido. Señaló que a él y a su familia les han dado casas "chiquitas", de las que no tienen escrituras y que la alimentación es deficiente.

También se quejó de la atención médica, pues aún siente dolor de las heridas de bala sufridas durante la matanza y que tras un desmayo mientras trabajaba en una construcción debió dejar el empleo.

Además, Lala Pomavilla señaló que los policías que los custodian los han maltratado y que incluso uno de los agentes intentó golpearles cuando "llegó borracho".

El ecuatoriano aseguró que ha denunciado esas irregularidades a la Fiscalía, pero "no dicen nada" y que acusan a su familia "de borrachos" y de salir sin autorización.

Escudero dijo que se debe investigar las denuncias sobre el trato policial.

Lombeida desmintió el supuesto maltrato y apuntó, por su parte, que los protegidos han incumplido su obligaciones dentro del programa en el que están incluidos.

"Si a una persona se le da protección policial permanente y la gente no quiere y vulnera todas las medidas de seguridad, no sólo es poner en riesgo la vida de estas personas sino también de los agentes de Policía que están para protegerlos", comentó y señaló que si se exponen a la prensa "los niveles de riesgo van a aumentar".

Por ello, recalcó que los responsables del programa harán una nueva valoración sobre el riesgo y en función de ello y de su reglamento tomarán una decisión sobre la protección al resto de la familia.

Lombeida dijo que en todo el país hay 4.187 víctimas protegidas, pero a los Lala Pomavilla han dedicado una atención "muy fuerte" en coordinación con otras instancias del Estado.