Los dirigentes de los sindicatos laborales de varias provincias   se reunieron ayer en Cuenca, para tratar el programa de renuncias obligatorias que quiere emprender el Gobierno Nacional.   

“Vamos a reclamar nuestros derechos. No se puede violar el derecho de los trabajadores populares de nuestro país”, expresó Wilson Albarracín, coordinador de la Unidad General de Trabajadores del Ecuador (UGT), antes de iniciar con el taller en el que trataron la situación.

El evento se realizó en la mañana en el  auditorio de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de la capital azuaya.

Los puntos estudiados incluyen los decretos ministeriales 098 y 813 impulsados por el presidente  Rafael Correa,  en donde se aborda la revisión de contratos colectivos así como la jubilación de empleados de las empresas públicas.

Los participantes del seminario, que según Albarracín representa el 90% de ciudadanos pertenecientes a sindicatos laborales de varias provincias del país,  se mostraron contrarios a la medida ordenada por el Ejecutivo, la cual consideraron inconstitucional y atentatoria contra los derechos de los trabajadores públicos del país.

“No se puede permitir que en nuestro país el Presidente de la República imponga su voluntad, comprando la jubilación de gente que cumple los 70 años, cuando la jubilación debe ser voluntaria”, reclamó Edison Déleg, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales (FUOS).

La intención de las organizaciones de trabajadores  que participaron en el encuentro es establecer  un nuevo diseño del Código de Trabajo, en el cual se dé prioridad a la estabilidad de la clase trabajadora. Además se oficializó que en la tercera semana de septiembre se realicen  movilizaciones de protesta en varias provincias.

“El presidente Correa ha tenido el tiempo suficiente para rectificar su ordenanza, pero no lo ha hecho; nosotros convocamos a partir de ahora a una jornada de movilización en varias provincias del país”, sostuvo Déleg.

Finalmente manifestaron que si no reciben una respuesta afirmativa a su pedido de parte de la Corte Constitucional (CC), llegarán a instancias internacionales con un reclamo ante la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).
El dirigente sindical se refirió a la demanda por inconstitucionalidad presentada en la CC en contra del decreto que permite la compra de renuncias obligatorias.

El seminario contó con la presencia de Paúl Carrasco, prefecto  de Azuay y ahora  opositor al régimen. También estuvo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, en unas declaraciones recogidas por el sitio web oficial ElCiudadano.com, explicó que la compra de renuncias obligatorias será un mecanismo que se aplique a los “malos servidores públicos”. 

De hecho, el Secretario de Estado ha mantenido conversaciones con dirigentes laborales de los trabajadores públicos y los diálogos han registrado avances. Sin embargo, se espera la llegada del presidente Rafael Correa, quien se encuentra de vacaciones en Bélgica, para analizar ciertos puntos inconclusos.

Es más, en su último enlace sabatino, antes de partir rumbo a Bruselas, el Primer Mandatario destacó el liderazgo de los trabajadores estatales y aseguró que con ellos sí se puede conversar.

Hasta el momento, la demanda en la Corte Constitucional sigue su  curso. El organismo no tiene fecha límite para pronunciarse al respecto, pero autoridades de gobierno han explicado en reiteradas ocasiones que el mecanismo de la compra de renuncias obligatorias está amparado en la nueva Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y en la Constitución.