El jueves se cumplieron siete años de la muerte del fotógrafo chileno Julio Augusto García Romero, de 56 años,  ocurrida durante la represión policial a los manifestantes que pedían la salida del poder del entonces mandatario, Lucio Gutiérrez Borbúa, sin que hasta ahora se haya identificado a los autores, cómplices y encubridores de esos excesos que, a más de cegar una vida, dejaron 180 heridos. Esta impunidad lo confirman los archivos que reposan en la Fiscalía General.

Por esa muerte, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), liderada por Juan de Dios Parra, entabló una demanda penal en contra de las autoridades que ordenaron a la fuerza pública repeler las protestas con el “uso progresivo de la fuerza”.

El 19 de abril de 2005, el fotoperiodista chileno de “La Bocina” falleció mientras cumplía su trabajo, a causa de un paro cardiorrespiratorio producto de la asfixia provocada por el abundante gas lacrimógeno utilizado por la Policía durante las protestas en las vísperas de la caída de Gutiérrez.

En tal virtud, Juan de Dios Parra interpuso una demanda en contra del presidente Gutiérrez; del ministro de Gobierno, Óscar Ayerve; y del comandante general de la Policía, Jorge Poveda.

Debido a que las tres autoridades tenían fuero de Corte Nacional de Justicia, dada su alta jerarquía, la demanda fue puesta en la Fiscalía General del Estado para que el entonces titular, Jorge German (elegido como tal el 22 de febrero de 2007), iniciara las investigaciones.

Según lo confirmó diario El Telégrafo, por el delito de “homicidio inintencional” la Fiscalía General abrió la Indagación Previa Nº 36-2005, la cual se basó en versiones de policías, militares y demás testigos de la represión y de la muerte de Julio García, quien vivió en el país durante 30 años y era colaborador de la comunidad franciscana.

Esas investigaciones tomaron dos años, tras lo cual German decidió “desestimar” la misma  el 4 de abril de 2007. De los documentos que reposan en la Fiscalía se desprende que la desestimación se amparó en que hubo un obstáculo legal: jamás se determinó responsable. Esto, pese a que había un delito y varios testigos.

“No se ha imputado a persona alguna la responsabilidad del hecho, mas si se toma en cuenta que el mismo afectado (Julio García) se puso en situación de riesgo voluntariamente”, señala parte de la decisión del fiscal, la misma que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de aquella época y el 11 de octubre de 2007 se acogió al pedido del fiscal, por lo que ordenó el archivo de la misma.

Desde allí, los denunciantes o afectados por la muerte del cineasta y fotógrafo de profesión no han presentado ningún otro recurso, pues la decisión del fiscal general es de última instancia.

Sin embargo, fiscales consultados explicaron que si se llega a identificar a los presuntos responsables, cabe  la posibilidad de interponer otra denuncia o pedir que se reabra el caso, para que finalmente haya un proceso legal y una sanción en contra de autores, cómplices y encubridores de la muerte de Julio, quien murió mientras documantaba graficamente la “Rebelión de los forajidos”.

Ángela Ortiz, testigo del hecho, vio a García en la calle Vargas haciendo fotos durante la marcha nocturna de aquel martes 19, pero al poco tiempo lo encontró tirado en el suelo de la calle Chile, en el Centro Histórico de Quito.

En ese momento lo trasladaron de urgencia a la Cruz Roja para que recibiera los primeros auxilios, pero no reaccionó, por lo que lo condujeron al Hospital Eugenio Espejo, en donde sólo se confirmó su muerte. Como su viuda quedó la ecuatoriana “Charito” Parra y huérfanas a sus dos hijas menores de edad (Sami y Sisa).

Tras la jornada de protestas y de represión del 19 de abril, al día siguiente Lucio Gutiérrez fue destituido por el Congreso Nacional en jornada caótica.

Otra víctima de la convulsión social que tumbó a Gutiérrez fue Tomasa Morán, de 40 años, quien viajó desde Vinces hasta la capital  para defender el régimen gutierrista. Según testigos, ella murió tras ser atropellada  por un camión en las inmediaciones de un predio universitario.

Por este caso, según se confirmó, la Fiscalía General no abrió ninguna investigación porque consideró que este deceso no estuvo ligado directamente con las manifestaciones o que haya sido víctima de los excesos policiales o de alguna  agresión por parte de quienes protestaban en contra del régimen de Lucio Gutiérrez, cuyo mandato fue desde el 5 de enero de 2003 hasta el 20 de abril de 2005, cuando tuvo que abandonar el Palacio de Carondelet en un helicóptero militar.