El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, denunció que  una decisión de la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte de Justicia del Guayas afecta directamente a las arcas del Gobierno Provincial.

Según el mandatario seccional, la mencionada sala desechó  las apelaciones presentadas por la Prefectura del Guayas, la Dirección de Trabajo y la Procuraduría General del Estado, en las que se pedía    que se declare sin lugar  la acción de protección que plantearon inicialmente nueve ex empleados de la Prefectura en el marco del Mandato 8. Esta acción ya les había sido tramitada como favorable por el destituido juez quinto temporal de Trabajo, Vicente León.

Jairala indicó que como consecuencia de la sentencia de León se retuvieron más de 3 millones de dólares de la entidad para el pago a cerca de 1.000 trabajadores, que a mediados de 2010  habían presentado acciones de protección.

“La Prefectura logró recuperar parte de esos recursos, pero aún así cerca de un millón de dólares  fueron cancelados a estos ex empleados supuestamente perjudicados”, dijo el Prefecto.

Si se efectiviza la sentencia de la Segunda Sala de Lo Civil y Mercantil, la entidad guayasense tendría que desembolsar un monto cercano a los tres millones de dólares.

La defensa de la Prefectura asegura que el  fallo -firmado por dos de los tres miembros de la sala- fue notificado el 21 de marzo,  pero agregan que  dos días antes se presentó una recusación por lo cual califican a la sentencia como “ilegal”.  “Desde ese día (19 de marzo) y hora la sala no podía emitir ningún pronunciamiento en virtud de que había perdido la competencia dentro del presente juicio y por ende el fallo en mención acarrea nulidad de pleno derecho, por cuanto no tiene validez procesal y fue concebido sin facultad de la sala para poder actuar”, aclararon abogados del Gobierno Provincial.

Ante este escenario, Jairala manifestó que  “no podemos permitir que los jueces sigan desnaturalizando la Acción de Protección, recogiendo los términos de la Corte Constitucional, además de que las sentencias de primera y segunda instancias vulneraron y vulneran los derechos constitucionales”.

Agregó que el equipo de abogados de la Prefectura alista el camino legal a tomar para impedir que la sentencia del 21 de marzo se concrete. No descartó la posibilidad de que se presente una acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional.

Respaldo a reforma judicial

El Prefecto del Guayas, ante las constantes batallas legales a las que la entidad se ha visto abocada,  respalda una reestructuración del sistema judicial y denuncia que los juzgados están abusando de los amparos de protección. “Esto está sentando un precedente negativo para la seguridad jurídica del país. Recuerde el caso del alcalde Nebot con los ex trabajadores de Ecapag.

Es inexplicable cómo lo jueces resucitan casos que ya están cerrados y que perjudican a toda una población, porque cuando se congelan recursos de las entidades públicas, se atenta contra la ciudadanía”, subrayó.

Por este motivo, el funcionario aseguró que votará Sí en todas las preguntas que estén relacionadas a reformas judiciales en la próxima consulta popular.