La Comisión de Fiscalización de la Asamblea archivó ayer la solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Marcela Miranda.

Seis votos fueron suficientes para que el pedido del asambleísta de Alianza Libertad, Marco Murillo, no pase en el pleno de la comisión.

La resolución se adoptó sobre la base del informe de mayoría presentado por los legisladores César Rodríguez, Pamela Falconí y Silvia Salgado, quienes recomendaron que se deseche el recurso interpuesto por Murillo al no contar con argumentos legales que demuestren que Miranda incumplió sus funciones.

Los legisladores recomendaron a los titulares de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial que establezcan la existencia o no de responsabilidades administrativas, en razón de la falta de posesión de sus delegados a la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de los  vocales del Consejo de la Judicatura.

Solicitaron además al pleno de la Asamblea que revise las normas correspondientes para ver que se cumpla con la aplicación del principio de interculturalidad y plurinacionalidad en todos los procesos de designación de autoridades.

Asambleísta renuncia

Murillo dijo que es una vergüenza para el país que no se concrete el juicio en contra de la funcionaria.

“Si eso no se concretó, ya no tiene sentido que exista una Comisión de Fiscalización”,  expresó, al tiempo de anunciar su renuncia a este ente legislativo.

El asambleísta denunció que la actuación de la mayoría obedece a acuerdos para el proceso de selección del Fiscal y de los miembros del Consejo Nacional Electoral.

María José Luna, abogada del Consejo de Participación, añadió que la solicitud de juicio político planteado por Murillo carecía de fundamento legal.

Añadió que el Consejo cumplió con los procesos adecuados para designar a las nuevas autoridades, según los cronogramas previstos.

“El juicio estaba mal planteado porque no hay legítimo contradictor. Se acusa a la Presidenta de cosas sin fundamento legal. Se la acusa que por su culpa hay un problema de mala administración de justicia en el país. Veinte años de mala administración de justicia se le culpa a la funcionaria”, exclamó.

Agregó que Miranda pertenece a un cuerpo colegiado que es el que en conjunto toma decisiones.

“Nosotros demostramos que el Consejo ha realizado un proceso transparente”, indicó, al tiempo de expresar que la titular del Consejo bien podría iniciar acciones legales en contra del asambleísta.

Silvia Salgado desvirtuó las declaraciones de Murillo en relación a que la mayoría negoció el juicio a Miranda.  “Represento a una nueva generación de hacer política y rechazo cualquier declaración infundada. Yo actúo de acuerdo a mis principios”, sostuvo.

En tanto los asambleístas Ramiro Terán y Abdalá Bucaram Pulley se sumaron a Murillo.