Asamblea Nacional dispuso, en base a un informe de mayoría, el archivo del juicio político que había sido planteado por  los asambleístas  Francisco Ulloa, y Abdalá Bucaram, contra el ministro de Salud, David Chiriboga. La decisión fue adoptada argumentando que el funcionario encausado probó, ante el Pleno de la Comisión, que la problemática de la Salud Pública en general y el problema de las salas de Neonatología del país ocurrido hace poco tiempo, no le pueden ser imputados.

El informe de la Comisión, señaló además que el ministro Chiriboga, demostró que su gestión ha contribuido con el fortalecimiento de la salud materno infantil, lo cual se demuestra con la reducción del índice de mortalidad neonatal que en el año 2004 fue de 16%, y de 11% en 2010.

Para solicitar el archivo del expediente abierto contra Chiriboga, la Comisión tomó también en cuenta que el Ministro ordenó la conformación de comisiones técnicas, internas y externas para la investigación de la muerte de neonatos en hospitales del Estado y la adopción de medidas para remover a funcionarios y médicos de las casas de salud involucradas en este tema.

En el mencionado informe se reconoció además que la inversión en el sector Salud, para el cual se decretó el Estado de Emergencia, es de casi $125 millones de dólares destinados al mejoramiento y fortalecimiento del sistema hospitalario del Ecuador.

En resumen en el documento se concluye que Chiriboga ha desvirtuado las acusaciones en su contra y las mismas, por tanto, carecen de sustento fáctico y jurídico.

Asimismo, se resalta que es necesario que el Ministerio de Salud informe al país sobre las acciones que ha desplegado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre el tema de los neonatos.

De igual forma, se pide difundir las regulaciones de orden administrativo y sanitario que la cartera de Salud ha iniciado en las áreas de Neonatología de algunos hospitales públicos del Ecuador.

El informe también solicita a la Contraloría, una auditoría y examen especial al manejo de los recursos económicos asignados al Ministerio de Salud Pública, con ocasión de la declaratoria de Emergencia, incluyendo contratos.

El documento fue suscrito por los asambleístas, César Rodríguez, Silvia Salgado y Pamela Falconí. Al voto de ellos se sumaron Mauro Andino, Sheznarda Fernández y Odalia Briones.

En contra votaron; Abdalá Bucaram, Marco Murillo, Ramiro Terán, Betty Amores y Franklin Purcachi.

Prensa Presidencial