Si los waoranis que participaron en la masacre de taromenanes son procesados por la justicia ordinaria por el delito de acción pública como es el genocidio y etnocidio, les esperaría una sentencia de 16 a 25 años de reclusión mayor especial. En cambio, si son procesados según la ley indígena, en caso de ser hallados culpables se les estipularía un castigo o reprimenda, pero no se sabe en qué consistiría. 

Este hecho, que ocurrió en abril pasado en un área protegida del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana (Amazonía), ha dejado hasta el momento seis waoranis detenidos, aunque los implicados en total suman 15.

Expertos  insisten en que los causantes deben ser juzgados con base en la justicia ordinaria.

La presunta muerte de alrededor de 20 a 30 personas de la etnia en aislamiento voluntario de los taromenanes, cobró vigencia luego de que la semana pasada el Estado recuperara a una niña que sobrevivió a aquella masacre y que estaba retenida por los waoranis, comunidad que en cambio sí mantiene contacto con los mestizos desde los años cincuenta, por lo que sus deberes y derechos se encuentran bajo el Estado de Derecho o leyes que rigen al resto de ecuatorianos en todo el territorio.
Fiscalía halló  indicios claros y  precisos

La Fiscalía tomó a cargo las investigaciones respecto a la presunta masacre de taromenanes a manos de un grupo de waoranis, amparándose en lo que señala la justicia ordinaria y tras determinar indicios suficientes sobre la existencia de delitos de acción pública, como son el genocidio y el etnocidio.Según fuentes de la Fiscalía, se establecieron indicios claros y precisos de que los procesados son  autores o cómplices del delito. Se recopilaron las versiones, indicios fotográficos e informes periciales, por lo que  se actuará de acuerdo con el Artículo 87 del Código de Procedimiento Penal.En cuanto a los elementos graves, se  trata de un delito de acción pública. Sobre  los elementos   precisos, en este caso se refieren a dos hechos en particular: el ingreso a la selva en busca de pueblos aislados con el propósito de darles muerte y la retención y traslado forzoso de las dos menores.Como se trata de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, se tomaría en cuenta lo que señala el título sexto referente a los delitos contra las personas, capítulo innumerado de los delitos de genocidio y etnocidio, que en el artículo 440.4 numeral 1 establece que  serán sancionados con pena de reclusión mayor especial de 16 a 25 años.
El ataque no se dio dentro de las costumbres o cultura waorani para actos de venganza (con lanza), sino que se hizo con armas de fuego: escopetas calibre 16, carabina calibre 22, pistolas calibre 38. Luego de ello los atacantes hicieron uso de sus lanzas, como lo señalan versiones de los mismos implicados.

En este sentido, en entrevista con EL TELÉGRAFO en abril pasado, la experta en etnias amazónicas Kati Álvarez resaltó: “Culturalmente, la muerte de los abuelos Ompure y Buganey (atacados por taromenanes en marzo pasado) tuvo que ser honrada como waorani: elaborar la lanza, cantarle e incursionar con ella, y no con armas de fuego”.

Entonces destacó que en ciertos casos, “cuando les conviene”, los waoranis se apegan al derecho consuetudinario (costumbre), pero cuando cometen “asesinatos”, como los efectuados contra pueblos en aislamiento, dicen no conocer las leyes de los mestizos, de los occidentales.

Manifestó que al haber incursionado tanta gente con armas de fuego, “deshonraron a la cultura y a la lanza, que es su símbolo guerrero, y a lo que significa venganza dentro de las culturas cazadoras-recolectoras. Fue triste conocer eso”.

Por su parte, el misionero español capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, quien ha dedicado 29 años a la protección de pueblos vulnerables dentro y fuera del Yasuní y durante 13 años ha convivido con indígenas en la selva de Sucumbíos y Orellana, en entrevista con El Comercio dijo hace poco: “Si no conocemos siquiera a los waorani y a los que valen y a los que no, a los que tienen capacidad y a los que no... Si los waorani pueden hacer de la ley lo que a ellos les convenga, estamos creando una mala ciudadanía”.

Indicó que en 2003 prometieron que sería la última vez que atacaban taromenanes, pero en abril los waoranis hicieron lo mismo. “Han dicho ‘los de fuera no deben meterse’. Han pasado 10 años y la dirigencia no demuestra que controla a sus grupos ni que tiene dominio sobre las actividades ni capacidad de reparar ninguna de las barbaridades”, puntualizó. Por ello, consideró, debería haber algún signo de que la ley en Ecuador existe (sanción).

Cholango habla a nombre de los waoranis

Ayer, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, salió al paso en cuanto al tema de cómo y quién debería juzgar a los waoranis implicados en la muerte de taromenanes.

Empezó por decir que los detenidos no deberían estar en las mismas cárceles que los delincuentes comunes y que la niña taromenane no debería estar en la ciudad de El Coca tanto tiempo.

Señaló que los waorani ya tienen una propuesta de sanción en caso de que se los encuentre culpables. Sin embargo, ante los requerimientos de la prensa no supo responder en qué consistiría el “castigo”. Insistió en que se los deberá juzgar según la tradición waorani, pero que los pormenores de eso estaba previsto resolverlos durante la reunión que tenían previsto mantener ayer en Orellana líderes de las comunidades waoranis y familiares de los detenidos.

Al referirse a las investigaciones que desde hace ocho meses viene realizando la Fiscalía y al rescate de la niña taromenane (la semana pasada) que estaba retenida en la comunidad de Yarentaro, Cholango dijo: “Conocemos que llegaron a la zona donde supuestamente se habría cometido la matanza y esperamos que todas esas investigaciones avancen, pero que también escuchen a ancianos, dirigentes y comunidades, para que no sean juzgados como cualquier criminal o sicario, sino tomando en cuenta todos los factores y actores que desencadenaron este conflicto”.

Aseguró a la prensa que las comunidades waoranis, entre otras cosas, decidieron que mientras no sean atendidos sus requerimientos no permitirán el ingreso de ninguna persona a sus territorios, incluidos quienes realizan actividades petroleras.