Entrevista al asambleísta Mauro Andino

¿Cuál es su postura frente a  esta pregunta?

En relación con la pregunta del Consejo de Regulación considero que es apropiada porque al interior de la Asamblea se generó un conflicto por la creación de un Consejo de Comunicación en el cual iban a participar dos delegados del Ejecutivo, de un total de siete miembros. Como ese fue el caballo de batalla de los asambleístas de oposición, qué mejor que hoy sea el pueblo ecuatoriano, a través de una consulta, el que se pronuncie, y de esa manera avale lo que nosotros hemos venido impulsando en lo que respecta a la Ley de Comunicación.

Es la figura del Consejo de Comunicación la que causa la polémica. ¿Cuál va a ser  el rol de este organismo?

Va a seguir la figura de la Constitución de la República cuando habla del acceso a la libertad de información, comunicación o a los tratados y convenios internacionales. Fundamentalmente, precautelando el interés de los niños y adolescentes, evitando contenidos de carácter violento, sexista, intolerante. Es decir, estará sujeto al ordenamiento constitucional y a los tratados y convenios internacionales. No más de aquello.

¿No significa censura previa?

La libertad de información, el acceso a ella, tiene sus límites en la misma Constitución y en la Carta de San José de Costa Rica. Hay responsabilidad ulterior de aquellos que vulneren derechos de uno o más ciudadanos. Tienen que responder ante la justicia ordinaria sin perjuicio de las sanciones de carácter administrativo ante las autoridades que manejan o distribuyen las concesiones de las determinadas frecuencias. 

Esta es una ley que se estaba tramitando en la Asamblea, pero ahora sale de allí para sometérsela a consulta. ¿Por qué ocurre esto?

Nosotros no hemos sacado la ley de la Asamblea. Está en conocimiento de la Asamblea e íbamos a debatirla en diciembre pero con el anuncio del Presidente de la República de llevar a cabo una consulta  en que algunas preguntas  hablan sobre temas relacionados  con la comunicación, creímos pertinente esperar los resultados de este referendo y luego de ello sí, como tengo la confianza de que el  pueblo ecuatoriano le va a decir sí a las preguntas, la Asamblea de inmediato tendrá que retomar el trabajo y aprobar la ley.

Actualmente no hay una Ley de Comunicación. ¿Por qué el país necesita una norma de este tipo?

Existe una Ley de Radio y Televisión, pero hoy consideramos que es necesaria una Ley de Comunicación para que sea compatible con lo que se establece en nuestra propia Constitución, en donde hay que regular, por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación, impulsar su democratización. Tenemos que dejar sin efecto aquellas frecuencias que de manera arbitraria e ilegal se han concedido, de acuerdo con la auditoría que hizo la Contraloría.

O igual, que esas frecuencias se reviertan al Estado porque requerimos garantizar la información para todos los ciudadanos del país. Esto no es propiedad de los empresarios de la comunicación porque queremos evitar que la información se convierta en una mercancía  utilizada por los empresarios, que tergiversan la realidad de los hechos, manipulan la información, o hacen juicios anticipados con señalamientos a priori, lo cual desnaturaliza la comunicación.

Según su criterio, ¿quiénes deberían conformar este Consejo de Comunicación?

Actualmente, en el proyecto que hemos tramitado en la Asamblea constan dos delegados del Ejecutivo, uno del Consejos de Igualdad, uno de las escuelas o facultades de Comunicación y dos o tres de la ciudadanía. Yo aspiro a que en ese orden se mantenga la conformación de este Consejo de Regulación determinando de manera clara y precisa cuáles son sus facultades  para evitar conflictos con lo que establece la misma Constitución y los tratados internacionales.

¿Cómo se responde al argumento de que con esta pregunta el oficialismo busca controlar a los medios?

De ninguna manera. Ni la Asamblea, a través de Alianza PAIS, ni el Ejecutivo pretenden o han pretendido controlar  los medios. Lo que queremos es que exista  libertad de información para todos. Que simplemente quienes infrinjan los derechos de los ciudadanos respondan ulteriormente ante la justicia ordinaria o administrativa porque una ley manda, prohíbe o permite. No tener una ley sería simplemente dejar que cada quien actúe como le venga en gana y esto no es posible ni en este ni en ningún  país democrático.

Si gana el Sí, el debate volvería a la Asamblea, pero ¿cómo garantizar que la Ley se apruebe si antes no tuvieron los votos?

De no contarse con los votos al interior de la Asamblea, los 63 que se opongan o resistan a consignar su voto para aprobar esta ley tendrán que responder ante el pueblo ecuatoriano. Habría un evidente desacato a la voluntad del soberano, a la decisión del pueblo ecuatoriano. Hacer aquello sería prácticamente generar ahí sí un grave conflicto al interior de la Asamblea Nacional.

El acuerdo que se logró al interior de la Asamblea permite la creación de este Consejo, pero sin representación del Ejecutivo. De ganar el Sí, ¿este acuerdo seguiría en pie?    

En el acuerdo ético-político no se dice que el Ejecutivo no pueda tener representantes o delegados sino que debe existir independencia y autonomía de los diversos poderes... No se dice, sin embargo, que no pueda tener delegados o representantes. En cualquier país democrático el Ejecutivo tiene dos o tres delegados en estos consejos. ¿Por qué Ecuador tiene que ser la excepción? No hay sustento... lo que sí debemos evitar es que el Ejecutivo tenga una mayoría, por ejemplo si son siete los miembros del Consejo de Regulación, no sería procedente que el Ejecutivo tenga cinco delegados. Lo que nosotros hemos planteado, y está en ese informe para segundo debate, es que sean dos los que representen al Ejecutivo.  

Pero entonces sí seguiría en pie el acuerdo.

Ese acuerdo no está en contraposición ni con lo que establece la Constitución ni con lo  que nosotros hemos estructurado en el informe para segundo debate.